Campus de IA en Chile: avancemos rápido, pero no a cualquier costo

Hace 60 años, Chile realizó una apuesta inédita: habilitar territorios para la observación astronómica. Esta decisión estaba basada en las condiciones excepcionales de los cielos de Chile, pero tuvo que sopesar varias desventajas. Luego de seis décadas, estas desventajas se transformaron en desarrollo (a nivel de carreras, campo laboral, participación en consorcios internacionales y proyectos de frontera) y liderazgo internacional: contamos con un marco administrativo y de gestión único para áreas astronómicas, lo que nos permite asegurar que, a 2030, el país albergará más del 60% de la capacidad mundial de observación.

Hoy, Chile vuelve a estar ante el mismo escenario, pero a propósito de tecnologías e infraestructuras para datos e inteligencia artificial. Nuestra experiencia nos enseña que la pregunta no es si entramos o no a la cancha, sino bajo qué reglas y con qué objetivos estratégicos para el desarrollo del país.

En materia de inteligencia artificial las cifras hoy se miden en capacidad de cómputo, megavatios e inversión estratégica. Solo entre 2024 y 2025 los principales operadores globales —Microsoft, Google, Amazon, Meta— anunciaron sobre USD 300 mil millones en infraestructura de cómputo y el reciente proyecto Stargate, en Estados Unidos, comprometió USD 500 mil millones adicionales. Esto no es solo un boom de software, es la prueba de que la construcción de nuevas infraestructuras críticas tiene un ritmo acelerado, que ya está trazando el mapa y los territorios para su instalación.

En este escenario, la Región de Antofagasta combina –una vez más– las condiciones que el cómputo intensivo necesita: radiación solar de clase mundial, energía renovable competitiva, vocación industrial consolidada y conectividad internacional. Es, en términos estructurales, lo que los cielos del norte fueron para la astronomía.

Chile ya cuenta con un Plan Nacional de Data Centers gracias a la administración pasada: esto significa que la fase de diagnóstico técnico -financiada por la banca multilateral de desarrollo- ya fue realizada, y la hoja de ruta para capturar de manera sostenible y responsable esta oportunidad ya fue consensuada por múltiples actores.

Esto permitió proyectar un Campus de Inteligencia Artificial en el norte, con participación directa del Estado y un horizonte de escala que va de los 100 megavatios iniciales hasta el orden del gigavatio. Sabemos qué se debe hacer, dónde y bajo qué arquitectura institucional. Lo que falta es que la administración actual ratifique la decisión y acelere la ejecución.

Pero aquí conviene ser explícito. Ratificar no es entregar. La pregunta correcta no es si Chile quiere o necesita este proyecto, sino con qué reglas lo queremos. Este es el matiz que separa una política industrial moderna de una simple concesión más al mercado, sin regulación, sin declaración de intereses y sin protección para el desarrollo del país.

Al respecto, debemos considerar cuatro bordes de negociación clave.

Primero, soberanía y resguardo de datos: si Chile va a alojar capacidad de cómputo de escala global, el régimen jurídico aplicable a los datos que se procesen aquí, las potestades de fiscalización y la capacidad de auditoría pública deben quedar definidas antes —no después— del primer contrato.

Lo segundo es el marco ético de los modelos que se entrenen en territorio nacional: la Política Nacional de Inteligencia Artificial existe y debe operar como condición habilitante, no como declaración decorativa.

En tercer lugar, la captura local de valor: empleo regional calificado y de calidad, vínculos explícitos con universidades y comunidades del norte y encadenamientos productivos verificables, porque no basta con simplemente vender electrones.

Y cuarto, la huella ambiental: en una zona árida, el diseño hídrico y energético del campus debe partir de los estándares de eficiencia más exigentes del mundo, no de los promedios.

La experiencia internacional muestra que los hubs digitales que duran son los que negocian a partir de estas reglas, porque la velocidad del escenario actual también debe considerar proyección regulatoria.

Por esto, es un error pensar que pedir resguardos retrasa los proyectos de inversión: la regulación es justamente lo que vuelve financiable, defendible políticamente y sostenible en el tiempo a estos grandes proyectos de infraestructura tecnológica y de punta.