Crece consenso sobre necesidad de modificarlas
Fueron creadas siguiendo modelos europeos, pero más estrictas, y —en la práctica— constituyen un verdadero complemento al sistema electoral binominal. Ello, porque tratándose de normas particularmente importantes para el régimen de Augusto Pinochet, tras el retorno a la democracia obligan a generar grandes acuerdos para promulgarlas, modificarlas o derogarlas. Por esto, existe coincidencia en la oposición y entre múltiples constitucionalistas que, a estas alturas, sólo impiden profundizar la democracia y ya no son necesarias.
En el debate político de estas últimas semanas pasó prácticamente inadvertida la propuesta del abanderado de RN, Andrés Allamand, de revisar el sistema de leyes orgánicas constitucionales. Él mismo le ha dado poco impulso a la iniciativa, que mencionó tímida y rápidamente en el curso del último debate que lo enfrentó a su adversario de la UDI. Resulta extraño, dado el carácter de “liberal” de derecha que siempre ha ostentado. Pero más allá de cualquier análisis, con su enunciado se suma a un debate que ha ido tomado cuerpo en la oposición, donde se ha llegado al consenso de que eliminar los quórum supramayoritarios es tan importante y necesario como modificar el sistema electoral. Y que estas reformas deben ir aparejadas, a fin de profundizar la democracia. Una mirada que se contrapone abiertamente a la del gremialismo y al sector más conservador de Renovación, que históricamente ha llegado tarde a las proposiciones de su actual candidato a La Moneda.
En el documento que llamó “bases para un tercer acuerdo nacional” y que contiene un paquete de reformas constitucionales que pretende impulsar en el supuesto caso de llegar al gobierno, Allamand plantea “revisar el actual sistema de leyes orgánicas constitucionales (LOC).Hoy, nuestra Constitución establece que la regulación de ciertas materias, típicamente de órganos constitucionales, son complementadas mediante Leyes Orgánicas Constitucionales que para su aprobación, modificación o derogación requieren de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Las leyes de tal carácter, como asimismo las de quórum calificado, son perfectamente razonables en un ordenamiento constitucional —como, por lo demás, lo corrobora la existencia de estas leyes en diversos países—, ya que cumplen un rol importante al exigir consensos altos para su reforma, atendida la importancia de las materias que abordan. Sin embargo, parece necesario revisar hoy cuales deben ser esas leyes y dentro de las mismas, determinar en forma precisa cuales de sus normas deben tener esa categoría”.
[cita]Quienes en Renovación estiman que es necesario avanzar hacia la eliminación de las leyes orgánicas, tienen la convicción de que de las 21 que existen actualmente, entre las que se encuentran como ya dijimos la de Enseñanza, pero también otras tales como la de Fuerzas Armadas, Municipalidades, Partidos Políticos, Tribunal Calificador de Elecciones, Votaciones Populares y Escrutinios, Banco Central o Concesiones Mineras, entre otras, se podrían llegar a mantener sólo cuatro o cinco de vital importancia.[/cita]
Si bien esta postura es bienvenida, desde la oposición advierten que RN siempre ha mostrado interés por modificar el sistema electoral —otro enclave autoritario con el que ha debido convivir la democracia chilena—, incluso ha comprometido sus votos para ello; no obstante, aún no se ha logrado concretar en los hechos “esa supuesta inclinación a cambiar el binominal”. Lo que coincide con la visión de quienes, en la tienda de Antonio Varas, tienen la convicción de que es imprescindible terminar con las leyes orgánicas constitucionales. Una fuente de la colectividad sostiene que estas últimas y el Tribunal Constitucional constituyen “dos cerrojos más grandes aún que el binominal”. Y, si bien, “hay una tendencia a revisar las leyes de quórum supramayoritario (al interior de RN), porque afectan a cualquier gobierno que quiera hacer cambios significativos, la idea es muy resistida por algunos sectores del partido”, admite.
Estas polémicas leyes requieren de 4/7 para su aprobación, modificación o derogación, lo que obliga a llegar a acuerdo entre la oposición y el gobierno, cualquiera sea el cambio que se pretenda. Y dado el sistema binominal que asegura una especie de empate permanente en ambas cámaras, se hace casi imposible introducir modificaciones o menos aún derogar cualquiera de estas iniciativas. El caso más emblemático resulta ser el de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. A estas alturas, todos los sectores recuerdan con ironía las manitos en alto con que, durante el gobierno pasado, se festejó un acuerdo para establecer algunos cambios a la normativa. Cambios limitados y con escaso efecto a los que, sin embargo, sólo se pudo llegar con la aprobación de la oposición de entonces, la Alianza. De allí que los más férreos detractores de este tipo de iniciativas las consideren contrarias al sistema democrático o, aún más, como una “anomalía democrática”. Porque forman parte de un todo que, en conjunto con otras figuras que también limitan la expresión democrática de las mayorías, como el sistema electoral y el TC, impiden cualquier cambio sin la participación de la derecha y, particularmente, de la UDI. El partido fundado por Jaime Guzmán justamente para salvaguardar un modelo político, económico y social que limitaría cualquier posibilidad de desbande y aseguraría la “estabilidad política”. Adicionalmente, las LOC deben ser aprobadas obligatoriamente por el Tribunal Constitucional antes de ser promulgadas, lo que implica un doble cerrojo.
Quienes en Renovación estiman que es necesario avanzar hacia la eliminación de las leyes orgánicas, tienen la convicción de que de las 21 que existen actualmente, entre las que se encuentran como ya dijimos la de Enseñanza, pero también otras tales como la de Fuerzas Armadas, Municipalidades, Partidos Políticos, Tribunal Calificador de Elecciones, Votaciones Populares y Escrutinios, Banco Central o Concesiones Mineras, entre otras, se podrían llegar a mantener sólo cuatro o cinco de vital importancia. Ello, porque tienen la convicción que este tipo de normas “respondieron principalmente a una situación de contingencia que ya no existe. Son simplemente resabios de la dictadura”
En este contexto, el analista político de la Universidad Central Marco Moreno sostiene que “poner el acento en el resultado y no en el proceso podría provocar un problema serio de gobernabilidad, ya que el proceso político, la calidad de la democracia, se deteriora si no se aborda el problema de fondo”. Es decir, es indispensable apuntar a terminar con los efectos que provocan estas polémicas leyes. Dado que “hacen complejo que las mayorías, a pesar del binominal, puedan hacer valer sus planteamientos. Aún así las reglas del juego impiden que se pueda ejercer esa mayoría y que las políticas públicas puedan tener viabilidad”. En su opinión, las LOC constituyen una “trampa constitucional”. Y discrepa con quienes, en RN, creen que es más importante terminar con los quórum supramayoritarios que con el binominal, pues esta convencido que para profundizar la democracia es necesario “resolver ambos temas”.
Todo, porque a juicio de Moreno el sistema electoral, las leyes orgánicas constitucionales y el Tribunal Constitucional “siguen siendo enclaves, aunque menos visibles, porque las reformas del año 2005 no los eliminaron. Forman parte de la arquitectura institucional de la democracia actual, impidiendo que las mayorías puedan expresarse”. Y añade que esta institucionalidad, considerada como refractaria a la democracia, se ideó para “protegerla de visiones extremas, pero ha hecho más difícil profundizar la democracia”. Algo que es ampliamente compartido en el mundo opositor. Pese a que la evidencia muestra que mayoritariamente ese sector está más concentrado en cambiar el sistema electoral, no son pocos los constitucionalistas —y cada vez surgen más— que estiman que las LOC son enclaves que es necesario eliminar.
De hecho, en las elecciones presidenciales del 2009 casi todos los candidatos de la Concertación y la izquierda hicieron propuestas tendientes a cambiar la Constitución. Océanos Azules fue el organismo encargado de elaborar la del DC Eduardo Frei Ruíz-Tagle que en el documento “Una Constitución para el Bicentenario” ya plasmó la idea de que la Carta Magna de 1980 “incorporó un tipo especial de leyes, denominadas ‘Leyes Orgánicas Constitucionales’ (LOC) y ‘Leyes de Quórum Calificado’ (LQC), que en la práctica representan una dificultad adicional para que las mayorías democráticas decidan soberanamente acerca de los asuntos públicos más importantes. Este tipo de legislación otorga un poder de veto adicional a la primera minoría, ya que la mayoría ‘simple’ de los representantes de la ciudadanía no es suficiente para derogar o enmendar la legislación ‘orgánica’ y de ‘quórum calificado’ introducida por la dictadura. Así, la legislación de súper-mayoría representa un enclave autoritario inaceptable para una democracia constitucional. Por lo dicho, se propone la eliminación de las Leyes Orgánicas Constitucionales y las de Quórum Calificado”. Algo que actualmente nadie discute en la oposición. Pero que para el mundo más cercano a la UDI es mucho más difícil de asimilar. Así y todo, dicen en la Nueva Mayoría, “esa es una deuda que hay que saldar con la ciudadanía”.
