En el marco de ley corta antidelincuencia
La medida establece la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, lo cual equivale a cárcel que va desde los 61 a los 541 días, a los persecutores que den a conocer detalles de los procesos que están llevando a cabo.
En el marco de la discusión de la ley corta antidelincuencia, el Senado aprobó el pasado martes penas de cárcel para los fiscales que filtren antecedentes de las investigaciones que llevan a cabo, acogiéndose la crítica que han hecho políticos involucrados en los casos de financiamiento irregular de campañas como Penta, SQM y Corpesca.
Según consigna La Tercera, la medida fue ingresada a través de una indicación del Ejecutivo, a recomendación de la propia fiscalía y parlamentarios.
La plana mayor del Ministerio Público concurrió a principios de este año a la Comisión de Constitución del Senado para participación en la tramitación de la agenda corta antidelincuencia y discutir sobre una serie de herramientas que entregaría el proyecto a sus labores investigativas y persecutoras, como la protección de testigos y nueva forma de tomar declaraciones.
Fue en este contexto, que se abordó el tema de la reserva de las investigaciones que desarrollan los fiscales, comenzando un debate respecto al secreto de las diligencias.
En una de las sesiones de enero se acordó ampliar los plazos de reserva de la investigación de la fiscalía, desde los 40 días que establece actualmente la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público a 90 días.
Además, a propuesta del propio Ministerio Público se endurecieron las sanciones a las filtraciones del trabajo de los persecutores, estableciéndose la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, lo cual equivale a cárcel que va desde los 61 a los 541 días.
Este criterio fue acogido en forma unánime por la Comisión de Constitución y el pasado martes fue aprobado por la unanimidad de la sala, sin que hubiera debate en el hemiciclo, ya que ningún parlamentario pidió votar por separado los artículos del proyecto y que pasó desapercibida.
Con lo anterior, se recoge la crítica hecha por los implicados en las distintas causas indagadas por la fiscalía y que están relacionadas con el financiamiento irregular de campañas políticas como Penta, SQM y Corpesca, en los que se han expuesto antecedentes comprometedores de la investigación para personeros de todo el espectro político del país.
La Comisión de Constitución es presidida por el socialista Alfonso de Urresti e integrada por Felipe Harboe (PPD), Pedro Araya (independiente DC), Hernán Larraín (UDI) y Alberto Espina (RN), quienes tomaron la decisión de aprobarla de común acuerdo.
El medio tuvo acceso al acta de la comisión, la cual consigna que el debate comenzó a propósito de una indicación presentada por el senador Harboe, en relación a fijar sanciones disciplinarias al fiscal y sus ayudantes «que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales».
Esto abría paso a las interpretaciones sobre el «deber de reserva» y «el Honorable Senador Señor Espina puntualizó que la situación que plantea la indicación tiene lugar preferentemente cuando se producen filtraciones de la carpeta investigativa».
Y agrega el acta que «expresó que esa información, difundida por los medios de comunicación social, importa una verdadera condena anticipada del imputado», lo cual fue calificado por el entonces fiscal nacional subrogante Andrés Montes como «un asunto delicado».
El fiscal señaló en la oportunidad que «se trata de una conducta indebida que socava el principio de objetividad y que faranduliza el proceso penal».
Además, en una sesión posterior el senador Hernán Larraín precisó que «establecer alguna forma de sancionar las filtraciones», con lo cual coincidió el senador Harboe.
El presidente de la comisión, el socialista De Urresti defiende la penalización, debido al clima de desconfianza generada por casos de corrupción y «se establece una mayor rigurosidad en relación a la obligación de reserva. Nadie puede llamarse a suspicacias cuando se pide pleno cumplimiento de la ley».
