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Ripamonti en modo “control de daños”

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Y así, sin más, llegó diciembre. Repletos de noticias y con los candidatos a la presidencia, Jeanette Jara (PC) y José Antonio Kast (PRCh), jugándose sus últimas cartas. Este domingo en Viña del Mar, acompañada de la alcaldesa Macarena Ripamonti y del gobernador Rodrigo Mundaca, Jara inició su campaña para la segunda vuelta presidencial. La idea será entregar «un mensaje clarito», dijo el sábado su vocero Francisco Vidal, sobre su propuesta de gobierno: que “la gente llegue a fin de mes sin pedir prestado, sin pedir crédito, sin pedir tarjeta”.

  • Por el lado de Kast, parlamentarios y dirigentes regionales del Partido Republicano y Chile Vamos también se reunieron para coordinar lo que resta de campaña. La estrategia consistirá en un fuerte despliegue territorial y en transmitir su compromiso contra la delincuencia, además de “combatir” las fake news del equipo de Jara -dijeron- que buscarían engañar sobre el plan de gobierno del líder republicano, “como ha ocurrido en las últimas semanas con la PGU y su supuesta eliminación”.

Uno de los diputados electos por la zona, el excarabinero Sebastián Zamora (PRCh), también hizo noticia en los últimos días, al publicar una historia de Instagram donde aparecía un grupo de policías con la frase «Mis cursos y yo esperando que gane Kast para salir a limpiar las calles». ¿A qué se habrá referido? Más allá de la controvertida promesa que en principio sugiere excesos, Kast salió a respaldar al excabo Zamora: “Vamos a ir a las aduanas, a las carreteras, vamos a ir en contra de las casas narcos, siempre dentro del marco de la ley”.

  • En fin. “La primavera es breve / a ambos lados del camino”, dice un verso de Blanca Varela. A Jara y a Kast les queda poco tiempo para convencer a los indecisos (sobre todo a Jara, quien aparece peor posicionada en las encuestas). Quedan, exactamente, 13 días para las elecciones.

Dicho esto, ¿qué trae la edición N°39 (sí, ¡39!) de Aquí Valparaíso?

  • Medio complicados están en el municipio de Viña del Mar. La administración de Macarena Ripamonti rectificó una respuesta entregada por Transparencia en medio del recurso de protección presentado por trabajadores de la APS, al afirmar ahora que los documentos destruidos por la corporación no estaban vinculados a las escalas de remuneraciones.
  • Este jueves vence el plazo para cumplir el fallo de la Corte Suprema que ordena el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio, donde viven más de 10.000 personas. El municipio ha habilitado un albergue temporal en el Colegio España, mientras el Gobierno se alista para ejecutar la sentencia.
  • Caso Convenios: el CDE presentó cuatro nuevas querellas criminales: una de ellas fue ingresada en Valparaíso y apunta al director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín y al exdirector del Serviu, Tomás Ochoa, a quienes acusa de fraude al fisco por la suscripción de convenios que habrían permitido desviar fondos públicos destinados a proyectos habitacionales para campamentos en Villa Alemana.
  • Comenzó el juicio oral contra el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex-UDI), en el marco de una acusación por malversación de fondos públicos y lavado de activos. Junto a él, están imputados su pareja, Belén Carrasco, y su hermano, Sixto Carrasco, por un desfalco que asciende a más de $1.163 millones, que implican transferencias irregulares de recursos municipales.
  • El Ministerio del Medio Ambiente declaró 1,54 hectáreas de la Quebrada Rodelillo, en Viña del Mar, como el “Humedal Urbano Kan Kan”. El reconocimiento busca garantizar la conservación y protección de este ecosistema, el cual contribuye -entre otras cosas- a la mitigación del cambio climático.

Antes de comenzar, recuerda que los lunes a las 15:00 nos pasamos al formato radial y revisamos las noticias de este newsletter por Radio Valentín Letelier. Sintoniza la señal online o la 97.3 FM.

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Viña del Mar rectifica respuesta entregada por Transparencia: no eliminó documentos sobre sueldos de trabajadores

28-11-2025. La alcaldesa Macarena Ripamonti. Foto: captura de pantalla.

La denuncia interpuesta por los trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS) en contra de la Municipalidad de Viña del Mar por la rebaja “ilegal” de sus salarios ha sido, en palabras del concejal Alejandro Aguilera (FA), una de las situaciones “más complejas que nos ha tocado abordar”. La frase la deslizó el viernes en la sesión extraordinaria de Concejo Municipal, convocada por la alcaldesa y presidenta del directorio de la Corporación Municipal, Macarena Ripamonti (FA).

  • Control de daños. La cita tenía como objetivo tratar “la gravedad de las inquietudes planteadas en medios de comunicación local respecto de la información entregada a los concejales para la tramitación de la tabla base de remuneraciones APS”. El lunes pasado Aquí Valparaíso exhibió antecedentes que presentaron los trabajadores a la Corte y pusieron en entredicho a Ripamonti: una tabla de sueldos de 1996 -que el municipio niega que existe- y la destrucción masiva de documentos, entre ellos, acuerdos suscritos entre la Corporación Municipal (CMVM) y los gremios.

¿Por qué son importantes? Porque el municipio ha defendido la rebaja de salarios sobre la base de dos argumentos: primero, que no existía una escala salarial previa a la aprobada en julio por el Concejo Municipal (por lo que el pago de sueldos se realizaba de forma irregular). Y segundo, que los trabajadores de la APS no tienen derechos adquiridos, pues para ellos no aplica el Código del Trabajo; por lo que, en palabras simples, aunque hayan existido acuerdos para modificar sus salarios, estos no tendrían validez legal.

Corporación rectifica respuesta entregada por Ley de Transparencia

28-11-2025. El director jurídico de la CMVM, Xavier Palominos, y su gerenta general, Camila Brito.

En la sesión extraordinaria, el administrador municipal, Erick Layana, dijo que era “falso” que el municipio y su Corporación hubiesen destruido información u ocultado documentos “para engañar a la justicia y al Concejo Municipal”. Y la gerenta general de la CMVM, Camila Brito (hermana del diputado Jorge Brito), aseguró que en el proceso de destrucción masiva de documentos, ordenado por ella a principios de mayo, no se eliminó “nada asociado a la tabla de sueldos base de la APS o algún reglamento que la dicte”.

  • Lo señalado por Brito difiere de lo informado hasta el lunes pasado por la Unidad de Transparencia de la Corporación Municipal. Recordemos que el 25 de septiembre la CMVM respondió a una solicitud de información pública presentada por Tomás Palacios -abogado de los trabajadores- indicando que “no fue posible encontrar” los acuerdos suscritos por el gerente o el directorio respecto de modificaciones a los salarios en la APS (1995-2025), debido a que “se dieron de baja de inventario una serie de documentos”.

Lo dicho por la gerenta, en todo caso, ahora sí tiene asidero, pues el 24 de noviembre el encargado de la Unidad de Transparencia, Patricio Cortés, rectificó la respuesta otorgada a Palacios y señaló todo lo contrario: que ninguno de los informes destruidos por la CMVM estaría relacionado con los sueldos de los trabajadores.

  • En específico, la Corporación señaló que tras una revisión exhaustiva de los antecedentes, incluyendo la certificación adjunta de la Jefa del Departamento de Auditoría Interna (Carmina Muñoz), se ha verificado que la Resolución N°255/25, su acta y anexos no guardan ninguna relación con los documentos solicitados por usted, esto es, los acuerdos suscritos entre las asociaciones de funcionarios con los gerentes generales de la época de aumento o reajuste de remuneraciones de funcionarios municipales de atención primaria de salud”.

El certificado de Muñoz fue exhibido en la sesión extraordinaria del viernes. Se trata de la misma funcionaria que estuvo a cargo de la destrucción de documentos y quien firmó el acta de eliminación a principios de mayo. Seis meses después del hecho, el pasado martes 25 de noviembre, declaró que “ninguno de los documentos contenidos en los anexos del acta de la resolución N° 255/2025 se encontraría relacionados con las remuneraciones y/o escala de sueldos base del personal APS”.

  • “Si uno lee la resolución puede ver dentro de las cinco hojas que se adjuntan cada detalle de cada documento que fue dado de baja. No hay nada asociado con sueldos base de APS”, dijo Brito ante el Concejo Municipal.

Sin embargo, al revisar el anexo N°01 del acta de eliminación, y el listado de 192 vouchers contables y 526 documentos destruidos, se advierte que 13 están caratulados como “Jurídico varios documentos”, 12 como “Remuneraciones”, 9 como “Varios salud”, 4 como “Varios resoluciones”, 5 como “Varios Gerencia General”, 10 como “Varios Contratos Auditoría Interna”, 6 como “Varios Auditoría Interna”, 1 como “Documentos varios sueltos” (años “Varios”) y 5 como “Informes Auditoría Interna”.

Municipio insiste en inexistencia de tabla de sueldos previa

En referencia a la tabla de sueldos de enero de 1996 que encontró el abogado Palacios en los libros de actas del Concejo Municipal, el director director jurídico del municipio, Felipe Cornejo, aseguró que “ni en el municipio ni en la Corporación existe ese reglamento”.

  • Pese a este hallazgo, el viernes 28 de noviembre el secretario municipal (s) Jorge Collado certificó que luego de buscar en los archivos de la Secretaría Municipal, “no se encontró el reglamento de carrera funcionaria de los trabajadores de APS”.

El sábado, el municipio adjuntó el certificado de Collado al tribunal. Para Palacios, el documento es contradictorio pues Collado “dice que no encontró, pero el reglamento existe y nosotros lo acompañamos al juicio. El abogado que lo presentó a la Corte sabe que el reglamento -que supuestamente el secretario no encontró- sí existe y fue aprobado en el acuerdo de enero 1996. Se trata de la modificación al reglamento de la carrera funcionaria, por tanto, es parte del reglamento”.

  • El Mostrador solicitó entrevista con la alcaldesa y con la gerenta general para abordar el tema; sin embargo, no hubo respuesta.
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Este jueves vence el plazo para el desalojo de la megatoma de San Antonio

24-11-2024- Cerro Centinela. Foto: Sócrates Orellana / Uno Noticias.

Este jueves vence el plazo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso otorgó el pasado 4 de noviembre al municipio de San Antonio y a los ministerios del Interior, Seguridad, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social para cumplir el fallo de la Corte Suprema (2024), que ordena desalojar la megatoma del Cerro Centinela -donde se estima que viven 10.251 personas- e implementar un albergue transitorio.

  • Dicha sentencia confirmó lo que ya había resuelto el tribunal de alzada en 2023: exigir a los pobladores «hacer abandono» de los terrenos de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio. En caso de oposición, instruyó «el desalojo inmediato, con auxilio de la fuerza pública».

El municipio de San Antonio informó que habilitará el gimnasio del Colegio España como albergue temporal, con capacidad para recibir a 50 familias por día. “El espacio ofrece condiciones seguras y adecuadas, y su uso no interferirá con el desarrollo académico al operar durante la temporada estival”, señaló la administración comunal. Además, los ministerios involucrados y el alcalde Omar Vera deberán “conducir el apoyo social y operativo a las familias”. La Defensoría de la Niñez indicó que ya han capacitado a funcionarios en estándares de derechos humanos.

  • Desde la inmobiliaria esperan que el fallo se cumpla este 4 de diciembre e informaron que ya contrataron maquinaria para el movimiento de tierra y cuentan con las rejas necesarias para ejecutar el cierre perimetral. Asimismo, señalan que el plan de desalojo de la Delegación Presidencial Regional (DPR) estaría muy avanzado y que ya se definió el punto de inicio, aunque no pudieron adelantar más detalles.

Tal como se ha dicho, el Gobierno cumplirá con lo dictaminado dentro de los plazos planteados por la Corte. Respecto al plan específico y sus detalles serán entregados oportunamente a la justicia, los organismos pertinentes y los habitantes actuales del Cerro Centinela”, informó el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), a Aquí Valparaíso.

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CDE interpone querella contra el exdirector del Serviu por convenio con ProCultura

21-01-2020. Tomás Ochoa. Foto: Leonardo Rubilar / AgenciaUno.

El lunes pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso cuatro nuevas querellas criminales en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Ñuble y Biobío, en contra de Alberto Larraín Salas, director ejecutivo de la fundación ProCultura, y María Constanza Gómez Cruz, representante legal de la entidad. Esto, en el marco del análisis de los antecedentes de la investigación penal que encabeza el Ministerio Público.

  • En Valparaíso, la querella está dirigida contra el exdirector del Serviu, Tomás Ochoa Capelli, y uno de los directores de ProCultura, Gonzalo Chacón Labbé, como autores del delito de fraude al fisco. Ambos habrían participado -junto a Larraín y Gómez- en la suscripción de dos convenios de transferencia de recursos públicos: uno entre el Minvu y ProCultura  (Programa de Asentamientos Precarios) y otro entre ProCultura y la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada.

El primero fue suscrito en 2022 entre la Seremi Minvu, el Serviu y ProCultura, y buscaba financiar el desarrollo de proyectos para mejorar la situación habitacional de personas en campamentos. Específicamente, de los asentamientos Lomas de BellavistaManzana 33 y Las Viñas de Irene Frei en la comuna de Villa Alemana. Sin embargo, aunque la fundación debía elaborar diseños definitivos y crear expedientes de expropiación, esta no cumplió con las condiciones pactadas, lo que motivó la investigación.

  • El segundo fue un contrato entre ProCultura y la empresa Asesorías Profesionales en Gestión Inmobiliaria y Construcción Limitada para ejecutar una parte del mismo proyecto.

En específico, la querella señala que Ochoa, como director regional del Serviu, desempeñó un papel central en la gestión de los fondos públicos. Su implicación incluiría la autorización y solicitud de transferencias de recursos, a pesar de que sabía o “debía haber sabido” que ProCultura no tenía las competencias necesarias para ejecutar los trabajos.

  • Chacón, por su parte, en su calidad de director general de Proyectos de ProCultura, también jugó un rol crucial en la ejecución del convenio, participando en reuniones clave y en la formulación de propuestas y presupuestos. A pesar de que la fundación no contaba con la capacidad técnica para realizar las tareas asignadas, colaboró igualmente en la firma del convenio y en la contratación de terceros.

Ambos habrían participado en un esquema que desvió recursos públicos bajo la falsa premisa de que la fundación ProCultura tenía la capacidad para ejecutar el proyecto, lo que terminó provocando un daño patrimonial al Estado.


Un mensaje de la Universidad de Valparaíso

Instituto Milenio CINV recibió reconocimiento en encuentro que reunió al ecosistema científico y productivo de la región de Valparaíso

El Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso destacó en Horizonte CTCI, encuentro organizado por la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Valparaíso con el propósito de fortalecer las capacidades regionales y proyectar la ciencia y la innovación hacia nuevos desafíos.

La actividad reunió a universidades, centros de investigación, asociaciones gremiales y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico, en un espacio orientado a reconocer el trabajo de los equipos adjudicados en el Concurso de Institutos Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

El encuentro congregó a actores estratégicos del ámbito académico, tecnológico e industrial, entre ellos la UV, UTFSM, PUCV, CCTVAL, AC3E, Creas, Asiva, Cámara Regional de Comercio, Cámara Chilena de la Construcción, Nodo CIV-VAL, Programa Explora Valparaíso, Centro Nacional de Supercómputo e IA Aplicada, EIVA, Centro SET y Corfo Valparaíso.

El seremi de CTCI, Rodrigo González, subrayó la importancia de articular la ciencia con el sector productivo. “Hoy entendemos que si la ciencia no transforma, no se escala y no se difunde, no sirve. (…) Nos enorgullece que cinco centros de investigación estén instalados en la región de Valparaíso y que contemos con un ecosistema sólido, con vínculos robustos entre la academia y el sector productivo. (…) Reafirmamos nuestra convicción de que, en un futuro cercano, los desafíos de innovación del país podrán resolverse desde nuestra región gracias a la ciencia que aquí se desarrolla”.

La vicerrectora de Investigación e Innovación de la UV, Marcela Alviña, resaltó la relevancia de la colaboración interinstitucional: “Para nosotros es motivo de celebración ver cómo el conocimiento se transfiere hacia el entorno para impulsar la investigación aplicada y la innovación”.


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Inicia juicio oral contra exalcalde de Algarrobo (ex-UDI) por malversación de fondos públicos

22-04-2024. Abajo, José Luis Yáñez. Foto: Sócrates Orellana / AgenciaUno.

El martes pasado comenzó el juicio oral contra José Luis Yáñez (ex-UDI), exalcalde de Algarrobo, quien enfrenta cargos por malversación de fondos públicos y lavado de activos. Junto a él están imputados su pareja, Belén Carrasco Serrano, y el hermano de esta, Sixto Carrasco Serrano. Los tres están acusados de un desfalco de más de $1.163 millones de pesos, que involucró transferencias irregulares de dinero desde el municipio hacia personas ajenas a la administración municipal.

  • Según la investigación liderada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, Yáñez y Carrasco, quien se desempeñó como extesorera municipal, habrían sustraído fondos públicos mediante la manipulación de nóminas de pago. La acusación señala que ambos, abusando de sus cargos, desviaron dinero del municipio para entregárselo a personas sin vínculo laboral con la municipalidad, configurando un fraude al fisco. Sixto Carrasco, por su parte, actuó como cómplice al contactar y reclutar a los testaferros que recibieron los pagos indebidos.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados intentó desvirtuar los cargos, alegando que Belén Carrasco no ocupaba oficialmente el cargo de tesorera. Sin embargo, el fiscal Claudio Rebeco refutó esta afirmación, argumentando que, aunque no fuera tesorera formalmente, Carrasco cumplía con todas las funciones inherentes al cargo y, por lo tanto, tenía bajo su responsabilidad el manejo de los fondos municipales.

  • El Ministerio Público solicitó penas de 20 años de prisión para Yáñez y Belén Carrasco por malversación de fondos públicos y lavado de activos. También se pidieron multas millonarias y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Para Sixto Carrasco -quien se autodenunció y colaboró con la investigación- la Fiscalía pidió una pena de 12 años de presidio, junto a una multa e inhabilitación para desempeñar funciones públicas.

Se estima que los alegatos de clausura se concreten durante la próxima semana.

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MMA protege 1,54 hectáreas de la Quebrada Rodelillo como Humedal Urbano Kan Kan

Foto: MMA.

A través de una resolución exenta, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) declaró 1,54 hectáreas de la Quebrada Rodelillo de Viña del Mar como “Humedal Urbano Kan Kan”. La microcuenca forma parte del Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto.

  • Se trata del tercer reconocimiento, regido por la ley 22.202, en la comuna de Viña del Mar, la 26° en la región y la 139° a nivel nacional. Según se ha señalado, “este humedal urbano contribuye a la comunidad a través de importantes servicios ecosistémicos”, como la mitigación del cambio climático, regulación de inundaciones, desaceleración de flujos, depuración de aguas, mantenimiento de ecosistemas, provisión de plantas con fines medicinales y nutricionales, entre otros.

La normativa “busca asegurar la protección de los humedales que se encuentren total o parcialmente dentro del radio urbano, declarados por MMA bajo la figura de ‘humedal urbano’, de oficio o a petición de los municipios”. Asimismo, otorga a las municipalidades herramientas concretas para protegerlos, a través de ordenanzas “y la postergación de permisos de subdivisión predial, loteo, urbanización y de construcciones”dice el ministerio en su página web.

  • La ley también establece que los humedales urbanos deben ser incluidos en los instrumentos de planificación territorial a toda escala como “área de protección de valor natural”. 

La fauna del Humedal Urbano Kan Kan está conformada por múltiples especies, como el churrete, el cometocino de gay, el peuco, la golondrina chilena, el degú, la rana chilena y el gato guiña. La vegetación de la quebrada, en tanto, corresponde a un bosque esclerófilo mediterráneo costero, donde destaca el litre, el peumo y la majestuosa palma chilena.

  • En la ceremonia de lanzamiento, realizada el viernes, participó la ministra Maisa Rojas, el seremi Álex Galleguillos (FA), el senador Juan Ignacio Latorre (FA), la consejera regional Tania Valenzuela (FA) e integrantes de la comunidad organizada, entre ellos, la representante de la agrupación Parque Natural Kan-Kan, Carolina Díaz, quien destacó la declaratoria como «un triunfo para las comunidades que valoran el cuidado de estos ecosistemas. Es muy relevante vincularnos con la naturaleza porque hacerlo es cuidar de nosotros mismos”

¿Dudas, comentarios? Escríbeme a aquivalparaiso@elmostrador.cl.


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