Presidenta incluso habló del tema en el marco de la cumbre OCDE en París
En estos días no escucha a nadie que piense distinto a su deseo de judicializar a toda costa la polémica abierta con la revista Qué Pasa. “La Presidenta está en un estado de enojo en que nadie puede contradecirla”, aseguraron en La Moneda, porque este episodio –explicaron– fue la gota que rebalsó el vaso para ella, de un caso que desde que estalló el 6 de febrero del 2015 la golpeó en lo político –generó la caída libre de su apoyo y credibilidad en las encuestas– y sobre todo la ha afectado en su fuero personal, ya que los protagonistas son su nuera y su hijo.
En septiembre del año 2005, el entonces Presidente Ricardo Lagos Escobar escribió de su puño y letra una carta privada al dueño de El Mercurio, Agustín Edwards, en la que lo cuestionó con dureza por el trato que dicho medio de comunicación daba permanentemente a él y su familia, molesto principalmente porque se acusó de trato preferente en una licitación, por parte de Correos de Chile, a Roberto Durán, hermano de su esposa Luisa Durán. La misiva fue publicada por «el decano», levantando una fuerte polémica en ese momento por lo que se consideró, en la entonces Concertación, un error estratégico grave del Mandatario al exponerse gratuitamente, una equivocación que nadie pudo parar.
Eso es lo más lejos que se había llegado desde el año 1990 hasta ahora en relación con los permanentes roces entre la prensa y los presidentes de la República, que muchas veces no comparten ni comulgan con los cuestionamientos y críticas. Por lo mismo, el episodio de Lagos ha sido recordado estos días en el seno del Gobierno a raíz de la querella por injurias que este martes presentó la Presidenta Michelle Bachelet contra cuatro periodistas de revista Qué Pasa, por la publicación, el jueves 26 de mayo, de la transcripción de una conversación del ex socio de Natalia Conpagnon en Caval, Juan Díaz, obtenida de una escucha telefónica realizada por el OS-9 de Carabineros y que es parte de la carpeta de investigación que realiza el Ministerio Público.
El 2005 nadie pudo parar a Lagos Escobar y –según confiesan en La Moneda, el gobierno y en la Nueva Mayoría– tampoco se pudo frenar a Bachelet, quien transversalmente fue apoyada el jueves en su decisión de salir públicamente a cuestionar la publicación, acusar que era una “mentira” y una “canallada”, como también en el hecho de que al día siguiente se informara que el martes 24 de mayo había declarado voluntariamente ante el fiscal Sergio Moya, que lleva el caso Caval. El oficialismo se alineó con ella, pública y privadamente, se aplaudió incluso la decisión de salir a defenderse, de mostrar su enojo, su molestia en un grado exacto de reflejar fuerza y determinación, lo que rompió con el silencio y la falta de reacción que siempre se le cuestionó para enfrentar este complejo tema.
Pero la querella dividió las aguas y no son pocos los que reconocen –la mayoría en reserva– que la Mandataria “se sobregiró”. En Palacio explicaron que el clima interno hoy es complejo, que “está todo muy revuelto”, que “nadie quiere hablar mucho ni meterse”, que no hay mucho espacio para disentir, opinar o hacer ver otras aristas de la situación, porque desde el jueves que Bachelet –coinciden en el gobierno y en la Nueva Mayoría– está “furiosa” y “descontrolada”.
Dicen que esa es la razón por la que en estos días no escucha a nadie que piense distinto a su deseo de judicializar a toda costa la polémica abierta con la revista Qué Pasa. “La Presidenta está en un estado de enojo en que nadie puede contradecirla”, aseguraron en La Moneda, porque este episodio –explicaron– fue la gota que rebalsó el vaso para ella, de un caso que desde que estalló el 6 de febrero del 2015 la golpeó en lo político –generó la caída libre de su apoyo y credibilidad en las encuestas– y sobre todo la ha afectado en su fuero personal, ya que los protagonistas son su nuera y su hijo.
El enojo ha sido evidente en sus intervenciones públicas estos días. Por ejemplo, la decisión de leer una declaración pública defendiendo su derecho a querellarse y que lo hace como ciudadana, todo con el telón de fondo de la gira a París que realiza esta semana para presidir la reunión de los países miembros de la OCDE.
“Haciendo uso de mi derecho a la defensa he presentado una querella como ciudadana, como Michelle Bachelet Jeria, porque no puedo aceptar que se inventen públicamente falsedades evidentes contra mi persona. Creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar, validando la fuente para no enlodar la honra de nadie”, leyó la Mandataria, sin aceptar ningún tipo de preguntas.
“Emocionalmente se reventó”, sentenció un asesor gubernamental, mientras otros inquilinos de Palacio agregaron que la decisión de querellarse está tomada “en caliente”, sin dimensionar los efectos políticos de la acción. El problema, confesaron, es que la Mandataria en estos días solo ha escuchado a los “típicos yes men que la rodean”, que la gente que se maneja y entiende de la dimensión política ha estado al margen.
En La Moneda es bastante unánime la crítica a la publicación de Qué Pasa, nadie duda de la honorabilidad de la Mandataria y que “todo tiene un límite”, aunque hay dos lecturas distintas sobre cuál es el trasfondo que hay tras las afirmaciones que hizo Díaz en esa conversación mientras lo grababan. Hay quienes están convencidos de que existe una operación desde la UDI, precisamente para que sea el Gobierno el que desacredite las filtraciones a la prensa y, con eso, debilitar toda la información que se ha hecho pública en los casos de financiamiento irregular de la política, especialmente el de Penta, donde sus máximos jerarcas son los involucrados.
Hay otros en el Gobierno que creen que el contenido de lo dicho por Díaz es una operación de él, con el objetivo de aparecer como alguien que maneja más información o antecedentes de los que realmente tiene, a fin de poder “negociar” con el Ministerio Público, obtener cierta protección.
[cita tipo= «destaque»]La querella dividió las aguas y no son pocos los que reconocen –la mayoría en reserva– que la Mandataria “se sobregiró”. En Palacio explicaron que el clima interno hoy es complejo, que “está todo muy revuelto”, que “nadie quiere hablar mucho ni meterse”, que no hay mucho espacio para disentir, opinar o hacer ver otras aristas de la situación, porque desde el jueves que Bachelet –coinciden en el gobierno y en la Nueva Mayoría– está “furiosa” y “descontrolada”.[/cita]
En cualquiera de los dos casos, muchos en el gobierno pensaron que la querella sería finalmente contra Díaz, pero no contra la revista o los periodistas. “Siempre es un error irse contra la prensa”, sentenció un alto asesor de Palacio.
En privado algunos en La Moneda se atrincheraron en circunscribir el debate solo a la arista “judicial” y el derecho legal que tiene Bachelet de querellarse, pero se rehusaron de plano a entrar en la dimensión política del tema, la señal que esto implica, sus efectos y secuelas, lo que evidencia lo incómodo que es el asunto en Palacio.
El analista Max Colodro explicó a El Mostrador que lo hecho por Bachelet es “desproporcionado” y políticamente riesgoso. “La Presidenta el jueves reaccionó bien, desmintió los contenidos, fue razonable, valorado y apoyado por la inmensa mayoría de actores públicos, eso, unido a su declaración voluntaria y la decisión de dar a conocer ese hecho, reforzaba la idea de que estaba en un disposición distinta, pero terminar querellándose es desproporcionado, no lo hace contra los protagonistas de una conversación grabada por Carabineros y que está en el cuaderno de investigación, tampoco contra los filtradores, solo se querella contra el medio de comunicación, el mismo que destapó el caso Caval, por lo que la deja expuesta a dudas de una vendetta”.
La relación de Bachelet con la prensa siempre ha sido compleja, un tema de discusión y de debate interno en el oficialismo. Siempre abundaron los cuestionamientos durante su primer Gobierno al férreo hermetismo y control que se trató de ejercer desde La Moneda esos años y, en esta segunda administración, tampoco ha sido fácil. Basta recordar el último episodio que levantó polvo y críticas, la fracasada decisión de restringir qué medios de comunicación eran invitados a las giras al extranjeros y cuáles no , argumentando razones de Presupuesto.
La idea que la querella es “un error político mayor” se instaló en el oficialismo y, a pesar de algunas gestiones que se realizaron esta semana desde La Moneda con dirigentes de la Nueva Mayoría para que públicamente apoyaran la presentación de la querella o, al menos, no la cuestionaran, igual se asomaron las críticas.
El jefe de la bancada de diputados DC, Fuad Chahin, dijo que “yo no me hubiese querellado, porque ahí efectivamente lo que existió fue replicar una escucha telefónica que, según ha señalado el propio fiscal, tiene la impresión y la convicción de que el señor Díaz sabía que lo estaban grabando y que esas declaraciones las hace con el único propósito de intentar involucrar a la Presidenta de la República y no hay ningún antecedente que la involucre. Lo que hace el medio es replicar aquello”.
Su par del PS, Juan Luis Castro, agregó que “las querellas se presentan contra quienes emiten frases injuriosas y calumniosas” y no contra los medios que las reproducen. “La Presidenta está en su derecho, sin embargo, no sé en qué contexto de asesoría se hizo, entiendo que esto fue un momento duro, un revés fuerte en lo personal, un agravio, pero desde el punto de vista del instrumento que se usó y a quienes está dirigido, creo que amerita una reflexión más profunda”, afirmó.
El diputado René Saffirio –recién renunciado a la DC– agregó que “es un error la querella presentada por la Presidenta de la República. Creo que es importante hacer un llamado a la serenidad al Gobierno y que haya un desistimiento de esa querella, porque de alguna forma implica un deterioro para las condiciones en que los medios de comunicación pueden informar libremente de lo que sucede”.
Desde el PPD, el diputado Jorge Tarud planteó que Bachelet debería “reconsiderar” la querella, porque este episodio será mal interpretado por la opinión pública. “Entiendo perfectamente el dolor que debe sentir la Presidenta Bachelet, de que se intente manchar su honor, que es lo máximo que uno tiene en la vida, el honor. Sin embargo, considero que hoy en día sería conveniente, dado que la oposición va a juzgar esta querella como un intento de acallar a la prensa, que la Presidenta debería reconsiderar esta querella, porque en definitiva estas acciones legales nunca terminan en nada”, sentenció.
Ya el martes el senador del MAS, Alejandro Navarro, advirtió que la querella era “una pésima señal, porque desde el Gobierno y el Congreso se acordó no generar acciones en contra de los periodistas y a pocos días eso es lo que se genera. Con esto tenemos ley mordaza sin ley”.
A las voces políticas se han sumado, con las horas, otros actores. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, quien se encuentra en Chile, advirtió que la querella sí “tiene un efecto inhibitorio” en los medios de comunicación; asimismo, el rector de la UDP, Carlos Peña, afirmó ayer en El Mercurio que “la querella presentada por la Presidenta, desde el punto de vista político ahora, le hará más mal que bien y contribuirá a estropear más todavía su popularidad. La gente sabe espontáneamente que el daño que le ha causado el caso Caval no es culpa de las insidias de la prensa ni de los excesos de los periodistas, ni de una conspiración. ¿Será necesario repetir quiénes son los involucrados en ese caso y la razón de por qué ha terminado salpicando a la Presidenta? La querella aparece como una medida efectista que no le hará bien ni a ella ni al periodismo. La Presidenta debe comprender que su alto cargo, en vez de conferirle inmunidades frente a la opinión pública, le impone servidumbres y confiar en que el juicio de los hechos pondrá las cosas en su lugar, en vez de agitar todo esto ante los tribunales pretendiendo dar lecciones a la prensa”.
Y hasta el Colegio de Periodistas, que generalmente se ha alineado con La Moneda, sacó ayer una nueva declaración pública –votada por la mayoría de su directiva, pero que no fue unánime– en la que precisaron que “si bien reconocemos el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales vigentes en nuestra institucionalidad jurídica, consideramos que en este caso en particular es difícil la separación entre la ciudadana Michelle Bachelet y la Presidenta de la República. Por eso, creemos que la decisión adoptada no es el mejor camino, consideramos más adecuado seguir canales éticos para debatir este tipo de materias”.
