BRAGA
Desde Aprofa, aseguran que el rol del Estado se basa en generar controles de calidad de pastillas, así como ampliar el marco legal de la interrupción voluntaria del embarazo cuando una persona gestante se ve afectada por las fallas. Esto debido a que, tras tales situaciones “no se ha generado una acción reparatoria a las personas que, en algunos casos, sufrieron una gestación no planificada”.
Durante 2020 y 2021 hubo una serie de fallas en los lotes de pastillas anticonceptivas de diversos laboratorios de nuestro país. Asimismo, en 2022, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) informó sobre defectos en la calidad de preservativos de pene, además de los anticonceptivos orales.
En marzo del año pasado, el ISP suspendió una línea de envasado de productos hormonales. Esta medida se adoptó luego de identificar riesgos asociados a la falta de garantía de calidad respecto del proceso de envasado de anticonceptivos, los cuales fueron retirados del mercado farmacéutico.
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Cabe señalar que a nivel mundial, el 16% de las mujeres utiliza métodos anticonceptivos orales, mientras que en Chile la cifra se eleva al 22%. Además, de acuerdo a los ensayos clínicos, existe un 0,3% de probabilidades de falla.
Según declaró el ISP, se constató las fallas en el proceso de manufactura de productos farmacéuticos, que impactó en la calidad de los productos y con ello su efectividad.
Luego, en octubre del 2022, la entidad pública informó sobre la existencia de 46 lotes de preservativos de pene de látex afectados, de los cuales se habían comprobado que cinco lotes presentaban defectos en su calidad. Es por esto que todos fueron retirados del mercado.
Desde Aprofa aseguran que “la entrega o venta de un anticonceptivo y/o preservativo defectuoso representa una falta directa a los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”. Además, desde la organización destacan la importancia de incrementar controles de calidad para resguardar estos derechos.
“Las fallas dan cuenta de lo relegada que se encuentra la salud sexual y reproductiva aún en nuestro país. No contar con la seguridad en términos de acceso a anticoncepción moderna, información verídica y educación integral de la sexualidad, constituye una barrera en relación al avance en materia de derechos”, agregaron.
Respecto a la labor del Estado, la organización indica que “se le ha recomendado, entre otras medidas, generar un control de calidad de pastillas anticonceptivas y ampliar el marco legal en materia de interrupción del embarazo”. Esto debido a que, tras los eventos mencionados, “no se ha generado una acción reparatoria a las personas que, en algunos casos, sufrieron una gestación no planificada”.
Por último, destacan la importancia vital de políticas públicas que implementen un plan de Educación Sexual Integral para que las personas reconozcan sus derechos, garantizando el acceso a información en materia de salud sexual y reproductiva.
