Durante las últimas semanas hemos visto surgir un debate asociado al programa de Becas Chile para estudios de postgrado en el extranjero. En éste se critica que el programa está orientado a beneficiar a un sector privilegiado y que no contribuye a la equidad social. Al mismo tiempo, la mayoría desde un posicionamiento muy marcado, proponen soluciones orientadas a introducir más mercado, reduciendo la formación de profesionales e investigadores a un bien de consumo transable por pagarés en blanco y una suerte de créditos que tendrían que devolverse parcial o totalmente al retorno.
Las críticas olvidan el valor social de Becas Chile, y lo reducen a un financiamiento privado que únicamente otorga beneficios individuales. Concebir el programa de esta manera tiene dos problemas fundamentales.
Por un lado, asume la cuestionable idea de que los beneficios individuales de estudiar en el extranjero serían siempre mayores que sus costos. Ante esto, es necesario considerar la cantidad excesiva de costos que puede tener estudiar fuera del país, especialmente en los programas de doctorado que en promedio duran cinco años (o cuatro más un magister exigido como base, como es el caso europeo), periodo en el cual el becario debe residir con Visa de estudiante, que en muchos países no permite tener una actividad remunerada, o la restringe a pocas horas semanales. Becas Chile calcula dicho coste, dependiendo del país, en unos 25.000 dólares al año en promedio, valor que parece alto para Chile, pero en algunos países sitúa al becario dentro de los deciles más bajos de ingreso, especialmente a quienes tienen familias.
[cita tipo=»destaque»]Dado esto, Becas Chile no tiene ningún sentido si no intenta agregar valor al desarrollo del país en su conjunto, y es por lo mismo que excluye desde el principio programas de MBA y otros postgrados orientados a la gestión de empresas privadas, que tienen un beneficio mucho más claro para el becario, y mucho más difuso para el desarrollo colectivo.[/cita]
Al costo directo se suma también un costo indirecto, como la desvinculación con las redes e instituciones chilenas por un largo periodo de tiempo, o una laguna de cotizaciones de varios años que afectará posteriormente en la propia jubilación. Con todo, no es claro que esta elevada inversión sea compensada posteriormente a nivel individual. Una reciente encuesta de ANIP muestra que un 12% de los retornados hoy está desempleado, cifra bastante mayor al porcentaje nacional, y de aquellos que sí han logrado insertarse laboralmente el 50% lo hace bajo condiciones contractuales precarias.
A esto se suma que cerca de 11.000 profesionales, académicos e investigadores están desempleados, según datos del INE del 2016, lo que sugiere una proyección laboral aún menos prometedora.
Por otro lado, concebir las Becas Chile únicamente como un beneficio individual desconoce el objetivo del programa como una inversión país. En el sitio web del programa rescatan que su finalidad es “insertar a nuestro país en la sociedad del conocimiento y dar un impulso definitivo al desarrollo económico, social y cultural de Chile”.
Dado esto, Becas Chile no tiene ningún sentido si no intenta agregar valor al desarrollo del país en su conjunto, y es por lo mismo que excluye desde el principio programas de MBA y otros postgrados orientados a la gestión de empresas privadas, que tienen un beneficio mucho más claro para el becario, y mucho más difuso para el desarrollo colectivo. El programa no es un subsidio individual, ni un premio a la trayectoria, sino una apuesta que hace el Estado por formar expertos que luego contribuyan en áreas estratégicas de desarrollo.
Privatizar Becas Chile significaría que el país se desvincule del desafío del desarrollo, y lo transfiera a voluntades individuales que además se verían notoriamente disminuidas, considerando que es una inversión que posiblemente no recibirá las utilidades esperadas. La concepción de Beca Chile como bien público abre nuevas aristas sobre cómo abordar el resto de las críticas. Por ejemplo, en vez de preguntarse cómo hacer la asignación de becas más equitativa por nivel socioeconómico (lo que parece poco pertinente y muy ineficiente considerando que las desigualdades en Chile se originan desde la cuna y se debieran atacar en edades más tempranas), tendríamos que preguntarnos de qué manera los becarios pueden y deben contribuir, desde el saber experto, en la generación de tecnologías y estrategias diversas para la disminución de la desigualdad. Así mismo, cabe cuestionar la crítica de que un porcentaje de becarios asiste a universidades que no están entre las mejores del mundo, preguntándonos si estos rankings miden efectivamente una calidad de formación pertinente para los desafíos de desarrollo de Chile, o si sus criterios propician la formación de capital humano en escuelas heterogéneas que aporten al país miradas diversas para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos actuales.
El problema de esto es que incluso la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) pareciera no tener muy claro cómo concebir las becas, y se nota en varios aspectos del sistema. Quizás el más evidente es la selección de becarios, que incluye en el mismo saco a profesionales de las más diversas áreas y las ordena bajo un puntaje estandarizado, sin una estrategia clara de focalización de recursos en ejes clave para el desarrollo. Otro aspecto visible es la actual política de retribución, que únicamente y de forma rígida exige retornar al país, sin complementarse con una estrategia de inserción que asegure una contribución efectiva al desarrollo de Chile.
El mensaje que envía esta política es que el beneficio es individual, y que no es necesario que el trabajo posterior con las herramientas aprendidas signifique necesariamente un aporte para el país. Una selección y focalización de recursos más estratégica y una flexibilización de opciones de retribución (que incluya, entre otras cosas, la generación de conocimiento pertinente para Chile, la publicación en revistas chilenas o la creación de vínculos interuniversitarios o con instituciones internacionales) podrían enviar un mensaje distinto, en el que se entienda claramente que el objetivo de CONICYT es potenciar el desarrollo científico y tecnológico del país.
