La gira que el Presidente inicia hoy en Estados Unidos lo llevará, por primera vez, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La Moneda tiene muy claro que la huelga de hambre de los comuneros podría constituir un punto negro y por eso se diseñó una estrategia que aplacara los efectos internacionales del conflicto indígena.
Para el Presidente Piñera no ha sido fácil enfrentar la huelga de hambre con la que los comuneros mapuche buscan presionar al Ejecutivo para no ser procesados por la polémica Ley Antiterrorista. Más aún cuando, el próximo 23 de septiembre, el mandatario hará su debut ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Pero pese a la difícil situación, en La Moneda encontraron en la Mesa de Diálogo la fórmula para blindar al jefe de Estado a fin que salga airoso de este desafío.
En Palacio admiten que se quiera o no, “el tema mapuche va a cruzar el Bicentenario”. En esta línea, una fuente del oficialismo reconoce que la Mesa de Diálogo, “obviamente viste al Presidente para ir a hablar a la ONU. El viaje a Estados Unidos lo complicaba por los derechos humanos y este mecanismo le va a permitir una buena presentación”. También plantea que fue la mejor salida para no perjudicar los festejos del Bicentenario, en una mirada cortoplacista, pero que tenía gran significancia para el gobierno. Más allá de que para algunos fue “una estupidez no haberlo hecho antes y llevar la tensión al extremo”.
Y dado que en La Moneda tenían claro que el conflicto generado por los huelguistas cruzaría los festejos organizados con motivo de los 200 años de la independencia, se fueron tomando las medidas necesarias para que causara el menor efecto posible.
Como primera medida, se avanzó en la presentación de los proyectos que modifican la Ley Antiterrorista y el que reduce la jurisdicción de la Justicia Militar. Ambos, sostienen desde el gobierno, son parte del programa de gobierno de Piñera, por lo que no se habría hecho más que cumplir con un compromiso adquirido con anterioridad. En una segunda etapa, y después de dos meses de huelga, La Moneda llamó a la Iglesia Católica a actuar como mediadora ante los mapuche que se resisten a levantar su movimiento. Y, finalmente, se anunció la creación de la Mesa de Dialogo, que apunta a encontrar una solución más amplia que la huelga misma. Esto con un doble objetivo: distensionar la situación durante las celebraciones y que el mandatario contara con todos los argumentos que le permitieran explicar a sus pares, ante la ONU, cómo se ha enfrentado el conflicto. El argumento es que su administración no ha pasado a llevar los derechos humanos del pueblo mapuche y que, por el contrario, ha hecho y hará todo lo que esté a su alcance para evitar la muerte de algún comunero.
[cita] En Palacio hay quienes tienen la convicción de que el propósito de los grupos mapuche más radicales es “que se muera uno de los huelguistas. Quieren un mártir”. Lo que, “lógicamente, sería un escenario complicado”, porque sin duda le daría aún más visibilidad internacional al conflicto. [/cita]
Ello, sobre todo porque en Palacio hay quienes tienen la convicción de que el propósito de los grupos mapuche más radicales es “que se muera uno de los huelguistas. Quieren un mártir”. Lo que, “lógicamente, sería un escenario complicado”, porque sin duda le daría aún más visibilidad internacional al conflicto. De allí que el gobierno esté concentrado, justamente, en “evitar a toda costa que se muera alguno de los comuneros en huelga”. Por lo mismo, en La Moneda están “relativamente tranquilos” en cuanto a que la autoridad ha actuado dentro de los márgenes legales. Y “como ha tomado todas las medidas para evitar una muerte, es más fácil explicarle a otros gobiernos lo que está pasando”.
La primera medida por la que optó la administración Piñera, fue la de avanzar por la vía legislativa. La idea era lograr que los comuneros levantaran la huelga ante las señales del gobierno de modificar las leyes que les impedían un proceso justo. Sin embargo, lejos de concretar esta aspiración, tanto los comuneros como gran parte de la Concertación estiman que con las modificaciones propuestas por la autoridad no se resuelve el problema contingente. Por otro lado, la Mesa de Diálogo tiene la limitación de que no incluye a los sectores más radicales, lo que tampoco constituiría un avance significativo.
El resultado del debate legislativo tendría su origen, según explican algunas fuentes oficialistas, en que el ministro Hinzpeter se habría visto en la obligación de buscar “un punto intermedio entre dos extremos: la UDI y los mapuche”. Porque los primeros “no estaban dispuestos a cambiar ni una coma de la Ley Antiterrorista y los mapuche esperaban un cambio demasiado radical para deponer la huelga”.
La postura del gremialismo, la más dura, estaría representada en el gobierno por el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. El titular de la Segpres, según fuentes cercanas, no estaba dispuesto a ceder ante los comuneros, pues ello significaba abandonar uno de los principales postulados de la derecha: no transar en materia de seguridad bajo ningún precepto. Mientras que, según explican fuentes del entorno de Hinzpeter, al titular de Interior le interesaba dar una señal de que a la actual administración le preocupa encontrar una salida a la huelga y evitar un desenlace fatal.
En este escenario, dice una fuente cercana al ministro Hinzpeter, el secretario de Estado está conciente que “con lo que se ha hecho no deja contento a nadie”, pero que dadas las posiciones tan extremas es difícil otra definición. De hecho, un parlamentario oficialista plantea que el voto del senador Hosain Sabag (DC), quien apoyó el proyecto del gobierno en la Cámara Alta, “representa el punto medio que Hinzpeter logró imponer”.
La explicación de La Moneda es mucho más simple. En Palacio estiman que las modificaciones del gobierno a la Ley Antiterrorista son las adecuadas, porque de haber aceptado sentarse a una mesa de negociación con los representantes de los comuneros en huelga de hambre habría significado que cualquier grupo de presión hubiera optado por una medida drástica para presionar al gobierno, en busca de solución a sus conflictos. Tal como están las cosas ahora, dicen, el Presidente está en una buena posición para debutar en la ONU.
