Al igual que La Polar la cadena de supermercados era la estrella cuando su fundador vendió su paquete de acciones en 1997. Sin embargo, el precio de la transacción informado a la SVS no fue el real: el comprador pagó un tercio menos, causando serios perjuicios a quienes invirtieron usando información falsa que hacía aparecer a la compañía con un valor mucho mayor al que tenía. Al momento de la operación -que fue ampliamente destacada en los medios- uno de sus directores era el actual titular de Hacienda.
Hace mucho tiempo Santa Isabel era una cadena con un encantador oso panda en su logo. Su dueño Eduardo Elberg, un campeón de los negocios: con mucho esfuerzo había levantado una cadena en la Quinta Región que fue creciendo hasta ser la más grande del país con 70 locales.
En 1993, justo una década antes que La Polar, colocó sus acciones en la Bolsa de Santiago. Y dos años después como varias empresas chilenas, hizo lo mismo en la Bolsa de Nueva York.
A los 47 años, el ingeniero comercial de la U. de Concepción, se tituló de millonario. En 1997 vendió el total de su participación accionaria –un 36,96%- al grupo uruguayo Vélox en US$229,7 millones.
Aquella historia, con un aparente final feliz, acaba de ser reflotada por el senador Alejandro Navarro. En su intervención ante el Senado, el 15 de junio último, por el caso La Polar entregó los antecedentes de lo ocurrido con Santa Isabel, cuyas acciones “fueron infladas”, tal como sucedió con la multitienda, causando serios perjuicios a los accionistas minoritarios y AFPs.
Puso, además, en conocimiento de sus pares que, al momento de los hechos, el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, era director de Santa Isabel.
En la memoria de Santa Isabel así como en los hechos esenciales enviados a la SVS y a la Securities & Exchange Comission, su equivalente en Estados Unidos, se informó que el precio del paquete vendido por Elberg fue de US$229,7 millones. Sin embargo, su valor real fue un tercio menos: Vélox, el comprador, descontó US$80 millones, lo que no nunca fue comunicado a las autoridades chilenas ni norteamericanas.
Si bien existieron rumores en la época, recién el 11 de marzo pasado Eduardo Elberg reveló en una entrevista en El Mercurio que recibió US$150 millones por su 36,96%, La información fue adjuntada como pieza en la presentación del senador Navarro a la SVS.
Esta situación reviste la mayor gravedad, dado que la valorización bursátil hecha a partir del precio pagado por el comprador, no era real. En lugar de US$621 millones, la compañía valía sólo US$406 millones, lo que no fue conocido por los inversionistas que decidieron apostar por lo que parecía un excelente negocio.
Desde que Santa Isabel se abrió en la bolsa, en 1993, Felipe Larraín y Jorge Guerrero pasaron a integrar el directorio. Y permanecieron hasta 2002 al ser ratificados por los nuevos dueños.
“Claramente la responsabilidad como director del ministro de Hacienda -de cuya honorabilidad no dudo- al menos tiene que ser evaluada”, sostiene Navarro en su oficio. Solicita que sea citado a declarar junto a Elberg, uno de los tres mayores accionistas del Banco Internacional, y Alfonso Peró, director hasta 1997, ejecutivo del Citibank, banco que tenía en custodia los ADR (acciones de la bolsa de Nueva York). Y quien es socio de Elberg en distintos negocios incluido el Banco Internacional.
La cadena que parecía ser la estrella del sector supermercadista, al igual que La Polar, dejó de serlo en cuanto salió Elberg de su propiedad. “Al año siguiente registró pérdidas por casi US$60 millones, el equivalente a todas las utilidades obtenidas entre 1993 y 1997. Las cifras comenzaron a sincerarse”, sostiene uno de los afectados, Juan Luis Bacigaluppí, quien trabajó 14 años con Elberg e invirtió US$800 mil confiando en los buenos números que exhibía la empresa.
Santa Isabel no sólo anotó pérdidas en 1998; también lo hizo en 1999, 2000, 2001 y 2002, causando serios perjuicios a los inversionistas.
Bacigaluppi sostiene que el ministro Larraín debe hacerse cargo de sus palabras. “El dijo que ignorancia no es eximente de responsabilidad. Esta regla de oro también corre en el caso de Santa Isabel. El directorio tenía la obligación de analizar en profundidad la transacción e informar al mercado el precio real al que se vendieron las acciones. Los que compramos papeles lo hicimos engañados pensando que Santa Isabel valía mucho más”.
El grupo Vélox era controlado por el uruguayo Juan Peirano quien, al momento de adquirir Santa Isabel, era dueño de la conocida cadena Disco en Argentina.
[cita]Bacigaluppi sostiene que el ministro Larraín debe hacerse cargo de sus palabras. “El dijo que ignorancia no es eximente de responsabilidad. Esta regla de oro también corre en el caso de Santa Isabel. El directorio tenía la obligación de analizar en profundidad la transacción e informar al mercado el precio real al que se vendieron las acciones. Los que compramos papeles lo hicimos engañados pensando que Santa Isabel valía mucho más”. [/cita]
El empresario estuvo prófugo cuatro años por el mayor fraude bancario en la historia de Uruguay. Mientras sus tres hermanos y su padre estaban presos, él obtuvo la residencia en Estados Unidos, desde donde fue extraditado en 2008 y actualmente se encuentra encarcelado en Uruguay.
Su interés por la cadena chilena no era otro que armar un paquete atractivo con Disco para vendérselo a un tercero. En enero del 98 se asoció con la entonces tercera cadena de supermercados más grande del mundo: la holandesa Royal Ahold. Al poco tiempo, Peirano le traspasó el total de sus acciones.
En 2002, cuando las acciones de Santa Isabel estaban por los suelos, Ahold tomó una decisión que terminó por sepultar el negocio: optó por cerrar Santa Isabel, para lo cual hizo una Oferta Pública de Acciones (OPA). “Pagó un 15% de lo que valían los papeles cuando Elberg vendió. En cinco años las acciones perdieron un 85% de su valor. Hasta ese momento, no sabíamos la verdad y pensamos que habíamos hecho una mala inversión. Entre los inversionistas minoritarios estaban las AFP Bansander y Magíster”, explica Bacigaluppi.
El último capítulo se escribió en 2002 cuando la holandesa Ahold protagonizó un escándalo que llegó a la corte federal de Maryland en Estados Unidos. “Se descubrió que Food Service, la filial estadounidense de Ahold, había registrado en sus libros los descuentos de los proveedores y bonificaciones como ganancias, aunque en realidad el dinero no se encontraba ahí”, expone Navarro.
La firma llegó a un avenimiento y destinó US$1.100 millones a compensar los perjuicios ocasionados a los demandantes por la pérdida de valor de las acciones, debido a que había falseado sus ingresos y ganancias. “En este acuerdo se incluyó a los accionistas de Supermercados Santa Isabel, pero los accionistas minoritarios nunca supieron”, afirma Navarro a la SVS.
En mayo de 2009 terminó el plazo para ejercer el derecho a indemnización, sin que los inversionistas de la cadena chilena se hicieran parte por su desconocimiento. “Incluso fue consultada la corredora de bolsa Larraín Vial (a través de la cual compró acciones Bacigaluppi) que informó que nunca tuvo conocimiento de esta situación, por lo que no se pudo presentar oportunamente, ni tampoco después ningún reclamo”.
Según explica Bacigaluppi, quien es parte de la denuncia del parlamentario y mantiene un litigio con Elberg por incumpliendo societario, Ahold aprobó en la junta de accionistas de 1998 el balance correspondiente a 1997 que contenía información falsa.
Navarro pide a la SVS que investigue si los hechos estaban en conocimiento de directores, controladores, gerentes y señale si hubo un ilícito al no haber informado el precio de la transacción entre Elberg y el grupo Vélox. Solicita analizar, además, la documentación financiera de Santa Isabel entre 1997 y 2009.
Expone que envió todos los antecedentes a cada uno de los organismos reguladores –SVS, superintendencias de Bancos, AFP, Bolsa de Comercio, ministro de Hacienda- sin obtener respuesta. “Ha existido un silencio y un ocultamiento de la verdad de esta transacción bursátil con alcance internacional. Todo ello al amparo de autoridades que, eventualmente, tuvieron intervención directa en los hechos, o bien los conocieron, guardando un silencio inaceptable desde el punto de vista de la probidad funcionaria”.
Un congresista peruano solicitó información al ministro Larraín respecto al daño que produjo el fraude a los accionistas a raíz de la integración de las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá, debido a que se van invertir fondos previsionales peruanos.
En 2003 los locales de Santa Isabel fueron adquiridos por Cencosud.
