Vino bajo alcohol: Chile abre la puerta a los 8,5° en medio de crisis de consumo mundial y local

Durante décadas, la legislación chilena estableció una frontera clara para el vino destinado al consumo directo: 11,5 grados de alcohol como mínimo. Un producto que no alcanzara esa graduación no podía comercializarse bajo la definición tradicional de vino.

Esa regla está a punto de cambiar, aunque no de la forma más obvia. El Gobierno firmó un decreto que modifica el Reglamento de la Ley N°18.455 y crea una nueva categoría denominada “vino bajo alcohol”, que podrá tener una graduación alcohólica real desde 8,5°, siempre que sea elaborado exclusivamente a partir de uva o mosto parcial o totalmente fermentado y mediante prácticas enológicas autorizadas.

La modificación, sin embargo, todavía no está vigente. El decreto fue enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón y luego deberá ser publicado. Hasta entonces, la normativa disponible mantiene los 11,5° como mínimo para el vino tradicional.

La distinción es importante: Chile no está rebajando de 11,5° a 8,5° la graduación mínima de todos los vinos. Está creando una nueva categoría que convivirá con el vino tradicional.

Detrás de esos tres grados existe una discusión bastante más amplia: qué entiende Chile por vino, cómo responde la industria a consumidores que están bebiendo menos alcohol y, especialmente, quiénes pueden beneficiarse de este cambio.

Un cambio en medio de la caída mundial del consumo

La modificación llega en un momento complejo para la industria. Según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el consumo mundial alcanzó en 2025 aproximadamente 208 millones de hectolitros, un 2,7% menos que el año anterior y su nivel más bajo desde 1957.

No se trata solamente de una mala temporada. La organización identifica factores más profundos, como retroceso del consumo en mercados maduros, cambios generacionales y nuevas preferencias entre los consumidores.

También cayó el comercio internacional. Durante 2025 se transaron alrededor de 94,8 millones de hectolitros, un 4,7% menos que en 2024, mientras su valor descendió 6,7%.

El problema, por lo tanto, no es únicamente que sobren botellas. Está cambiando la relación de los consumidores con el alcohol y con las ocasiones tradicionales en que se bebía vino.

Ahí aparecen los vinos de menor graduación, los productos parcialmente desalcoholizados y los vinos sin alcohol. Todos forman parte de una tendencia hacia la moderación, aunque no son lo mismo ni necesariamente responden a idénticos procesos productivos.

Para la industria, el desafío consiste en seguir siendo relevante para un consumidor que puede querer tomar una copa durante un almuerzo o una reunión social, pero no necesariamente un vino de 13° o 14°.

Chile produce más, pero exporta menos

La situación chilena agrega otra dificultad. El Servicio Agrícola y Ganadero informó que la producción nacional de vino a granel, excluido el destinado a pisco, alcanzó en 2026 los 949,5 millones de litros, un 13,2% más que los 838,6 millones registrados en 2025. Los vinos con denominación de origen llegaron a 790,8 millones de litros, con un incremento de 14,3%.

La producción se recupera, pero las exportaciones muestran la dirección contraria. Durante 2025 Chile exportó 692 millones de litros de vino por US$1.523 millones. Frente al año anterior, los envíos retrocedieron 10,9% en volumen y 4,3% en valor.

La tendencia continuó durante 2026: entre enero y mayo se exportaron 260 millones de litros por US$562 millones, con bajas de 12% en volumen y 8,4% en valor respecto del mismo período de 2025.

De esta forma, Chile puede producir más vino, pero los mercados no necesariamente están absorbiendo ese volumen al mismo ritmo.

Es en ese escenario donde una nueva categoría de menor graduación puede abrir alternativas comerciales.

¿Por qué se eligieron los 8,5 grados?

La cifra no es arbitraria. La OIV define el vino como una bebida obtenida exclusivamente mediante la fermentación alcohólica parcial o completa de uvas frescas o mosto de uva y establece, como regla general, una graduación alcohólica real mínima de 8,5% vol.

Incluso contempla que determinadas legislaciones puedan fijar mínimos de 7%, considerando factores como clima, suelo, variedades, calidad o tradiciones específicas de ciertos viñedos.

Chile, en cambio, ha mantenido históricamente los 11,5° para el vino destinado al consumo directo.

Eso no significa que la OIV obligue al país a disminuir su estándar. Cada legislación puede fijar sus propias condiciones. Pero sí muestra que la exigencia chilena ha sido superior a la referencia general utilizada internacionalmente.

La discusión tampoco es nueva. Entre 2018 y 2019 ya se impulsó en el Congreso una iniciativa para reducir a 8,5° el mínimo legal, argumentando, entre otras razones, la necesidad de adaptarse a nuevas zonas productivas y tendencias del mercado.

La diferencia es que ahora el Ejecutivo optó por crear una categoría separada, sin eliminar el estándar de 11,5° del vino tradicional.

La nueva categoría podrá incluir un vino que desde su elaboración alcance naturalmente una graduación inferior a 11,5°, siempre que cumpla las condiciones establecidas y llegue al menos a 8,5°.

Es decir, no necesariamente supone producir primero un vino de 11,5°  y luego quitarle alcohol. La diferencia no es solo semántica. Son procesos productivos distintos y pueden dar lugar a vinos con características también diferentes.

La oportunidad: más oferta y nuevos territorios

Para las viñas, la ventaja más inmediata es ampliar su catálogo. Si existe un consumidor interesado en reducir su ingesta de alcohol, pero que no quiere abandonar el vino, una franja entre los 8,5° y los 11,5° abre un espacio que hasta ahora enfrentaba una restricción regulatoria dentro de Chile.

También existe una dimensión territorial. No todas las variedades ni todas las zonas vitivinícolas alcanzan naturalmente los mismos niveles de azúcar y alcohol. Esto cobra especial relevancia a medida que la producción se expande hacia territorios más fríos.

Un vino elaborado en una zona fría no necesariamente debe perseguir el mismo grado de madurez que otro producido en un valle más cálido.

Por eso, una de las posibilidades que abre la modificación es que el menor alcohol no sea solamente una estrategia comercial, sino también una expresión de determinados territorios, variedades y condiciones climáticas.

La regulación podría facilitar el desarrollo de estilos que hasta ahora tenían dificultades para encajar dentro del mínimo de 11,5°.

¿Quién se beneficia con la medida?

Aquí aparece el punto económico más sensible. En términos generales, cambios en la graduación, el rendimiento y las prácticas de elaboración pueden modificar la relación entre la cantidad de uva utilizada y el volumen final producido.

Eso no significa que todo vino de 8,5° necesite automáticamente menos uva ni que la nueva categoría vaya a reducir por sí sola la demanda de materia prima. El resultado dependerá del tipo de uva, el rendimiento, el mosto, el estilo buscado y las técnicas utilizadas.

Pero la pregunta para los productores es legítima: ¿quién capturará el valor económico creado por esta nueva categoría?

Una gran viña tiene capacidad financiera y tecnológica para desarrollar nuevos productos, invertir en marcas, negociar con cadenas de distribución y entrar a mercados internacionales.

Para un pequeño viñatero, en cambio, la principal preocupación puede seguir siendo mucho más básica: recibir por su uva un precio que permita mantener el cultivo.

La inquietud tiene un precedente. En 2019, el Decreto N°9 modificó la regulación vitivinícola y autorizó, bajo condiciones específicas, el uso de agua para facilitar la fermentación de mostos con contenidos de sólidos solubles superiores a 23,5° Brix.

La modificación respondió a avances tecnológicos y a dificultades asociadas a la fermentación de uvas sobremaduras o cosechadas tardíamente.

Por eso, decir simplemente que la normativa permite “agregar agua para abaratar el vino” es una simplificación.

Pero el antecedente muestra por qué los productores observan con atención cualquier modificación tecnológica: cada cambio puede alterar la relación entre materia prima, rendimiento, volumen elaborado y precio de la uva.

Y esa dimensión debería formar parte de la discusión sobre los vinos de 8,5°.

¿Una oportunidad para pequeños productores?

La Comisión Nacional de la Vitivinicultura, coordinada por ODEPA, considera entre sus objetivos fomentar la innovación y diferenciación de la industria con un enfoque hacia la pequeña agricultura.

La nueva regulación pone ese propósito a prueba.

Un productor pequeño situado en una zona fría podría verse favorecido si logra comercializar como vino un producto que hasta ahora quedaba fuera de la categoría tradicional.

Pero las grandes empresas tienen más capacidad para transformar rápidamente el cambio regulatorio en marcas, campañas, innovación tecnológica y acceso a nuevos canales de comercialización.

Por eso, crear la categoría no garantiza que sus beneficios se distribuyan de manera equilibrada dentro de la cadena vitivinícola.

La nueva norma tampoco resuelve la crisis del vino

Hay otro límite que conviene tener presente. Los vinos de 8,5° pueden ayudar a ampliar la oferta, pero difícilmente resolverán por sí solos los problemas estructurales del sector.

La caída del consumo mundial no se explica únicamente por la graduación alcohólica. Existen razones económicas, culturales y generacionales.

En Chile, además, conviven la caída de las exportaciones, dificultades de precios, reconversión de viñedos y pérdida de superficie plantada. El catastro de 2023 registró 124.436 hectáreas de vides destinadas a vinificación, un 4% menos que el año anterior.

Al mismo tiempo, Chile continúa siendo uno de los principales exportadores mundiales de vino.

El desafío, entonces, no consiste simplemente en producir más o menos. Consiste en producir aquello por lo cual los mercados estén dispuestos a pagar y capturar mayor valor por esa producción.

En ese escenario, autorizar vinos desde 8,5° acerca la normativa a una referencia internacional, amplía la oferta, entrega mayor espacio para innovar y puede favorecer el desarrollo de ciertos territorios y estilos.

Pero también abre interrogantes. Puede beneficiar de manera desigual a grandes viñas y pequeños productores; puede modificar la relación entre rendimiento y materia prima; y puede terminar siendo utilizada más como una herramienta para aumentar volumen que como una verdadera innovación enológica..

La discusión es qué tipo de vitivinicultura quiere construir Chile: una basada principalmente en volumen o una capaz de capturar mayor valor; una industria concentrada o una que incorpore efectivamente a pequeños productores y nuevos territorios; una que simplemente siga la tendencia mundial de menor consumo de alcohol o una que aproveche ese cambio para desarrollar nuevos estilos con identidad propia.