El magistrado del 29 Juzgado Civil de Santiago, Matías Franulic condenó a los sostenedores del Colegio «Santa María» de Maipú como responsables por el daño moral provocado a la familia de Arturo Godoy y Susana Calfucura, junto a su hija Nicole de 17 años.
Durante 4 años ellos denunciaron el bullying sostenido y constante del cual era víctima la menor de edad desde que cursaba séptimo básico en ese lugar.
El Colegio Santa María de Maipú debe pagar una indemnización de 20 millones de pesos, tras acreditar una serie de ataques psicológicos por parte de compañeras de curso de la menor, e incluso un episodio de violencia física en contra de Nicole propinado por uno de los padres de las presuntas agresoras, quien la zamarreó.
El fallo asegura que antes que existiera la ley anti-bullyng, «los colegios y adultos encargados están obligados a proteger a los niños de cualquier situación de violencia escolar, mediante la vigilancia adecuada y la adopción de medidas concretas y útiles», dice el dictamen.
Los padres acusaron que su hija era constantemente encerrada en un baño durante los recreos recibiendo amenazas de que iba a ser violada, le enviaban pornografía a su correo electrónico, además de haber sido golpeada en más de una oportunidad, violencia que concluyó cuando el padre de una de las niñas agresoras también lesionó a la madre de la afectada.
Producto de estos años de ser víctima de matonaje escolar, la joven desarrolló una severa depresión, llevándola a bajar mucho de peso, derivando en una anorexia nerviosa, a sufrir crisis de pánico y a incluso intentar suicidarse, .
La violencia escolar se originó por lo celos que le provocó a una alumna de iniciales R.B. que uno de los estudiantes del colegio le pidiera pololeo a Nicole y éste era el niño que le gustaba a la menor de edad agresora.
Así lo reafirmó la abogada demandante, Brenda Pérez Pinto quien resaltó que «acá se tomaron en cuenta las normas generales del derecho civil, ya que nunca los administradores del colegio, ni los profesores hicieron caso de la denuncia de la menor de edad y sus padres. Después interpusimos una querella por lesiones para reafirmar los hechos y la violencia escolar», apunto la jurista.
En todo caso, los dueños del establecimiento pueden recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago impugnando el fallo indemnizatorio que establece 15 millones de pesos para la adolescente, 3,5 millones para su madre y un millón y medio para el padre.
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