El proyecto que la empresa portuaria de Valparaíso concesionó por 30 años a la sociedad cuyo accionista mayoritario es Falabella, enfrenta una fuerte oposición de diversos actores. El contrato al que tuvo acceso El Mostrador es una joya para los intereses de la empresa, que a diferencia de lo que decían las bases de licitación originales obtendrá un millonario monto por parte del Estado para el mantenimiento de espacios públicos. Una apuesta que en opinión de expertos vulnera los intereses de desarrollo del puerto.
El 10 de noviembre de 2006 la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) firmó el contrato que selló el destino del sector barón del Puerto de Valparaíso. En 195 páginas, más los anexos, el fisco de Chile entregó la concesión para un proyecto que contempla la habilitación de paseos, servicios, un centro comercial y también abre la posibilidad de construcción de viviendas a Mall Plaza, cuyos principales socios controladores, con casi 80%, son Falabella y el empresario Thomas Fürst.
La iniciativa, que ya se discutía en los 90’, ha sacado ronchas en diversos sectores, como el de los trabajadores portuarios, que aseguran que el megaproyecto provocará cesantía para ellos, por lo que han liderado diversas movilizaciones. El polémico mall tampoco es visto con buenos ojos por el Comandante en Jefe de la Armada, Edmundo González, que hace unas semanas aseguró que su construcción es “asesinar” el puerto, ya que explicó que la profundidad del lugar lo hace una promesa latente de crecimiento futuro del terminal portuario. Y según él, el proyecto cerraría esta opción.
El consejero regional, Manuel Millones, quien solicitó a la Contraloría investigar la legalidad de la aprobación el pasado 29 de agosto del estudio de Impacto Vial del proyecto, señala que “hay una tremenda presión hacia las autoridades por parte de Mall Plaza para concretar el proyecto, que hoy espera el visto bueno de la Dirección de Obras Municipales, luego de lo cual ya podrían iniciar las obras”.
En tanto, las voces que apoyan la inversión lo ven como una gran oportunidad para la región, entre ellos varias autoridades, como el alcalde Jorge Castro.
Más allá de las luces y sombras en torno al Mall Plaza Barón, respaldado públicamente hace unos días por el ministro de Economía, Pablo Longueira, lo cierto es que al revisar el contrato se abren serias dudas de quién será el real beneficiado.
Según el contrato entre EPV y Mall Plaza – cuyo accionista controlador es Desarrollos Inmobiliarios S.A., filial de S.A.C.I Falabella, con 59,28% de la propiedad, e Inversiones Avenida Borgoño, brazo financiero del empresario Thomas Fürst con un 20% – el monto que la empresa pagará al fisco por el derecho a explotar la concesión será de un millón y medio de dólares, más IVA, lo que se pagará en tres cuotas. La primera cuota asciende a 100 mil dólares.
[cita]Para la experta en licitaciones esta situación “es grave y no es normal, ya que cuando se abre una licitación se incluyen en las bases todas las condiciones respecto de las cuales el oferente hace un análisis técnico y económico. Así calculan y toman la decisión de negocios. Eso es la igualdad de los proponentes y la estricta sujeción a las bases.[/cita]
El monto es bastante menor a los recursos que el Fisco se comprometió a pagar a Mall Plaza por la provisión del servicio de desarrollo y mantenimiento de espacios de uso público por la suma de 490 mil UF. Es decir más de 21 millones de dólares, a cancelar en cuatro cuotas.
Cuando se abrió la licitación y se presentaron las bases, Mall Plaza, el único oferente, realizó diversas consultas a EPV, entre ellas quién asumiría la mantención de los espacios públicos del área de concesión, frente a lo cual EPV respondió que el contratante. Respuesta que se contradice con lo que se acordó en el contrato.
Al respecto, la abogada de la Asociación Gremial de Profesionales Asesores de Usuarios y Consumidores (Prodec), Ximena Orrego, señala que en la práctica “ese subsidio le fue entregado e informado sólo al oferente que prometió participar –Mall Plaza-y no a los demás que pudieran haber concursado en función de este subsidio que no está contemplado en las bases de licitación”.
Para la experta en licitaciones esta situación “es grave y no es normal, ya que cuando se abre una licitación se incluyen en las bases todas las condiciones respecto de las cuales el oferente hace un análisis técnico y económico. Así calculan y toman la decisión de negocios. Eso es la igualdad de los proponentes y la estricta sujeción a las bases. Son principios que se informan en cualquier licitación pública”. Por ello, Orrego señala que en este caso este principio “no se cumplió porque la licitación se ve alterada por la introducción de 490 mil U.F. que sólo le fueron ofrecidos al único oferente que perseveró cuando ya estaba calificado como proponente”.
Por otra parte el acuerdo entre EPV y Mall Plaza contempla la opción de construir viviendas para particulares, lo que echa por tierra el argumento dado por la empresa portuaria y las autoridades frente a las críticas que señalan que esto cierra las puertas a una futura ampliación del puerto, y que EPV sustenta en que es un proyecto a 30 años, luego de lo cual sería posible derribar el mall.
Según Orrego, claramente “a los 30 años no puedes botar las casas. En virtud de esto desafectas bienes de la rada del puerto, ya que esto lo transforma en un proyecto definitivo”.
Consultados al respecto, desde Mall Plaza declinaron referirse al tema. Y desde EPV señalaron que emitirán una declaración el viernes explicando los detalles del contrato.
Otra de las críticas que ha recibido la iniciativa, es que el contrato no exige obras de mitigación vial por los impactos que provocaría en la ciudad de Valparaíso, especialmente en la Avenida Errázuriz, Brasil y Argentina, la instalación del proyecto. Esto tampoco se incluye en el Estudio de Impacto Vial, aprobado recientemente. Por el contrario, en la última evaluación ningún servicio hizo reparos.
En vista de esto, en opinión de la abogada “este es un contrato que lo que hace es beneficiar a Mall Plaza, vulnerando los intereses fiscales de la Armada y de desarrollo del Puerto”.
En tanto, uno de los dirigentes de la Coordinadora del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, Jaime Muñoz, señala que “queremos transparencia en este proceso y con el contrato, porque es plata de todos los chilenos”.
Para impulsar esto y frenar el proyecto, han conversado con diversas autoridades, incluidas el alcalde y el intendente, Raúl Celis. Pero no han llegado a acuerdo, por lo que “daremos un último espacio al ministro Longueira, con quien agendamos una reunión la próxima semana para ver el tema. Si no se hace algo tenemos presupuestadas movilizaciones”.
Movilizaciones que se sumarían a las protagonizadas los últimos días por otra fracción de portuarios, que hasta el momento tampoco han llegado a puerto.
