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Créditos: Cedida.
De Tailandia a Colombia: 2025 marca hitos en matrimonio igualitario y fin de uniones infantiles
2025 marcó avances en derechos humanos pese a un escenario global tensionado. Tailandia estrenó matrimonio igualitario, Italia tipificó feminicidio con pena de perpetua, y Colombia y Bolivia prohibieron el matrimonio infantil sin excepciones. La ciudadanía impulsó los cambios.
El 2025 se consolidó como un año bisagra para los derechos humanos, con avances que trascendieron lo legal para instalar debates sociales de largo aliento. En distintas latitudes, reformas impulsadas por la ciudadanía y respaldadas por los Estados ampliaron libertades, reforzaron la protección de grupos históricamente vulnerados y enviaron un mensaje inequívoco: la igualdad y la dignidad humana siguen en el centro de la conversación global. Todo esto, además, en un escenario internacional tensionado, marcado por retrocesos en derechos civiles en algunos países y por ofensivas políticas contra las diversidades, la autonomía de las mujeres y la protección de la infancia.
Pese a ese contexto adverso, naciones de Asia y América Latina empujaron cambios estructurales que marcaron la agenda. Tailandia abrió el matrimonio a parejas del mismo sexo; Italia reconoció el feminicidio como delito autónomo con pena máxima; y Colombia y Bolivia eliminaron excepciones legales para prohibir el matrimonio infantil. Más allá de cada legislación, organismos como Naciones Unidas, la UNESCO y plataformas activistas regionales subrayaron que estos hitos fortalecen la participación democrática, amplían el reconocimiento social de las diversidades afectivas, y reafirman la urgencia de prevenir la violencia de género y proteger el derecho de niñas y adolescentes a un desarrollo libre de coerción. Los avances, coinciden especialistas, también tensionan a los países vecinos a revisar sus marcos normativos y muestran el impacto de la movilización social como motor de cambio institucional en el siglo XXI.
Tailandia marca un hito en derechos LGBTIQ+
En una jornada que marcó un antes y un después en el sudeste asiático, Tailandia oficializó el 23 de enero de 2025 la entrada en vigor del matrimonio igualitario, convirtiéndose en el primer país de la región en reconocer legalmente la unión entre parejas del mismo sexo. La reforma, aprobada por el Parlamento en 2024 con un respaldo transversal y promulgada por el rey Rama X, coronó años de debate público, fallos judiciales favorables y una persistente movilización del activismo LGBTIQ+ tailandés, que empujó el cambio desde las calles hasta las instituciones.
El impacto fue inmediato y simbólico: más de 1.800 parejas formalizaron su matrimonio el mismo día, en ceremonias que se multiplicaron a lo largo del país. Asimismo, en Bangkok, la capital del país, la celebración se masificó y se volvió multitudinaria en el reconocido centro comercial Siam Paragon, donde diversas organizaciones como Bangkok Pride transformaron los registros civiles en un acto de fiesta colectiva, con cientos de uniones selladas entre aplausos, banderas arcoíris y mensajes de reivindicación.
Diversos activistas y parejas de la comunidad coincidieron en que la ley va mucho más allá de un gesto simbólico. El hecho garantiza derechos clave como lo son la herencia, adopción conjunta, beneficios fiscales y la potestad de tomar decisiones médicas por el cónyuge, demandas históricas que el país aún no había resuelto en su marco jurídico.
Y, a pesar de que Tailandia, se proyectaba como una de las sociedades más abiertas de la región con políticas previas como el reconocimiento de identidad de género en debates parlamentarios y un turismo que acogió la diversidad por décadas, la aprobación del matrimonio igualitario instaló un cambio cultural y estructural en una zona aún tensionada por ciertas legislaciones restrictivas y valores tradicionales que siguen dominando, en buena parte, el Sudeste Asiático.
Italia tipifica feminicidio como delito autónomo con pena de perpetua
El 25 de noviembre de 2025, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Italia aprobó una reforma histórica en su Código Penal: por primera vez, el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo, con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua en los casos más graves. Esta norma no surge de forma aislada, sino que se inserta en un paquete integral de medidas para fortalecer la respuesta del Estado a los delitos de género, incluyendo sanciones más severas para el acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas con fines de daño, una práctica conocida como pornovenganza.
La urgencia de esta ley está respaldada por cifras duras. Solo en 2024, al menos 106 mujeres perdieron la vida en Italia como víctimas de violencia de género, la mayoría asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares cercanos. Hasta ahora, muchos de estos crímenes quedaban encuadrados en categorías generales de homicidio, lo que dificultaba la aplicación de penas que reflejaran la especificidad de la violencia machista.
Con la nueva tipificación, los jueces pueden considerar circunstancias agravantes vinculadas al contexto de género, algo que antes no estaba claramente definido en la legislación. La reforma ha sido valorada por organizaciones de derechos humanos como un avance necesario, aunque también han subrayado que la penalización por sí sola no combate las raíces de la violencia. Para ellas, las políticas públicas deben complementarse con estrategias preventivas, educación en igualdad, apoyo integral a las sobrevivientes y un cambio cultural profundo que ataque las normas sociales que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres.
Colombia, Bolivia y otros países cierran brechas legales para erradicar el matrimonio infantil
El matrimonio infantil continúa siendo una de las formas más extendidas y perjudiciales de vulneración de derechos. Es más, cada año millones de niñas contraen matrimonio antes de los 18 años, una práctica que limita su desarrollo, interrumpe su educación y las expone a mayores riesgos de violencia y pobreza.
A comienzos de 2025, Colombia dio un paso histórico al cerrar por completo las lagunas legales que permitían casar a menores bajo ciertas condiciones. Con la aprobación de reformas clave, el país eliminó todas las excepciones y estableció los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin excepción alguna, consolidando más de una década de esfuerzos legislativos y de la sociedad civil para proteger la infancia.
En una línea similar, Bolivia promulgó en septiembre de 2025 una normativa que prohíbe de manera absoluta el matrimonio y las uniones tempranas para cualquier persona menor de 18 años, suprimiendo disposiciones anteriores que permitían estas uniones desde los 16 con consentimiento de familiares o autoridades. Esta reforma representa un avance significativo para los derechos de niñas y adolescentes, especialmente en comunidades donde las uniones tempranas eran más frecuentes.
Otros países también siguieron los mismos lineamientos. Portugal, Kuwait y Granada eliminaron las excepciones legales que habilitaban matrimonios de menores, mientras que Burkina Faso elevó la edad mínima para casarse a 18 años, aunque aún persisten preguntas sobre posibles dispensas judiciales en ciertos casos.
Si bien estas reformas son pasos concretos hacia la erradicación del matrimonio infantil, más de la mitad de los países del mundo continúan permitiendo esta práctica bajo condiciones específicas, lo que evidencia que la lucha por su eliminación total requiere no solo cambios legales, sino también políticas públicas sólidas, educación y transformaciones culturales profundas.
