Marcela Dworzak es esposa del ex comandante de la Marina Antonio Ibárcena, quien está involucrado en una red de corrupción de compra de material bélico con cuentas en paraísos fiscales, donde no sólo estaba involucrado Vladimiro Montesinos, sino también otros militares y empresarios peruanos e incluso el conocido traficante de armamento, el israelí Moshe Rothschild. La petición de la fiscalía vecina ingresó la semana pasada a la Corte Suprema.
Desde que Alberto Fujimori dejó el poder huyendo a Japón y su principal adlater, el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos fue encontrado en Venezuela en 2001, la Fiscalía peruana ha usado todos los recursos investigativos a su alcance para desentramar la red de lavado de dinero que ambos construyeron en distintos países del mundo.
El Ministerio Público vecino ha buscado y probado que bajo la figura de las triangulaciones a través de Panamá, Europa, África, Estados Unidos y los paraísos fiscales se movieron unos US$ 600 millones, producto de tráfico de armas, coimas que fueron lavadas en al menos unas 70 cuentas distintas.
Por esta razón la fiscalía busca en Chile a una de las operadoras de esta “red mafiosa fujimontesinista”, como la llaman los medios peruanos.
El organismo perseguidor penal envió una solicitud de extradición para que la justicia chilena detenga y envíe a Perú a Marcela Dworzak, para que responda en una investigación abierta por el delito de blanqueo de capitales luego que le encontraran US$ 2 millones en una cuenta en Panamá.
La mujer es la esposa del ex comandante de la Marina peruana, Antonio Ibárcena, involucrado en una red de corrupción de compra de armamentos con cuentas en paraísos fiscales, donde no sólo estaba involucrado Montesinos, sino también otros militares y empresarios peruanos e incluso el conocido traficante de armas israelí Moshe Rothschild.
Esta no es la primera vez que la fiscalía peruana solicita la extradición de uno de sus ciudadanos avecindados en Chile con vínculos con el lavado de activos de la era Fujimori. El año pasado la Segunda Sala (Penal) de la Suprema, rechazó enviar a su país de origen a Marco Antonio Ibárcena Dworzak, hijo del ex militar y la requerida, por los mismos ilícitos.
[cita]Fuentes allegadas al caso indicaron que hasta ahora no se descarta que esos mismos dineros hayan sido invertidos en Chile, por lo que el Ministerio Público bien podría iniciar una indagatoria.[/cita]
De esta manera el máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el entonces ministro Milton Juica (hoy presidente de la entidad), quien argumentó que no se dieron los presupuestos de incriminación, es decir, Ibárcena Dworzak no podía ser el encubridor de sus padres por el vínculo consanguíneo.
Ibárcena Dworzak, actualmente vive en un acomodado sector de la comuna de Vitacura -donde también viviría su madre-, previa residencia en Estados Unidos.
En la investigación en Perú se le encontró más de US$ 1 millón en el Banco Internacional Prudencial Bache Limitado de Luxemburgo, a nombre de la empresa Southland Securities Inc, donde aparecía como el beneficiario. Junto a la anterior, también se le descubrió otra que mantenía junto a su madre por casi US$ 2 millones a nombre de la Fundación Estelamar en Panamá.
El empresario siempre ha sostenido su inocencia. De hecho, mantiene una página web donde explica la falta de debido proceso de que ha sido objeto en su país de origen.
En síntesis, asegura que la Fiscalía olvidó tomar en cuenta que su familia poseía activos heredados y que ninguno de esos dineros proviene de actividades ilícitas, porque su mujer tenía mucha suerte en los juegos de casino, según publicó el diario La República.
El pedido de extradición que ingresó la semana pasada a la Corte Suprema debe ser derivado a un ministro de la instancia, quien deberá ver si ordena la detención de Marcela Dworzak o bien la mantiene en libertad e inicia la investigación para determinar si las imputaciones permiten acreditar los delitos por los cuales es requerida.
Fuentes allegadas al caso indicaron que hasta ahora no se descarta que esos mismos dineros hayan sido invertidos en Chile, por lo que el Ministerio Público bien podría iniciar una indagatoria.
Fujimori fue extraditado en 2007 desde nuestro país, luego de un largo proceso por delitos de corrupción y lesa humanidad.
