La receta que revela desigualdades y limitaciones de acceso en salud sexual

La discusión respecto a activar la exigencia de una receta médica o de una matrona para la compra de anticonceptivos en farmacias ha abierto, a mi juicio, la necesidad de poner sobre la mesa elementos menos visibles que sus implicancias más directas, para poder analizar sus posibles efectos. Se trata de dimensiones relacionadas con las actuales condiciones de acceso a la anticoncepción – de las mujeres y otras personas en capacidad de gestar- en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos.

La mayor parte de la población de mujeres y otras personas en capacidad de gestar en Chile, pertenecen y podrían ser atendidas en el sistema público de atención; por esta razón la exigencia de una receta para la compra de anticonceptivos prácticamente no debería ser un problema, pero lo es, y cabe preguntarse por qué.

Para entrar al tema, el inicio de un método anticonceptivo debería ocurrir oportunamente, iniciándose la vida sexual, lo que ocurre mayoritariamente durante la adolescencia, ante la decisión de evitar un embarazo no deseado; de ahí en adelante, la continuación de uso debería seguir decisiones autónomas de ejercicio de una maternidad o no y en el primer caso como método para ejercer la voluntad en la decisión del número de hijes y cuando tenerlos. Estos derechos están reconocidos ya desde hace décadas, en una serie de instrumentos internacionales suscritos por Chile, y forman parte del conjunto derechos humanos.

Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen en el quinto objetivo la igualdad de género y la meta 5.6, que es Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Cabe señalar sí, que, a diferencia de otros países de nuestra región, los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de ello el derecho a decidir el número y espaciamiento de les hijes, no ha sido incorporado como derecho constitucional en Chile.

En materia de política pública, Chile fue pionero en poner a disposición de las mujeres métodos anticonceptivos, lo que en la década de los sesenta tuvo un gran impacto social y cultural, mucho más allá de la disminución de la mortalidad materna e infantil. En continuidad con esas primeras políticas hoy existe un programa de salud sexual y reproductiva, con objetivos estratégicos y directrices nacionales dirigidas a regular y normar una atención de calidad en materia de anticoncepción de carácter universal e identificando ciertos grupos poblacionales prioritarios.

El sistema público, desde atención primaria, debe garantizar a la población el acceso a métodos anticonceptivos, lo que debería darse en el contexto de decisiones informadas tras consultas y consejería, siendo retirados por las usuarias sin mediar pago, en la propia farmacia de los centros de salud familiar. Bajo esos supuestos, la compra de anticonceptivos debiese ser una situación excepcional, pero la realidad nos dice otra cosa.

Las organizaciones de mujeres y feministas, junto con tener responsabilidad histórica en el alcance de estos derechos, durante décadas han defendido muchas veces las políticas de acceso a anticoncepción, frente a amenazas de retroceso. La actual medida ha levantado esas alertas desde su experiencia y escucha de las necesidades de la población.

Por esta razón la necesidad de escribir esta columna, ya que esta normativa, si bien me parece que es correcta cuando busca resguardar que las personas puedan tomar decisiones informadas y las tomen teniendo acceso a servicios profesionales que les aseguren la calidad y seguridad en el uso de sus anticonceptivos, no puede plantearse desde el Minsal sin evaluar las limitaciones de acceso y las brechas de calidad de la atención, que de no abordarse pueden hacer que la medida tenga consecuencias para la salud de mujeres adolescentes y adultas que pueden ser más graves que lo que se busca evitar.

En esta línea de reflexión diría que es vital primero responder a quienes afectará, entonces, ¿quiénes necesitan comprar anticonceptivos en farmacias privadas y por qué? y en conexión con ello: ¿les adolescentes están teniendo acceso oportuno a anticoncepción en los servicios públicos? ¿los espacios amigables y sus estrategias de consejería y atención están funcionando?, ¿qué cobertura tienen? ¿Qué opinan las usuarias de anticonceptivos sobre el acceso y la calidad de la atención que reciben? ¿Es la oferta pública de anticonceptivos conocida, diversa y aceptable para les usuaries? ¿Están recibiendo recomendaciones de compra privada por desconfianza sobre la calidad de los anticonceptivos que ofrece el sistema público? ¿Existen facilidades de acceso para las consultas con matrona en los centros de salud familiar? ¿Existe discriminación en la atención de mujeres migrantes y población LGBTIQ+? ¿Se respetan a todes derechos, privacidad, confidencialidad y autonomía?

Solo por mencionar algunos temas que destacan y que deberían considerarse, decir que les adolescentes no van de manera gravitante a los espacios amigables, es reconocida la existencia de cuestionamientos por falta de confidencialidad y otra serie de barreras, conectadas también con debilidades en la aplicación de perspectiva de género y derechos humanos en la atención, así como problemas de interpretación de algunas normativas por parte de profesionales que les atienden, lo que limita el reconocimiento a sus derechos, su autonomía y genera conflictos (Leal 2016, Rojas, 2017). También se observan desigualdades de acceso y discriminación de población adolescente migrante (Leal, 2022, Obach 2024). Por esta razón podría esperarse que la exigencia de recetas y su renovación regular constituya una barrera para el acceso a anticonceptivos de esta población.

En usuarias de anticonceptivos orales del sistema público, hay quienes compran regularmente sus anticonceptivos en farmacias privadas, y esto podría deberse a la desconfianza en la calidad de la oferta pública, basado en limitaciones en las opciones disponibles, sumado a las experiencias recientes de fallas que afectaron anticonceptivos entregados. Es posible que, como en otros ámbitos, existan también recomendaciones de profesionales de los centros públicos para buscar otras opciones de forma privada, todas cuestiones que deberían ser analizadas y abordadas en sus causas.

Otro aspecto importante es la existencia en Chile de discriminación a personas LGBTQ+ (Roselló-Peñaloza, 2024, Gonzalez & Bernales 2022), lo que supone limitaciones de acceso a servicios de salud sexual y compromete la calidad de su atención. Resulta evidente que estas realidades se presentan con otras complejidades e inequidades socioculturales y por otros ejes de desigualdad junto a los territoriales a lo largo del país.

Creo firmemente que el sistema público es la alternativa para avanzar en la universalidad del derecho a la salud, por ello pienso que esta debe ser una oportunidad para que desde el Ministerio de Salud se profundice este análisis, atendiendo a las serias dificultades y desigualdades de acceso a servicios efectivos y de calidad en materia de salud sexual y reproductiva.

Resulta pertinente que se abra en torno a ello el diálogo y la participación, lo que es todavía más relevante considerando que estamos en pleno proceso de universalización de la atención primaria. Por ello diría que esta medida que gatilla el debate requiere que, partiendo por el nivel central el Ministerio de Salud solicite a su Consejo Consultivo de Salud y Equidad de Género un pronunciamiento explícito en la materia, haciéndoles parte de este análisis y de la construcción de estrategias y propuestas para abordar los problemas detectados.