El caso de las papeleras generó una controversia con el TDLC por el acceso a los antecedentes
La iniciativa contempla que solo la FNE pueda denunciar conductas sospechosas, restringiendo las facultades de las fiscalías respectivas para iniciar investigaciones en materia penal.
Desde que estalló el caso de colusión protagonizado por dos empresas fabricantes de papel confort y sus derivados –una de ellas CMPC, propiedad del grupo Matte–, en el Congreso Nacional, con inusitada agilidad, comenzó a tramitarse un proyecto de ley que perfecciona las herramientas para perseguir esta conducta y principalmente repone la pena de cárcel para el delito de colusión, abolida durante el Gobierno de Ricardo Lagos en 2003.
La iniciativa, que avanza rápidamente en el Parlamento, contempla una pena de entre cinco y diez años de cárcel para quienes infrinjan el Decreto Ley 211 que sanciona la colusión. Sin embargo, hay una cláusula al interior del proyecto que inquieta al Ministerio Público, encargado de perseguir penalmente estas conductas. Se trata de la disposición que otorga la facultad exclusiva de denunciar un procedimiento sospechoso de este tipo a la Fiscalía Nacional Económica. Similar a lo que ocurre en el caso de los delitos tributarios con el SII.
Según fuentes del Ministerio Público, citadas por Radio Bío Bío, al interior de la institución existe la inquietud de que esta disposición legal signifique en la práctica una justicia especial para empresarios.
De cualquier manera, ya está en curso un conflicto entre el Tribunal de Libre Competencia y la Fiscalía Sur, que investiga penalmente los delitos posibles asociados a la colusión de las papeleras. La controversia se generó a partir de que el TDLC se negara a entregar a la Fiscalía todos los antecedentes de la investigación, que había sido ordenada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.
El TDLC presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional para mantener su decisión, sobre la base de que, según ellos, la petición de la Fiscalía que lidera Raúl Guzmán vulnera «las disposiciones relativas a la protección de documentos confidenciales, contenidas en los artículos 22 y 39 (a) del Decreto Ley 211”. El TC podría fallar sobre la admisibilidad de este requerimiento hoy lunes.
Mientras, uno de los querellantes en esta causa, el diputado Gabriel Silber, consideró inaceptable que la investigación, a partir de este escrito, se encuentre paralizada. «No sabemos hoy día a quién defiende la Fiscalía Nacional Económica, argumentando esta posición. Lo que hubiésemos esperado es máxima cooperación, proactividad en poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público, cuando por el contrario estamos viendo maniobras dilatorias», dijo el parlamentario a Radio Bío Bío.
