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Opinión

Las deplorables lecciones del caso Rincón

por 20 abril, 2017

Las deplorables lecciones del caso Rincón
La Democracia Cristiana pudo haber sentado un precedente positivo para la política chilena, en términos de haber entregado una señal potente a la ciudadanía respecto de la nula tolerancia ante casos como este, en que no se trata de un rumor, de meras sospechas, de fake news, sino de un dictamen judicial emitido por un tribunal de la república. Esto es papel picado para la DC. Por tal razón, no es posible excluir de responsabilidad a la directiva del partido y, especialmente, a su presidenta, Carolina Goic, quienes le deben al país una explicación clara y de frente, en particular a los miles de mujeres víctimas de violencia de género, partiendo por la propia afectada en este caso.

Acabamos de conocer la decisión del tribunal supremo (TS) de la Democracia Cristiana respecto del denominado ‘caso Rincón’. La instancia partidaria ha decidido simplemente amonestar por escrito al diputado Ricardo Rincón González, autor de violencia intrafamiliar contra su ex pareja, Carolina Hidalgo, en una causa del año 2002, pero recién conocida por la opinión pública el pasado año, gracias a una publicación de El Mostrador.

Se trata de una sanción a todas luces insuficiente. Una vergüenza para un partido que aspira a encabezar el próximo Gobierno. Una burla hacia las mujeres de Chile. Una bofetada directa a las miles de víctimas de violencia de género. Una señal penosa en tiempos de profunda desafección por la política. ¿Qué es esto de amonestarlo? Me suena a un tirón de orejas, a un reto de los padres a sus hijos pillados en falta.

Ahora que se ha conocido este fallo, puedo contar que fui uno de los testigos que declaró por este caso ante el señalado TS, en razón de mi participación como creadora de una campaña ciudadana pidiendo la expulsión del diputado Rincón de su partido y la pérdida de su escaño parlamentario.

La reflexión que comparto, en consecuencia, se articula sobre la base de tres momentos: los antecedentes de la campaña, el día de la declaración misma y el análisis posterior de lo ocurrido, una vez conocido el dictamen.

Antecedentes

Efectivamente, hacia fines de septiembre de 2016 inicié, a título individual, una campaña ciudadana en la plataforma internacional Change.org, con la finalidad de reunir firmas para solicitar a la Democracia Cristiana la expulsión del diputado Rincón y la pérdida de su escaño parlamentario (detalles aquí).

¿Por qué inicié esta campaña? Primero, por una profunda indignación ciudadana. El día que comencé esta iniciativa, se anunció por la radio que el diputado Rincón había regresado a ocupar su puesto en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados (una de las mayores y más tristes paradojas de este caso, por cierto). Parece ser que quiso hacerlo de manera silenciosa, pero los medios apostados en el Parlamento lo registraron y difundieron. Sinceramente, me pareció una burla. En medio de la impotencia, rabia y pena que sentí en aquel momento, me pregunté qué podía hacer yo como ciudadana anónima para contribuir a revertir esta situación. Y esto es parte de la segunda razón que me llevó a iniciar esta campaña: siempre he creído y apostado por una ciudadanía activa, como condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Más aún, estimo que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de involucrarnos en lo público, no solo la opción de hacerlo.

Unido a ello, desde hace varios años me desempeño en el campo de la docencia universitaria. Veo en mis estudiantes las caras, nombres y apellidos de la desafección por la actividad política.

En su mayoría, ellos no se sienten representados por la clase política chilena, por sus autoridades ni por las decisiones de los partidos, tanto de gobierno como de oposición. En este mar de indiferencia y de desconfianza, yo les enseño que la política es necesaria, más aún, que es constitutiva de nuestro estar en el mundo, al modo que visualizara Aristóteles siglos atrás: en tanto ‘animales políticos’, a quienes nos va en nuestro ser preocuparnos por los asuntos de nuestra comunidad (polis).

Intento contribuir desde la formación universitaria a la construcción de una ciudadanía responsable, en relación con las tareas que todo profesional debe asumir para con su sociedad. En este marco, cuesta muchísimo que los jóvenes logren encontrar sentido a la actividad política como un espacio de servicio público, de preocupación por el otro o de mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general.

Lamentablemente, mis estudiantes piensan en su mayoría que la política es una actividad para el beneficio personal, un trabajo lucrativo, un campo de intereses mezquinos, un espacio donde se cubren unos a otros en sus faltas, olvidando valores y principios ligados al interés general, especialmente de los más desfavorecidos. Frente a esto, casos como el del diputado Rincón solo vienen a reforzar dicho imaginario.

No diré nada nuevo al comentar las impresiones de mis alumnos sobre casos como este y otros similares: que la justicia no es igual para todos; que, si se tiene poder y contactos, ello exime de responsabilidades; que los poderosos pueden saltarse la ley cuando quieren; que los fallos judiciales solo se acatan cuando conviene hacerlo, etc.

La campaña antes aludida logró rápidamente ir sumando firmas (virtuales) de adhesión. De las decenas se pasó a las centenas y de ahí a las miles de personas que se mostraron de acuerdo con mi petición. Al día de hoy, cuando se conoce el fallo, la cifra es de 3.448 firmas.

Declaración ante el tribunal supremo de la Democracia Cristiana

 Dada la gran cantidad de personas que se fueron sumando a la campaña, y a que el diario El Mostrador la mencionó, tomó contacto conmigo uno de los querellantes para pedirme que declarara en este caso, contando las razones que me habían llevado a impulsar la solicitud. Cabe precisar que, en efecto, el requerimiento inicial ante el TS de la DC fue presentado por un grupo de militantes del propio partido, quienes, una vez conocidos los hechos, rechazaron rotundamente el acto de violencia cometido por su camarada y su permanencia dentro del conglomerado, por ser ética y políticamente insostenible.

Así las cosas, en noviembre del año pasado fui a declarar ante la referida instancia. Tal como me había advertido el abogado que lideraba la querella, Rincón se encontraba presente; puede pensarse que era parte de su derecho, más es imposible no pensar que estaba allí ejerciendo presión sobre los declarantes. De hecho, estuvo sentado frente a mí durante todo el tiempo que duró mi declaración, por supuesto, con gesto amenazante.

La declaración tuvo básicamente tres partes.

Primero, preguntas del abogado querellante, para que explicitaran los motivos de la campaña ciudadana que encabezaba.

Segundo, una ronda de preguntas del abogado defensor de Rincón, que en todo momento trató de llevar la discusión al terreno legal, con infinidad de resquicios para hacerme aparecer como una total ignorante en la materia y, al resto de miembros del tribunal, como un grupo de incautos incapaces de darse cuenta del error jurídico montado a raíz de la querella. O sea, todos allí estábamos completamente equivocados, excepto él y su representado.

Más aún, otro de los recursos de su defensa se basó en desvirtuar la veracidad de los miles de firmas que había logrado reunir la campaña, pues –a su juicio– podían deberse a personas que se habían confabulado para firmar repetidas veces. Como siempre, las tesis conspirativas emergen cuando de esquivar responsabilidades se trata.

El tercer momento correspondió a preguntas espontáneas de algunos de los miembros del tribunal allí presentes (unas quince a veinte personas, aproximadamente). Las interrogantes versaron sobre cuestiones como: dilucidar si yo era una loca que iba por la vida haciendo campañas como esta (el estigma de la locura siempre nos acompañará a las feministas, cómo no), indagar sobre posibles motivaciones ocultas al mero interés ciudadano por la revalorización de la actividad política, o saber si tenía alguna animadversión especial contra la DC, algo por cierto totalmente ajeno a mis intereses.

Salí de allí con una sensación amarga y triste. Mi impresión es que no había mayor ánimo de abrirse a la posibilidad real de sancionar a Rincón frente a lo ocurrido, salvo por parte de los militantes querellantes, islas de dignidad y decencia ético-política en un mar de conformismo y complicidad. Después de todo, cabe recordar que, de no ser porque este medio dio a conocer estos hechos, ocurridos hace más de una década, nada habría pasado.

Pero el Chile de 2002, cuando se produjo la golpiza de Ricardo Rincón a Carolina Hidalgo, ya no es el mismo de 2016, cuando a pocas horas de conocidos los hechos la ciudadanía reaccionó airadamente y la DC tuvo que hacerse cargo. Mas hoy tengo claro que esa sensación de desazón no era equivocada, como este dictamen acaba de refrendar.

Reflexiones transversales

Frente a lo descrito, como ciudadana estimo que la Democracia Cristiana adoptó un papel titubeante y, más aún, decepcionante respecto a este caso. Prueba de ello es que el partido decidió mantener en sus filas a este militante, sabiendo desde hace más de una década de estos hechos.

Y ahora, cuando fueron conocidos por la opinión pública, las respuestas de las primeras horas fueron confusas y apuntaron a que se trataba de un asunto ya discutido y resuelto en su momento, respecto del que no cabía nada más que añadir, una especie de ‘cosa juzgada’ llevada al terreno político. No obstante, con el paso de las horas y frente a la indignación que mostró la ciudadanía, especialmente a través de las redes sociales, este partido tuvo que rectificar y aceptar abrir nuevamente el caso. Baste revisar las declaraciones y cambio de tono de la propia Carolina Goic presidenta de la falange en esas horas.

Vuelvo a pensar en mis alumnos y me cuesta encontrar respuestas a sus inquietudes y a su desafección. ¿Cómo se puede justificar racionalmente el haber tolerado esta situación, disponiendo de todos los antecedentes del caso, frente a los valores y principios partidarios? La Democracia Cristiana es un partido inspirado en la doctrina del Humanismo Cristiano, la que –entre otros defiende los siguientes principios: “La defensa de los derechos de la persona humana”, “la familia como la comunidad básica de la sociedad”, “una concepción ética de la política”. Todos ellos se han visto vulnerados al amparar una situación como la del diputado Rincón. La violencia contra las mujeres es claramente contraria a esta inspiración humanista cristiana y en esto no caben dos lecturas.

 ¿De verdad no pudieron hacer más? ¿Y qué harán ahora? ¿Llevarán a Rincón a la reelección como resarcimiento por el mal rato? ¿Realmente estiman que está en condiciones de ser un representante de la ciudadanía y del partido en el Parlamento? ¿Cómo podemos confiar en que, de llegar al Gobierno en las próximas elecciones, serán capaces de luchar contra la violencia de género y de proteger a las víctimas?

Frente a lo sucedido, renuevo aún más la convicción inicial que me llevó a comenzar esta campaña, motivada por una confluencia de razones personales, profesionales y ético-políticas. En este tiempo, he compartido esta inquietud con muchas personas, entre las cuales fue emergiendo un razonamiento que me ha parecido lleno de sentido común y valor: la percepción ciudadana habría sido diferente si el diputado Rincón hubiese mostrado algún grado de arrepentimiento tras lo sucedido.

Cierto, no somos ángeles, podemos errar y también podemos rectificar. Aunque nada justifica lo que hizo, el diputado Rincón, como muchos hombres, probablemente actuó en concordancia con un modelo de socialización patriarcal que ha legitimado la violencia como forma de resolución de conflictos durante siglos, amparando una profunda desigualdad de las mujeres en relación con los hombres. Todo esto es comprensible desde un análisis teórico-conceptual del fenómeno de la violencia hacia las mujeres, pero no sirve como explicación a la ciudadanía, que habría valorado un gesto de arrepentimiento, unido a un compromiso de asumir el tratamiento psicológico al cual fue derivado por decisión judicial.

Pero no. Rincón se ha sentido y ubicado por sobre los dictámenes de la justicia. Desconoce que fue declarado culpable y, además, se niega a someterse a terapia. ¿Qué ciudadano de a pie puede hacer esto? Más aún, con este fallo del tribunal supremo de la DC, su propio partido le da la razón.

Y, pese a todo, el acto de violencia mismo no es responsabilidad de su partido. Es lógico pensar –dadas las altas tasas de prevalencia de la violencia contra las mujeres en Chile que en todos los partidos políticos debe haber situaciones de similar tenor. La diferencia la marca(rá), sin embargo, la respuesta que brinde tanto el propio agresor como la colectividad a la cual pertenece. En este caso, la Democracia Cristiana acaba de manifestar de qué lado está.

La Democracia Cristiana pudo haber sentado un precedente positivo para la política chilena, en términos de haber entregado una señal potente a la ciudadanía respecto de la nula tolerancia ante casos como este, en que no se trata de un rumor, de meras sospechas, de fake news, sino de un dictamen judicial emitido por un tribunal de la república. Esto es papel picado para la DC. Por tal razón, no es posible excluir de responsabilidad a la directiva del partido y, especialmente, a su presidenta, Carolina Goic, quienes le deben al país una explicación clara y de frente, en particular a los miles de mujeres víctimas de violencia de género, partiendo por la propia afectada en este caso.

¿De verdad no pudieron hacer más? ¿Y qué harán ahora? ¿Llevarán a Rincón a la reelección como resarcimiento por el mal rato? ¿Realmente estiman que está en condiciones de ser un representante de la ciudadanía y del partido en el Parlamento? ¿Cómo podemos confiar en que, de llegar al Gobierno en las próximas elecciones, serán capaces de luchar contra la violencia de género y de proteger a las víctimas?

 

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