Los niños no están primero: explotación sexual infantil subió 89% en los últimos tres años

Un fuerte aumento de delitos sexuales asociados a niñas, niños y adolescentes (NNA) desde 2022 a 2024 fue constatado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, a partir de las denuncias ingresadas al Ministerio Público.

En efecto, entre 2022 y 2024 la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes de niños, niñas y adolescentes creció un 89% en lo relativo a delitos de obtención de servicios sexuales con menores de 18 años, en facilitación  de la prostitución infantil y en almacenamiento, producción y comercialización de material abusivo, con un total de 858 víctimas en 2024, versus 454 en 2022 y 602 en 2023, lo que confirma un fuerte crecimiento de estos delitos.

En 2024, las tasas más altas se registraron en Magallanes (165), Ñuble (74,8) y Los Ríos (47,7). Del total de víctimas, 90% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, y el 82% tiene entre 14 y 17 años.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, dijo al respecto que “la información del Observatorio nos muestra un aumento de 73% en la tasa total de víctimas entre 2022 y 2024, lo que evidencia una problemática estructural en expansión”.

En el mismo sentido, comentó que este aumento “es multifactorial”, detallando que “por un lado, tenemos la publicación de la ley 21.522, en 2022, que tipificó de manera más clara estos hechos como delitos. Asimismo, hemos visto un aumento del uso de protocolos de denuncia de estos hechos, especialmente desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que terminan en denuncias que son ingresadas al Ministerio Público”.

Más allá de eso, indica que “también vemos un aumento en la violencia general y sexual a la niñez y adolescencia que se refleja en múltiples indicadores” y que “detrás de esto hay factores profundos de violencia de género, de utilización de niñas a cambio de diferentes elementos (drogas, dinero, etc.), la persistencia de prácticas nocivas (convivencia, trata, padrinazgo), así como también un fuerte aumento en el uso de medios digitales como medio de contacto, coordinación, captación y concreción de los hechos de explotación”.

Papá y mamá

Al respecto, la fiscal Carolina Suazo, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y quien se especializa en la investigación de trata de personas y delitos vinculados con la pornografía infantil, dijo a El Mostrador que un factor que evidentemente incide en estos números es la presencia “de organizaciones criminales de origen extranjero, que se dedican a la captación, traslado, recepción y acogida de víctimas con fines de explotación sexual en nuestro país”.

En ese contexto, indica que “se ha detectado un aumento de víctimas en niñas, niños y adolescentes, especialmente de adolescentes, a las que estas organizaciones criminales incluso les proporcionan documentos de identidad que simulan una mayoría de edad que no tienen, con la finalidad de evitar ser descubiertos, porque sin duda saben que cuando se trata de menores de edad las penas son más altas o los controles son más exhaustivos”.

Además, detalla que muchas veces las menores –en su mayoría venezolanas– viajan acompañadas de adultos con los cuales les ordenan simular que tienen alguna relación filial, ordenándoles decirles “papá” o “mamá”, “o algún nombre que pudiera ser indicativo de un parentesco, también con la finalidad de no ser descubiertos”.

Muchas de estas jóvenes viajan engañadas, sin saber que su destino final no es trabajar en un local de modas o en un restaurante, sino ejercer el comercio sexual, pero muchas otras, que sí son conscientes del destino que tendrán, son igualmente engañadas, pues la fiscal señala que “siempre hay un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad” y que “a eso se suma el engaño, al menos en relación a las condiciones en las que van a estar en Chile, en relación al tiempo que van a pagar la deuda que adquieren con la organización criminal que las trajo y, en algunos casos, también respecto a las labores que van a desarrollar en nuestro país. Ahora, es importante aclarar que cuando se trata de menores de edad, basta que las víctimas menores de edad sean captadas, trasladadas, recibidas y acogidas con fines de explotación sexual y ya el delito está consumado”.

También te puede interesar:

Esclavitud moderna

Sin embargo, hay cosas incluso peores. Por los relatos de las víctimas que han logrado ser rescatadas de bandas como “Los Orientales” o El Tren de Aragua, la Fiscalía sabe que muchas de ellas son obligadas a ejercer el comercio sexual en condiciones muy cercanas a la esclavitud y que “se han repetido, lamentablemente, las situaciones incluso de tortura, de castigo”, las cuales por lo general se producen cuando los criminales detectan signos de “rebeldía” entre las jóvenes, o cuando estas no producen el dinero que se supone deberían estar dejando.

Recientemente, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota dio a conocer cifras que evidencian la magnitud del problema asociado al ingreso de menores de edad en forma clandestina a Chile, pues la fiscalía de frontera instalada en el paso Chacalluta ha visto los casos –solo en 2025– de 709 personas personas que ingresaron en forma ilegal al país, 416 de las cuales corresponden a niñas, niños y adolescentes.

El Fiscal Regional, Mario Carrera, indicó al respecto que “esta fiscalía de frontera opera en el marco de un ecosistema integrado por varias instituciones, empezando por el Ejército, que, en base a su función de resguardo fronterizo, cada vez que detecta casos de ingresos irregulares de niños, niñas y adolescentes, debe derivarlos a las policías y de ahí a nuestra unidad de frontera. Luego son nuestros profesionales especializados los que intervienen ante los NNA, con el objetivo de detectar o descartar si están siendo utilizados, sea para facilitar el ingreso de personas o sea por grupos de crimen organizado que los estén explotando”.

Por cierto, la continuidad de la fiscalía de frontera está en entredicho, debido a un recorte de fondos del Ministerio Público provenientes de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo cual hasta hoy en día nadie sabe si dicha unidad, cuyo foco principal son los niños, continuará a partir del 1 de enero de 2026, si atenderá menos horas al día o si, sencillamente, deberá dejar de operar.

Pornografía infantil

A lo anterior se suma todo lo que tiene que ver el almacenamiento, distribución y producción de pornografía infantil, un enorme negocio respecto del cual la fiscal Suazo dice que “actualmente se desarrollan varias operaciones, incluso a nivel internacional, que se vinculan con delitos ya relacionados con la pornografía infantil, varias investigaciones que son producto de denuncias efectuadas por el centro de niños desaparecidos y explotados de Estados Unidos, por las policías de otros países, y que implican que comencemos a investigar”.

En dicho sentido, aunque la mayor cantidad de producción pornográfica infantil proviene del extranjero, la persecutora advierte que “se han detectado casos de niñas, niños y adolescentes chilenos, en que efectivamente estamos en presencia de casos de producción de ese material, de producción de material pornográfico infantil”, agregando que el mercado en que opera este ilícito “es de muy difícil detección”.

El factor crimen organizado

Al respecto, el experto en crimen organizado Pablo Zeballos plantea que la cifra es “gravísima, sin matices, y ese aumento del 89% entre 2022 y 2024 constituye una señal de alarma social y estructural propia de sociedades muy complicadas”.

Según detalla, “en mi experiencia, cuando fenómenos tan severos como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes crecen de manera tan acelerada, rara vez responden a una causa única. Más bien, son el resultado de una confluencia de factores que se superponen, se retroalimentan y se agravan mutuamente. Son procesos difíciles de revertir para el Estado y, al mismo tiempo, muy fáciles de silenciar para las estructuras criminales o de corrupción que pueden estar detrás de ellos”.

En ese sentido, apunta a que lo anterior puede obedecer a “a un reacomodo del crimen organizado y a la diversificación de sus economías ilícitas, pues cuando ciertos mercados ilegales se tensan (como el tráfico de cocaína o determinadas rutas de contrabando), las organizaciones criminales buscan fuentes alternativas de ingresos con menor riesgo relativo”.

Y agrega que “la explotación sexual –especialmente aquella orientada a la producción y circulación de material digital– se ha convertido en varios países en una ‘economía de resiliencia’: altamente lucrativa, alojada en redes internacionales opacas que operan en la web profunda, difícil de rastrear y apoyada en plataformas tecnológicas que reducen costos y aumentan el anonimato. Para estructuras delictivas que ya cuentan con redes logísticas, coercitivas y de protección, es un mercado particularmente atractivo”.

Una segunda hipótesis, indica Zeballos, “se refiere a la interacción entre migración irregular, precariedad extrema y vulnerabilidad infantil. En ese punto de intersección –donde se combinan condiciones forzosas, desprotección y necesidades básicas no cubiertas– la explotación tiende a expandirse. El aumento de flujos migratorios irregulares ha generado un conjunto de niñas, niños y adolescentes prácticamente invisibles para los registros institucionales, eso lo he visto personalmente en varias zonas de América. Esa invisibilidad –sin arraigo escolar, sin redes de apoyo, sin sistemas de protección que los reconozcan formalmente– constituye el terreno más fértil para su captación coercitiva”.

Independientemente de todo lo anterior, explica que “lo que esta cifra revela con claridad es el deterioro de las fronteras protectoras de la infancia en Chile. Esto no es exclusivo del país; lo hemos observado en distintas regiones, donde instituciones que deberían constituir la primera línea de prevención y detección –escuelas, salud primaria, programas sociales– están sobrecargadas o subequipadas para identificar señales tempranas vinculadas a redes de explotación sexual. La ausencia de capacidades de inteligencia social –no policial, sino comunitaria y territorial– permite que estos casos avancen sin resistencia y se mantengan ocultos durante largos periodos” .