Los “papeles” húngaros: las pruebas del financiamiento de Orbán a organización presidida por Kast

La Unidad de Investigación de El Mostrador accedió a documentos oficiales que comprueban los aportes entregados por el Gobierno húngaro a la Political Network for Values (PNfV), una organización que fue presidida por José Antonio Kast y que forma parte de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la red transnacional de organizaciones de ultraderecha que el nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, busca investigar por corrupción. Una carrera que comenzará este sábado, cuando asuma su cargo como nuevo jefe de Gobierno.

Los nuevos antecedentes recopilados constituyen pruebas concretas sobre los aportes a la corporación sin fines de lucro presidida por el actual Mandatario chileno, desde 2022 a 2024, cuya “oficina” o sede en Hungría se habría visto beneficiada con fondos provenientes de la administración de Viktor Orbán durante al menos cuatro años. El periodo, por cierto, coincide con la etapa en que José Antonio Kast se mantuvo a la cabeza de la organización. 

Según documentos presentados por el mismo organismo, la Political Network for Values recibió por parte del Gobierno de Orbán, entre los años 2020 y 2024, poco más de 405 millones de florines, equivalentes a US$ 1.341.328 en la actualidad.

De hecho, en la VI Cumbre Trasatlántica realizada en Madrid en diciembre de 2024, el entonces presidente de la PNfV aseguró en la inauguración –evento que reunió a 300 líderes políticos de 45 países del mundo– que la recepción había sido “auspiciada” por el Gobierno de Hungría y sus centros de estudios. La declaración, registrada en la plataforma del evento, hoy adquiere una inesperada relevancia.

Aportes de Orbán

Political Network for Values nació el año 2014. Sus fundadores son los españoles Jaime Mayor Oreja –cofundador del Partido Popular– y Lola Valverde –directora de Desarrollo de la Fundación Europea Sociedad y Educación–, junto al expolítico y activista conservador mexicano Rodrigo Iván Cortés. José Antonio Kast se incorporó al organismo en 2015 y asumió su presidencia el año 2022.

El colectivo de formación política internacional ha sido identificado como un grupo de odio contrario a las disidencias sexuales, enfocado en la recuperación de valores en torno a la familia, la vida y la libertad religiosa –con profundas raíces en el extremismo católico– y vínculos con CitizenGo, Opus Dei, El Yunque, la Heritage Foundation, Hazte Oír, el partido Vox y el Partido Republicano chileno, entre otros.

Según diversas investigaciones –entre ellas, de la ONG IPAS–, Political Network for Values ha recibido, de acuerdo con sus propios reportes públicos, aportes de la Alliance Defending Freedom, el Jewish Institute for Global Awareness –de los empresarios y líderes homofóbicos Arthur Goldberg y Elaine Berk–, la Red de Acción Ética Política (RAEP) de México y el Center for Fundamental Rights, un centro de pensamiento húngaro acusado de recibir dinero de Orbán, precisamente para financiar la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

La sede o “capítulo” húngaro del organismo fue constituido como una ONG el año 2020, con el mismo nombre que la organización con sede en Estados Unidos. Desde esa fecha, la organización sin fines de lucro ha tenido que registrar cada año los aportes que recibe para su funcionamiento, tal como lo exige la ley húngara.

Entre los años 2020 y 2024 –como adelantamos–, la PNfV recibió por parte del Gobierno de Víctor Orbán poco más de 405 millones de florines, equivalentes a US$ 1.341.328 en la actualidad.

Solo en el año 2022 –cuando el actual Mandatario chileno asumió la presidencia de la instancia–, Hungría traspasó a la organización la suma de 355.4 millones de florines, aproximadamente US$ 1.176.523 de la moneda estadounidense al día de hoy.

El año 2020, cuando partió el brazo europeo con sede en Hungría –existe otro también en España–, la PNfV recibió 1.9 millones de florines, cifra que en la actualidad equivale a US$ 6.451 de la divisa norteamericana. Ese mismo año, según la Gaceta Húngara, una suerte de Diario Oficial de ese país, el organismo recibió 38 millones de florines provenientes del Gobierno húngaro, cifra que no figura en los registros a los que accedió este medio.

El año 2021, en tanto, la organización aumentó su presupuesto, recibiendo 43.4 millones de florines del Gobierno de Orbán, cifra que suma en la actualidad US$ 143.712. El exponencial salto en recursos del año 2022 –US$1.176.523– coincide con la organización de la CPAC de ese mismo año, cuyo organismo anfitrión fue precisamente la Political Network for Values.

Extracto del documento que revela los fondos entregados por el Gobierno de Orbán en el año 2022 [/caption]

El año el 2023, la PNfV recibió 4.4 millones de florines que en dinero actual suman un total de US$14.641. El año 2024, sin embargo, la ONG no obtuvo presupuesto del Gobierno de Orbán. Según una investigación del medio húngaro Atlatszo, ese mismo año, el Centro de Derechos Fundamentales del país europeo, uno de los think tanks más poderosos del “orbanismo”, recibió de parte del Gobierno 4.300 millones de florines, destinados a financiar la CPAC. Este mecanismo, habría reemplazado los traspasos directos realizados a la PNfV.

Si bien hasta ahora los “papeles húngaros” no habían sido conocidos públicamente en nuestro país, el exministro de Relaciones Exteriores y exrepresentante de Chile ante la ONU, Juan Gabriel Valdés, ya había advertido en nuestro medio que era importante que “se investigue de dónde vienen las platas de la ultraderecha en la región”, apuntando a que distintas fundaciones con sede en nuestro país –como la Fundación Friedrich Ebert o la Konrad Adenauer– “tienen oficina en Santiago y pagan impuestos”.

Para el investigador y doctor en Ciencia Política Cristóbal Rovira, experto en estudios sobre populismo en Europa, los prestamos provenientes de Hungría a Vox en España permiten preguntarse “hasta qué punto esto ha sucedido en otras latitudes”. “Lo interesante es mostrar estos nexos transnacionales que actúan como cemento ideológico de estos actores y, por otro, demostrar hasta qué punto estos valores van de la mano con redes que no solo difunden ideas sino que, eventualmente, también financian campañas políticas”.

Respecto a esto último, Juan José Lyon, director Ejecutivo de América Transparente, asegura que la transparencia no tiene colores políticos. “Así con la misma fuerza que le exigimos al Gobierno la rendición de cuentas por convenios con fundaciones locales, tenemos que exigir que se transparente hasta el último peso que entra a las redes políticas desde gobiernos extranjeros. Y si nuestras autoridades eligen un silencio frente a la opacidad internacional, de cierta forma están renunciando a proteger la probidad interna”, señaló a este medio.

Sobre los nuevos antecedentes respecto a los aportes del Gobierno húngaro a la Political Network for Values, la Unidad de Investigación de El Mostrador se comunicó con la organización con sede en Estados Unidos y también con el actual Gobierno chileno, buscando aclarar en qué se gastaron los recursos cuando José Antonio Kast encabezaba la institución. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Efecto dominó

Como esos juegos de dominó que desencadenan una reacción en cadena, el anuncio del nuevo primer ministro de Hungría de investigar a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que agrupa a una serie de organizaciones de extrema derecha global, entre ellas Political Network for Values, ha llevado a varios grupos a entrar a una fase de alerta colectiva internacional.

En España se sabe que Vox recibió un préstamo de 9 millones de euros de la banca húngara para financiar campañas políticas. En Estados Unidos, el congresista demócrata Mike Levin solicitó información al Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Elecciones, para esclarecer si la última campaña de Trump recibió aportes de la CPAC –tal como informó este medio–. Y, en Chile, un grupo de diputados del Frente Amplio acaba de solicitar una Comisión Especial Investigadora (CEI) en el Congreso.

Pese a la preocupación en el país y el extranjero por aclarar estas inquietudes que despierta la investigación en Europa, el Gobierno chileno no ha respondido las preguntas que insistentemente han sido formuladas por El Mostrador, en un silencio que, según especialistas en transparencia, es “preocupante”, particularmente porque nuestro marco legal –Ley 18.603 de partidos políticos y Ley de financiamiento electoral– prohíbe que dineros extranjeros financien campañas políticas internas.

“Cuando un primer ministro europeo anuncia una indagatoria por uso indebido de fondos públicos hacia una red política global y los documentos salpican a una organización que hasta hace poco presidía el actual Presidente chileno, el Estado no puede mirar hacia el lado”, explica Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.

Para el analista y profesor titular del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, la revelación de este tipo de documentos “apuntaría a un financiamiento no transparentado del Gobierno húngaro con Political Network for Values. Ahora, hay que ver si es que esta situación vulneró la ley de financiamiento húngara y si los dineros traspasados llegaron a otros lugares”.

Los nuevos antecedentes, a los que accedió El Mostrador, ya estarían a disposición del nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien ha declarado la guerra a las organizaciones que han participado de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor encuentro de grupos radicales de derecha en el mundo, calificando como un “crimen” los aportes realizados al organismo.

“Mezclar el financiamiento de partidos políticos con el gasto público del presupuesto estatal es, en mi opinión, un delito, y esto deberá ser investigado por las futuras autoridades, incluida la Oficina Nacional para la Recuperación y Protección de los Bienes Públicos, ya que esos fondos presupuestarios no estaban destinados a financiar eventos de partidos políticos”, comentó Magyar hace un par de semanas.

La situación también preocupa a la Unión Europea, coalición que mantiene congelados 17 mil millones de euros a Hungría debido a falta de transparencia, concentración de poder y el eventual uso discrecional de fondos públicos. La vocera del organismo, Paula Pinho, aseguró que confiaban en que las palabras de Magyar llevarán a encontrar “resultados concretos”.

“Confiamos en que ocurrirán muchas cosas”, dijo la vocera respecto a la investigación sobre los aportes de Orbán a la red conservadora internacional, un periodo que se habría extendido por varios años  y que ha sido calificado en Europa como una etapa de “deriva antidemocrática” en Hungría.

El fin de la era Orbán amenaza con abrir una verdadera caja de Pandora.

La policía húngara acaba de congelar esta semana los activos de Gyula Blasy, propietario de varios medios de comunicación que obtuvo millonarios contratos con el Gobierno saliente, y ha comenzado a investigar fugas de capitales de oligarcas cercanos a Orbán, quienes estarían transfiriendo sus fortunas a Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Uruguay. “Hay que detener a los delincuentes”, ha sostenido Magyar.

Con el nuevo primer ministro instalado en el Gobierno, la hora cero de los “Orbán files” ha comenzado.