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Hacia una Constitución Feminista

por 6 mayo, 2021

Hacia una Constitución Feminista
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El proceso constituyente que transitamos tiene una identidad definida y que no debemos soslayar: proviene -como nunca antes ha ocurrido en Chile- de la ciudadanía. Es un proceso reclamado por la misma ciudadanía, al cual la institucionalidad política ha dado cauce, pero su génesis y contenidos están enraizados en los movimientos sociales que se manifestaron desde octubre de 2019 y que existen desde mucho antes demandando educación gratuita, mejor sistema de salud, educación no sexista, y contra las AFP. Su origen responde a un malestar añoso, acuñado en los entresijos de una economía neoliberal de apariencia pujante: el malestar por la desigualdad.

Chile es un país desigual en muchos planos y por muchas razones. Es el poder, en sentido amplio, el que se distribuye desigualmente en la sociedad. La proyección más extendida, transversal e intensa de aquello, es la diferencia de poder que existe entre hombres y mujeres, lo que logró ser el catalizador de las movilizaciones de la “Ola Feminista” desde 2017 y que ha conquistado decidido protagonismo hasta hoy en todas las áreas de nuestra sociedad.

La Constitución debe proteger y resguardar a todas las familias y debe hacerlo asumiendo que la división sexual del trabajo ha soslayado el trabajo fundamental que las mujeres dedican al cuidado en el contexto de la familia.

Aclararemos primero que no es un problema de minorías, ni de temas menores. El último censo de 2017 contabilizó a la población femenina en un 51,1% del país y a la masculina en un 48,9%. De hecho, esta correlación poblacional se ha mantenido estable desde 1960. Entonces, ¿Cómo explicamos que en nuestra historia sólo hayamos tenido una sola Presidenta?, ¿Cómo explicamos que en el actual Congreso, y luego de haberse aplicado una ley de cuotas, la participación femenina no supere un 24%?, ¿Cómo explicamos que entre 1823 y 2020 en la Corte Suprema se hayan nombrado 216 ministros y sólo 11 ministras?, ¿Cómo explicamos que la participación de mujeres en alta dirección y gerencia en Chile alcance sólo un 8,2%?, ¿Por qué en Chile las mujeres ganan un 27% menos que los hombres por el mismo trabajo?, ¿Por qué la tasa de reemplazo de las pensiones en Chile es de un 44% para hombres y de un 19% para mujeres, ¿Por qué las mujeres destinan 2.5 veces más tiempo que los hombres a los trabajos no remunerados del hogar?

Las mujeres históricamente, en Chile y el mundo, constituyen un grupo relegado, discriminado, postergado e invisibilizado en todos los sentidos posibles. Todas las demás causas de vulnerabilidad -condición socioeconómica, etnia, edad o la que se analice- se potencian con el género, lo que genera situaciones de discriminación interseccional y deja a las mujeres como el grupo más vulnerable de entre los vulnerables. Tomando cualquiera de las posibles variables, las mujeres siempre son las más desfavorecidas en la distribución del poder social, esto es producto de la razón más básica que es la asignación sexual de roles en la sociedad. Lo anterior se acentúa en que las mujeres han debido dedicarse históricamente a lo doméstico, al cuidado, a lo privado, mientras que los hombres, a lo productivo y a lo público, por lo tanto esta es la base de la estructura de dominación que sostiene la distribución desigual del poder en Chile y en el mundo.

La experiencia de la Convención Constituyente nos pone en un escenario completamente nuevo como sociedad, pues por primera vez en nuestra historia -y de hecho, en el mundo- un órgano constituyente estará compuesto por la misma cantidad de hombres que de mujeres. El órgano que redactará el texto fundamental de nuestro sistema jurídico-político contará por fin con la representación adecuada y justa de esta (más de la) mitad de la sociedad que somos las mujeres.

El proceso está cargado de expectativas, por lo que no es una exageración afirmar que el mundo mira con atención y en muchos casos, con esperanza el proceso chileno: un proceso constituyente genéticamente ciudadano, paritario en la correlación de género y que se ha organizado a través de la institucionalidad democrática. Estas características nos transforman en pioneros en un contexto político mundial enrarecido.

Si el proceso será paritario es razonable tener expectativas elevadas sobre qué puede significar para la igualdad de las mujeres. Una Constitución escrita en estas condiciones debe ser una Constitución Feminista, y conviene acá expresar lo que, en todo caso, es una obviedad: una Constitución Feminista no implica bajo ningún concepto dotar a las mujeres de una posición jurídica superior a la de los hombres. Sino que se trata de igualar los derechos de hombres y mujeres en el contexto de una realidad desigual y discriminatoria hacia nosotras. Creemos, para ese efecto, que las cifras entregadas al comienzo de este texto dan cuenta fehaciente de tal realidad

Dicho lo obvio, aclaremos también que todas las materias de una Constitución pueden formularse conforme a la perspectiva de género y por esa razon una Constitución Feminista no se restringe solo a cuestiones tradicionalmente vinculadas con las mujeres. Sin perjuicio de lo anterior, creemos que los siguientes tres aspectos son esenciales en nuestro contexto.

Una primera expectativa razonable que recae en la Nueva Constitución, es que establezca una norma que asegure la igualdad material y no sólo formal entre hombres y mujeres, ya sea potenciando esta diferencia o incluyendo expresamente como principio rector de esta nueva Carta Fundamental la igualdad de género. Esta modificación es trascendental, pues superaría la actual visión formalista de la Constitución y se situaría en el plano de la realidad, verificando que la igualdad no se encuentre sólo en el texto, sino también en los hechos que en su mayoría son muy distintos a la igualdad en papel. Permitiría además al Estado, asumir una conducta activa y promotora en la remoción de los obstáculos de cualquier índole que impidan a las mujeres detentar y gozar de sus derechos de la misma manera que los hombres, que en su mayoría se encuentra en otros textos legales de menor jerarquía como la sociedad conyugal en el Código Civil, las condiciones laborales en el ámbito del trabajo y los procedimientos penales sobre Violencia Intrafamiliar.

Como segunda expectativa, la Nueva Constitución debe tratar a la familia como el entorno de protección y cuidado de las personas que se basa en relaciones de afecto, resguardando la libertad más absoluta en su configuración. La Constitución debe proteger y resguardar a todas las familias y debe hacerlo asumiendo que la división sexual del trabajo ha soslayado el trabajo fundamental que las mujeres dedican al cuidado en el contexto de la familia. Desde los sistemas político-económicos marxistas a los neoliberales, pasando por todas las modalidades de socialdemocracia y liberalismos variados, han descansado sobre una mano de obra no remunerada y sin derecho a descanso. Las mujeres han entregado su trabajo de forma gratuita al desarrollo de las sociedades de todo tipo, trabajo que además ha sido históricamente menospreciado, relegado y definido como una proyección de unas supuestas condicionantes naturales o roles biológicos que les pertenece.

En un tercer elemento, vemos que la base de la dominación que subyace a la discriminación de las mujeres tiene un componente que corrompe el propio contrato social en su expresión más básica: la violencia contra las mujeres, por el sólo hecho de serlo. En Chile, entre 2010 y 2018 se han registrado 711 femicidios. En 2019, 46 consumados y 108 frustrados. En 2020, 43 consumados y 151 frustrados. En lo que va de 2021 se registran 9 femicidios consumados y 31 frustrados. En el mundo, según cifras de ONU Mujeres, en el mundo 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual durante su vida, en muchos casos, desde muy jóvenes. La violencia de género es precisamente una proyección de una estructura de poder desigual. Es por eso que una Nueva Constitución debe garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y debe estructurar un sistema de derechos que es ineficiente, insuficiente y roto, principalmente en materia de derechos sociales, que rompan con los contextos de dominación, por ejemplo, en el plano económico y de protección a las víctimas de este tipo de violencia.

Chile ha ratificado algunos de los tratados internacionales más importantes sobre derechos de las mujeres, como la CEDAW y el Convenio de Belem Do Para, los cuales tienen entre sus objetivos los tres puntos mencionados, y que hoy tenemos la posibilidad de cumplir. La desigualdad, la invisibilidad y la desprotección de la mujer en nuestro país ha quedado de manifiesto en varias recomendaciones de estos mismos organismos y tal como nuestros derechos, estas han sido ignoradas por el Estado de Chile.

Si bien estos tres aspectos son las manifestaciones que consideramos más concretas de las expectativas que recaen en el órgano constituyente y en la Nueva Constitución, la expectativa principal, tanto en el procedimiento como en el resultado, es que al menos se inicie el camino para subvertir las lógicas de distribución de poder social, político y económico entre hombres y mujeres en Chile y que no sea sólo esta vez sin nosotras, sino realmente, nunca más sin nosotras.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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