Casi al mismo tiempo en que el exministro reaparecía en la red social de Elon Musk, se admitía a trámite la ampliación de una querella presentada por el senador Fidel Espinoza, en la cual se pide investigar al fundador de Revolución Democrática, apelando al debilitamiento del Consejo de Auditoría Interna del Gobierno.
Poco tiempo alejado de lo público estuvo el ahora exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, luego de que renunciara el viernes pasado. El miércoles en la tarde, poco después que terminara el cambio de gabinete que el Presidente de la República aplicó como consecuencia del alejamiento de su amigo y exdiputado, utilizó su cuenta de X (ex-Twitter) para desear “éxito y fuerza a las nuevas autoridades del gabinete”, felicitando a Marcela Sandoval, Nicolás Cataldo, Carolina Arredondo y Aurora Williams, de quienes dijo que “tienen por delante desafíos muy importantes para avanzar en el bienestar de Chile”, dedicando además “un abrazo especial” a Javiera Toro, su sucesora a la cabeza del Ministerio de Desarrollo Social.
Algunas horas antes, el exsecretario de Estado y compañero de ruta del Presidente Boric retuiteó (luego de cinco días de inactividad en esa red social) el anuncio del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, relativo a que, luego de consumir 38 mil pesos mensuales, los usuarios del sistema Red que utilicen códigos QR van a tener transporte gratis ilimitado hasta el fin del mes.
Sin embargo, también fue un día de agraz para el exministro, puesto que el Juzgado de Garantía de Puerto Montt declaró admisible una ampliación de la querella presentada por el senador del Partido Socialista Fidel Espinoza, la cual pide que se persiga al exsecretario de Estado y a la actual jefa de Presupuestos, Javiera Martínez, por delitos como fraude al fisco, cohecho y tráfico de influencias. La acción judicial “apunta a que el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuando era liderado por Giorgio Jackson, debilitó el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que se encarga de fiscalizar la asignación de recursos por reparticiones estatales”, según consignó Radio Bío-Bío.
