La República comienza a perderse en el municipio

La legitimidad de un Estado no se recupera únicamente mediante grandes reformas ni solemnes discursos. Comienza allí donde el ciudadano encuentra por primera vez al Estado: en el municipio. Ese es su primer rostro. Si inspira confianza, la autoridad se fortalece. Si inspira sospecha, la desconfianza se extiende a todo el entramado institucional.

Por eso inquieta la repetición casi mecánica de escándalos municipales. No vale la pena enumerarlos. La lista es demasiado larga y demasiado conocida. Lo preocupante no son los casos aislados, sino la impresión de que esa corrupción ha adquirido carácter orgánico. Allí donde debiera existir el mayor cuidado por los recursos públicos, aparecen contrataciones de funcionarios sin mérito suficiente, remuneraciones desproporcionadas, opacidad, desorden y un alarmante deterioro institucional.

Las corporaciones culturales representan un caso especialmente delicado de descomposición. Administran patrimonios materiales y simbólicos. Su misión consiste en custodiar bienes que pertenecen a la comunidad y en fortalecer la vida cívica. Sin embargo, en no pocos casos, ellas terminan operando como especie de brazo operativo para el uso y distribución de recursos públicos con fines distintos a los que justifican su existencia.

Los principios, sin embargo, sólo adquieren realidad cuando se confrontan con los hechos. Y los hechos, en este caso, invitan a inquietarse.

El caso de la Corporación Cultural de Las Condes merece especial atención. No porque sea necesariamente el peor, sino porque pertenece a uno de los municipios más importantes y ricos del país. Ya existían antecedentes escandalosos. Hoy persisten indicios que permiten sospechar fundadamente que las irregularidades continúan y comprometen recursos públicos por miles de millones de pesos.

La corporación registra ingresos cercanos a $7.000 millones anuales, declara alrededor de 100 funcionarios y destina más de $2.700 millones a remuneraciones. El sueldo promedio supera los $2.250.000 mensuales por trabajador. Como toda organización posee una estructura jerárquica, cabe preguntarse cuáles son las remuneraciones efectivas de sus altos cargos.

El Pueblito de Artesanos de Los Dominicos ofrece otro ejemplo inquietante. El recinto se arrienda por aproximadamente $22,5 millones mensuales y los arriendos de los artesanos prácticamente cubren ese monto. Sin embargo, la corporación le asigna además $625 millones anuales. ¿Cuál es el destino de esos recursos, cuando se sostiene que el pueblito no logra financiarse?

A ello se suma el llamado “museo de cera”, de discutible utilidad pública. Funciona en un inmueble arrendado por la corporación, cobra entrada, no paga por el uso del local y, además, recibe $156 millones anuales de financiamiento municipal.

Diversos dirigentes de los artesanos denuncian haber solicitado reiteradamente información sobre estos recursos y las remuneraciones de los altos funcionarios. La Corporación se ha negado sistemáticamente a transparentar esos antecedentes, conocidos principalmente vía Consejo para la Transparencia.

La transparencia no es una concesión graciosa de la autoridad. Es una obligación inherente al ejercicio del poder. Administrar dineros públicos significa administrar recursos destinados al bien común. Y exige rendir cuentas.

Allí donde la información se oculta, sospechar pasa a convertirse en un deber cívico.

Si esto ocurre en una de las comunas más pujantes del país, gobernada además por una administración que prometió erradicar las malas prácticas, la inquietud inevitable es qué sucede en los demás municipios del país.

Chile necesita recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones. La recuperación empieza allí donde el Estado toca diariamente la vida de sus ciudadanos: en el municipio.

Si ese primer vínculo permanece capturado por la opacidad, el favoritismo, designaciones políticas carentes de mérito suficiente y la sospecha de corrupción, ninguna promesa de regeneración nacional pasará de ser declaración retórica. La nación se reconstruye desde sus bases territoriales.