Igual que los Notarios: eligen a hija de ex juez Calvo y abogada sin experiencia como jueza de Policía Local - El Mostrador

Martes, 12 de diciembre de 2017 Actualizado a las 00:45

Joven integraba terna de la Corte de San Miguel y fue nominada por el alcalde de Talagante

Igual que los Notarios: eligen a hija de ex juez Calvo y abogada sin experiencia como jueza de Policía Local

por 4 agosto, 2017

Igual que los Notarios: eligen a hija de ex juez Calvo y abogada sin experiencia como jueza de Policía Local
El Colegio de Secretarios Abogados de los JPL afirma que la profesional de 28 años no tiene cómo demostrar los méritos que exige la ley para ocupar el cargo que le reportará de por vida más de dos millones de pesos por trabajar medio día tres veces a la semana. En tanto, el alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, defendió su decisión de nombrarla argumentando que ya la conocía y que estaba conforme con su desempeño. El edil sostiene que el verdadero problema es que la normativa para proveer estos cargos es "absolutamente incorrecta". Y considera que"no me pareció la mejor terna que pudo llegar aquí a Talagante, pero eso ya no es responsabilidad mía”.

El lunes último el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aseguró que para la designación de nuevos notarios, las cortes de Apelaciones elaboran ternas con los nombres de quienes cumplen con requisitos como la experiencia, buenas calificaciones y una carrera en el denominado escalafón secundario del Poder Judicial. Pero también admitió que a veces se suman al listado abogados "externos" que, sin cumplir con el estándar, igualmente terminan siendo elegidos por el ministro de Justicia de turno, lo que constituye una señal "no deseable" que se presta para suspicacias por parte de la ciudadanía, ante la posibilidad que exista detrás la intención de beneficiar a ciertas personas en particular.

El proceso es similar al que se aplica para designar a los jueces  de policía local, donde cada vez que se abre una vacante postulan al cargo experimentados secretarios abogados que han dedicado gran parte de su trayectoria a subrogar al propio juez en materias que van desde infracciones de tránsito, patentes de alcoholes, leyes de rentas y del consumidor, hasta asuntos más específicos como las leyes de Pesca y de Bosques, entre otros. Y no es raro que entre los postulantes figuren otros jueces. Estas ternas también son elaboradas por las Cortes de Apelaciones, con la diferencia que la última palabra la tienen los alcaldes de las respectivas comunas, de las cuales dependen administrativamente estos juzgados.

Lo que ha venido sucediendo, sin embargo, es  que de manera recurrente los méritos pasan a segundo plano. Es lo que viene advirtiendo desde hace algún tiempo el Colegio de Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local. Las alertas volvieron a encenderse en los últimos días, tras el nombramiento de Josefa Calvo Olivares como nueva jueza de Policía Local de Talagante. Con 28 años  y a tres años de haberse titulado, accedió a un cargo que a diferencia del resto de las magistraturas no expira al cumplir 75, sino que es de carácter vitalicio con  un sueldo de $2.300.000 por concurrir tres horas tres veces a la semana.

No son pocos quienes atribuyen a ese parentesco su incorporación a la terna, donde competía con la actual secretaria abogado titular del 2° JPL de Vitacura, Natalia Vicuña y con el abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel Diego Munita Luco, quien hace un año era uno de los  15 candidatos a llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema la salida del ministro Pedro Pierry. Y de la terna que elaboró el tribunal de alzada sanmiguelino  -donde Josefa Calvo fue la más votada- quedaron fuera otros secretarios y algunos jueces de vasta experiencia que también postulaban al cargo.

La presidenta del Colegio de Secretarios Abogados de los JPL, Claudia Díaz-Muñoz Bagolini, dijo que es necesario regular estos nombramientos para evitar que personas con poca experiencia sean las encargadas de impartir justicia en los ámbitos de su competencia. Y si bien considera que es urgente que se legisle al respecto, asegura que por ahora sólo bastaría que las cortes de Apelaciones se ciñan a lo que establece de manera concreta la ley 15.231 de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, y específicamente su artículo 4 que reza: “Los Jueces de Policía Local serán designados por la Municipalidad que corresponda, a propuesta en terna de la Corte de Apelaciones respectiva, la cual abrirá un concurso por un plazo no inferior a diez días. Los interesados deberán hacer valer los antecedentes justificativos de sus méritos y poseer los requisitos que se exigen para optar al cargo”.

Sobre el caso particular de Josefa Calvo, Díaz-Muñoz señala que “no hay ningún mérito comprobable para que ella pudiera ser nombrada”, y que su llegada a Talagante “sólo se puede comprender a la luz de que tiene un padre que es ex ministro de la Corte de Apelaciones, que es conocido, que debe conocer a varios también de los que pudieron tener algún tipo de relación con la conformación de esta terna. Y más encima se dio el caso que habían muchos otros profesionales que contaban con todos los requisitos para llegar a ser juez de policía local”.

Otros casos

Al de Talagante se suman otros casos que han sido objeto de críticas, como el nombramiento de la Jueza de Policía Local de La Reina María Pía Letelier Morán, hija del actual ministro del Tribunal Constitucional y ex diputado de la UDI Cristián Letelier. Ella, no obstante, y de acuerdo  a lo que publica el municipio, tiene a su favor el haberse desempeñado anteriormente como secretaria titular en Renca y como directora jurídica en la comuna de Los Andes.

Y seguramente uno de los más recordados es el del abogado Rindolfo Barra, quien asumió como juez de policía local de Mulchén. Su practicamente total desconocimiento de cómo desempeñar sus funciones lo llevó a evitar a toda costa la dictación de sentencias definitivas, para en cambio propiciar  acuerdos entre las partes. Eso duró hasta que le tocó un caso irreconciliable, viéndose obligado a redactar un dictamen que, antes de emitirlo, envió por correo electrónico a una de las partes del litigio para que le hiciera correcciones. Para su desgracia el episodio ocurrido en 2009 se filtró y seis años más tarde el Tribunal Oral Penal de Los Ángeles lo condenó por el delito de prevaricación. Posteriormente la Corte de Apelaciones de Concepción lo removió de sus funciones.

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