Presidente del Consejo Asesor Presidencial contra la Corrupción
Se cancelaron 8.174 UF por «conceptualizar los retornos económicos directos e indirectos de un grupo de productos representativos de la acción de la Contraloría General de la República”.
El economista e ingeniero civil y presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción, Eduardo Engel, se encuentra en el centro del huracán, luego que se diera a conocer un contrato directo con la Contraloría General de la República por asesorías por más de $200 millones.
Engel fue nombrado por la Presidenta Michelle Bachelet en medio de los escándalos por los casos Caval, SQM y Penta para que encabezara una comisión que analizara la relación del dinero con el poder, incluso abordando dentro de las propuestas entregadas a la mandataria, los contratos que se ejecutan entre el aparato público y proveedores de servicios, entre los que se incluía las consultorías para así evitar casos de corrupción.
En una de las páginas del informe final anticorrupción se indica que “se deberá sancionar al funcionario público que no justifique la contratación por trato directo de acuerdo a los requisitos legales. En este ámbito, precisar con mayor detalle el concepto de proveedor único”.
En ese sentido y según consigna radio Bío Bío, Engel formó parte de un millonario contrato directo con la Contraloría, a través de su empresa consultora «Asesorías e Inversiones Egeo», entre los años 2012 al 2014, bajo la administración del ex contralor Ramiro Mendoza.
Por el contrato directo se cancelaron 8.174 UF, lo cual corresponde a 201.301.098 de pesos, por «conceptualizar los retornos económicos directos e indirectos de un grupo de productos representativos de la acción de la Contraloría General de la República”.
Además, en las letras a, b y c del contrato se señala que “se busca proponer mecanismos que permitan estimar el retorno económico de actividades de alto impacto de negocio de la Contraloría”, añadiéndose que “dentro de ello, será parte central de este proyecto evaluar cuáles actividades de la Contraloría son susceptibles de una estimación de este tipo y cuáles no. Obtener estimaciones de retorno económico medio y marginal para actividades concretas, relevantes y de alto impacto de negocio en aquellos casos en que se determine viabilidad de obtener tales estimaciones”.
El problema radica en que el texto no se individualiza la empresa de Engel como proveedor único que justifique el millonario contrato directo con el órgano contralor, por lo que se entiende que tanto una universidad como otros consultores podrían haber participado en un proceso de licitación para acceder a este trabajo.
Además, en la página web de la Contraloría no aparecen detalles del mencionado contrato como tampoco los resultados de las asesorías efectuadas por Engel y que fueron entregadas a Mendoza.
