Chile Cuida ya es ley: Gobierno impulsa un sistema nacional para dignificar el trabajo de cuidado

La nueva normativa surge en un contexto de profundos cambios sociodemográficos, marcado por el aumento de la esperanza de vida, el acelerado envejecimiento de la población, la baja en la tasa de fertilidad y las transformaciones en la estructura familiar.

Desde el Ejecutivo destacaron que, hasta ahora, las labores de cuidado han recaído principalmente en las familias y, en especial, en las mujeres, de manera históricamente invisibilizada y subvalorada. En ese escenario, la ley busca revertir esta realidad al reconocer el cuidado como un derecho social.

Durante la ceremonia, el presidente Gabriel Boric afirmó que “sin ustedes el país no se mueve… Esto es un cambio cultural. Esto es un proyecto con perspectiva de género porque reconoce el cuidado como trabajo y que lo llevan mayoriatariamente las mujeres. Es una política de Estado que tiene que trascender e ir más allá de la voluntad política de un gobierno”.

Derechos, institucionalidad y enfoque de género: los pilares de Chile Cuida

Entre sus principales ejes, Chile Cuida consagra el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, los que deberán garantizarse de manera gradual tanto para quienes requieren apoyo como para quienes realizan estas labores, sean remuneradas o no. Asimismo, reconoce que el trabajo de cuidados no remunerado cumple una función social y económica, y establece el deber del Estado de asegurar una oferta suficiente y adecuada de apoyos.

La ley crea formalmente el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, un modelo de coordinación intersectorial que articulará instituciones, programas y servicios públicos, privados y comunitarios. Este sistema será liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, con instancias de gobernanza a nivel nacional y regional.

En ese marco, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, destacó que “fueron casi dos años de tramitacion legislativa, y una camino mucho más largo que ha sido levantado y sostenido por miles de personas”.

Además, agregó que “cuando llegamos al Gobierno, nos propusimos enfrentar una realidad que durante demasiado tiempo había sido postergada. Miles de familia y en particular mujeres que sostenían el cuidado en condiciones de sobrecarga, sin apoyo suficiente del Estado (…) Es justo reconocer también que no partimos de cero… especialmente en los gobierno de Michelle Bachelet”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, subrayó que “por eso además, vamos a insistir con Sala Cuna para que compartamos el derecho a sala cuna entre hombres y mujeres y se nos deje de castigar por la posibilidad de ser madres”.

Entre sus funciones, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados deberá planificar y coordinar la oferta de servicios, supervisar y evaluar programas, promover la autonomía y la vida independiente de las personas con dependencia, fomentar la inversión pública y privada en cuidados, y fortalecer la corresponsabilidad social y de género.

La normativa también establece derechos específicos para las personas usuarias del sistema y para las personas cuidadoras no remuneradas, quienes podrán acceder de forma prioritaria a programas y prestaciones orientadas a reducir su carga laboral, resguardar su salud mental y avanzar hacia condiciones de trabajo más dignas.

En materia de financiamiento, el presupuesto destinado a programas de apoyos y cuidados aumentó de 73.189 millones de pesos en 2023 a 151.587 millones proyectados para 2026.

Además, la ley crea la Credencial de Persona Cuidadora, vinculada al Registro Social de Hogares, y formaliza la Red de Empresas Chile Cuida, que actualmente cuenta con 62 empresas participantes. A nivel territorial, se han instalado Mesas Regionales de Cuidados en 10 regiones y se han implementado pilotos de planes comunales en 14 municipios, con apoyo del Banco Mundial.

Con la promulgación de Chile Cuida, el Gobierno busca avanzar desde una política fragmentada hacia un sistema integral de cuidados, con cobertura progresiva y una mayor corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.