Para mañana está contemplada la discusión en particular en el Senado del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. La iniciativa, que ingresó en marzo de 2005 al Congreso, se aprobó en general y fue derivada con indicaciones a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ser discutido en particular.
Para mañana está contemplada la discusión en particular en el Senado del proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación. La iniciativa, que ingresó en marzo de 2005 al Congreso, se aprobó en general y fue derivada con indicaciones a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para ser discutido en particular.
El proyecto, que pretende entregar una amplia herramienta judicial para la protección de los ciudadanos frente a cualquier acto de discriminación arbitraria, es gestionado a nivel del Ejecutivo por la Subsecretaría General de Gobierno. La norma pretende establecer un concepto de discriminación y catalogar qué tipo de conductas no se consideran discriminatorias, así como el establecimiento de una acción para reclamar ante los Tribunales de Justicia por las discriminaciones arbitrarias.
El tema de la discriminación racial ha sido puesto en el tapete debido a la tragedia de Pensacola, Estados Unidos, donde fueron asesinados dos jóvenes chilenos. La iniciativa se discute bajo la premisa que en Chile se acepta a los extranjeros de países desarrollados, sin embargo se discrimina a los de origen latino o asiático. Más de un tercio de los inmigrantes en nuestro país se siente discriminado, especialmente por los empleados del comercio y otros servicios privados, así como por vecinos y funcionarios públicos, de acuerdo a un estudio del Ministerio del Interior.
La norma también aborda, entre otros, la discriminación social en materias como la poligamia, la poliginia o las uniones homosexuales, la manida discriminación socioeconómica, que afecta a los más pobres, y también la religiosa, pues el diagnóstico es que existe un fuerte sesgo discriminatorio respecto de grupos de personas que viven con mayor radicalidad sus propias convicciones religiosas.
La novedad en este proyecto es que por primera vez se sancionará a quienes tengan conductas discriminatorias específicas. Por ello la Corte podrá declarar la procedencia de indemnizaciones para reparar el daño moral y material ocasionado y se establece que las penas pecuniarias irán desde 5 UTM hasta 20 UTM, mientras las penas aflictivas pueden ir de reclusión menor en grado mínimo a medio.
