Aleuy a lo Bachelet: dice que se enteró del caso “Huracán” por la prensa

Una tensa jornada se vivió en el tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco mientras declaraba como testigo el exsubsecretario del Interior del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, en el juicio por la denominada Operación Huracán, un montaje orquestado por Carabineros para inculpar a ocho comuneros mapuche, a través de pruebas falsas inoculadas en sus teléfonos móviles.

Aleuy fue citado a declarar por su rol como encargado de coordinar el trabajo de inteligencia en materia de seguridad pública entre los años 2014 y 2018, en el caso que involucra a 10 exfuncionarios de Carabineros, entre ellos, el entonces general de inteligencia Gonzalo Blu, el mayor en retiro Patricio Marín y el civil Álex Smith, el “creador” del supuesto software “Antorcha”, según el cual era posible intervenir los WhatsApps de los teléfonos móviles, algo que a esas alturas nadie había logrado (Smith tampoco, por cierto). Todos ellos están acusados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público, entre otros delitos.

El exsubsecretario, tras jurar responder apegado a la verdad y superar algunos inconvenientes técnicos, comenzó a responder las preguntas del fiscal Luis González, vía conexión telemática desde Santiago, explicando cómo funcionaban las reuniones de carácter policial y de inteligencia que se desarrollaban los días lunes y martes, respectivamente.

Aleuy aseguró que en el comité policial participaban el general de Carabineros a cargo de Orden y Seguridad, el intendente metropolitano, los jefes de divisiones que se relacionan con las policías y un equipo de abogados del Ministerio del Interior. “El equipo de conflictos, básicamente”, puntualizó.

Respecto de las reuniones de inteligencia de los días martes, señaló que participaban el jefe de Inteligencia de la PDI, el jefe de inteligencia de Carabineros, en esa época Gonzalo Blu, y el jefe de análisis criminal de Carabineros, Daniel Tapia Mella. Además de los asesores de ambas policías, se sumaba a la reunión semanal el entonces director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos.

El interrogatorio se desarrolló de manera fluida, hasta que las preguntas comenzaron a profundizar en el rol del exjefe de seguridad pública y sus responsabilidades políticas en el caso.

Desde ese momento, Aleuy empezó a responder con monosílabos, aspectos generales y una frase que dejó a los abogados querellantes sorprendidos, al asegurar que el Gobierno se enteró del caso Huracán por El Mercurio, emulando de algún modo la famosa frase de Michelle Bachelet en que señalaba que se había enterado “por la prensa” del estallido del caso Caval.

“Es todo lo que tengo que decir, señoría”

Al comienzo de la audiencia, el fiscal Luis González le preguntó a Aleuy si recordaba la existencia de algún procedimiento policial relacionado a la etnia mapuche en el año 2017. El exsubsecretario de Interior le respondió que no tenía “ninguna cuenta específica” y que los aspectos judiciales los llevaban formalmente la División Jurídica y la Fiscalía.

“¿Escuchó hablar de Operación Huracán?”, retrucó el fiscal, intentando ir al grano, a lo que el exencargado de la seguridad pública respondió: “No, señor”. La respuesta obligó al persecutor a extremar recursos: “¿Se trató en algún momento, en alguna de estas reuniones, de algún tipo de operación policial que fuera a vincular a un grupo de etnia mapuche, asociado a hechos en la Región de La Araucanía?”, insistió el fiscal Luis González. “No, señor”, volvió a repetir Aleuy.

Cabe recordar que para ese año, 2017, el Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena, realizado por la multigremial de La Araucanía, registró 209 casos de violencia rural ocurridos en la llamada macrozona sur. Solo el primer semestre de ese mismo año, el Gobierno presentó 18 querellas por delitos de incendio y robos en dicha región.

La audiencia siguió en el mismo tenor, situación que obligó al fiscal González a ser aún más concreto. “¿Cómo se enteró el Ejecutivo de este procedimiento policial denominado Huracán?”, preguntó nuevamente. “Por una publicación un día domingo en el diario El Mercurio”, dijo el exsubsecretario del Interior.

Al ser requerido respecto de por qué las más altas autoridades políticas no estaban al tanto de la operación, Aleuy comentó que se debía a la “Ley de Inteligencia” y que, por esto mismo, tampoco pidió información respecto a la supuesta herramienta utilizada para interceptar mensajería instantánea, conocida como programa Antorcha.

La única instrucción efectuada como subsecretario del Interior, admite Aleuy en su declaración, fue ordenar el retorno al país del entonces general director de Carabineros, Bruno Villalobos, que había partido de vacaciones a Miami, dos días después que la Fiscalía denunciara a Carabineros por implantar pruebas falsas.

Luego fue el turno de la abogada querellante Karina Riquelme, quien antes de formular sus preguntas le pidió a Aleuy que “por favor trate de recordar”, debido a que su testimonio era muy importante para determinar el destino judicial de los cinco comuneros que representaba. A continuación, la abogada le preguntó qué recordaba del viaje a Argentina que realizó después de estallar el caso Huracán.

Según reportes de prensa de la época, el viaje de Aleuy al país trasandino fue para “intercambiar información” referente a investigaciones sobre ataques incendiarios en el sur del país, según comunicó en su momento la propia ministra vocera de gobierno, Paula Narváez. “Información referida al caso conocido como Operación Huracán”, explicó a fines de septiembre de 2017, en medio de trascendidos que apuntaban a un posible tráfico de armas.

Se suponía que el viaje de Aleuy era por este último motivo y que la alerta había sido proporcionada por un supuesto chat interceptado por Álex Smith, el civil que trabajaba en la unidad policial con sede en Temuco, sobre una conversación entre Jorge Huenchullán, líder la Comunidad de Temucuicui, y el fundador de la CAM, Héctor Llaitul, donde hablaban del arribo de revólveres, pistolas y fusiles desde Argentina.

Contrario a todo lo que se sabe públicamente del caso, Aleuy declaró en el juicio que las razones para realizar la “Operación Andes”– como fue bautizada– obedecía a otros criterios desconocidos hasta ahora. El exsubsecretario del Interior aseguró que fueron a Argentina a “desmentir” la información que tenía el Gobierno vecino. “Es que no había ese tráfico de armas y no había ningún actor del pueblo mapuche que estuviera involucrado en ello”, declaró.

–¿Desde dónde usted obtiene esa información? –preguntó la abogada Riquelme.

–Si hay tráfico de armas en algún lugar real, la consecuencia obvia es el uso de esas armas. Y como eso no sucedía, era muy difícil sacar la conclusión que tenía el Gobierno argentino –explicó Aleuy, aclarando que se trataría de una impresión del ministerio y no una información proporcionada por las policías.

A continuación, el abogado de Héctor Llaitul, Rodrigo Román, preguntó al exsubsecretario si era una política de Estado de la expresidenta Bachelet informarse de los temas relevantes a través de la prensa, en clara alusión a la famosa frase de la exmandataria, pregunta que fue objetada por el abogado Javier Jara, representante del mayor en retiro de Carabineros Patricio Marín.

La tónica desde entonces consistió en una serie de interrupciones que terminaron por sacar de quicio al abogado del líder de la CAM, quien interpeló a la jueza Rocío Pinilla por no detener la dinámica que impedía desarrollar el interrogatorio de manera eficaz. “El abogado Jara me deja hacer mi trabajo, su señoría, o apago la cámara y que siga la función hasta marzo. ¿Qué me dice?”, comentó ofuscado.

La abogada Riquelme intentó poner paños fríos, solicitando que el testigo indicara si tenía problemas de audio o retorno, porque “se demora un largo rato y mira hacia arriba, hacia los lados. ¿O tendrá algún problema?, ¿se sentirá mal?, para que conteste directamente las preguntas que le están haciendo”.

La dinámica continuó hasta que Rodrigo Román le preguntó a Aleuy si estaba disfónico o afónico, intentando aclarar la razón de su conducta, situación que derivó en que el fiscal González solicitara una moción de orden, debido a que –a su juicio– las preguntas realizadas por el querellante “faltan el respeto al testigo”.

Ante ello, Román respondió que Aleuy es un “testigo renuente y hostil” y que “habiendo podido aportar a desentrañar parte de la verdad de toda esta maraña, se le permitió, por la judicatura y los abogados que lo blindaron, que no lo hiciera”. “Cuando se trata de terrorista a un mapuche, ahí nadie dice nada, pero cuando uno es vehemente en las alocuciones, vaya que nos ponemos quisquillosos”, agregó.