Por qué pescar al presidente de la CPC que pontifica sobre la Ley de Pesca

Entre los elementos del Estado de derecho hay uno que pasa generalmente inadvertido. Es nada menos que el pueblo, sin el cual no puede haber ni Estado ni derecho. Todavía en Chile es mucha la gente que tiene una visión ilustrada y oligárquica de la política, como patrimonio de unos pocos, de una minoría selecta.

La visión oligárquica de la política, como patrimonio de una minoría selecta, es a la que echa mano Alfonso Swett, presidente de la CPC en su columna «¿Por qué pescar la ley de pesca?», en El Mercurio, de fecha 20 de enero de 2019.

En su análisis respecto a los dos procesos que él identifica como especialmente complejos que enfrenta la sociedad contemporánea y que derivan en su sermoneo a propósito de la Ley de Pesca, vale precisar que, en primer lugar, en lo que dice relación con las demandas sociales crecientes a nivel global y local, si algo tienen en común es en protestar por las condiciones inaceptables impuestas por una elite que la mayor de las veces ha recurrido a prácticas incompatibles con la democracia y con el proyecto país al que aspiran las mayorías.

En segundo lugar y que dice relación con los gobiernos y la crisis de gobernar –la segunda crítica de Swett–, vale hacer presente que el pueblo ha necesitado salir a la calle en movilizaciones crecientes demandando la promesa incumplida de estos, «que no es otra que racionalizar y resolver de manera responsable las demandas colectivas priorizando el bien común», ya que, si bien en una democracia «la mayoría no puede traspasar las fronteras que le impone la dignidad de cada individuo, precisamente porque nació y existe para asegurar que esa dignidad nunca sea vulnerada por quien detenta el poder». Los gobiernos y el Congreso jamás deberían haber permitido que «una minoría selecta» por su enorme poder económico hiciera abuso de prácticas de corrupción, ya que no tan solo han debilitado la institucionalidad toda y colocado en cuestión la justicia, sino que también han horadado la democracia y han convertido en un imposible el proyecto país. 

La Ley de Pesca no cabe duda que se enmarca en este contexto social, ya que, en un Estado de derecho, el pueblo tiene un rol fundante del mismo, como actor político. De allí que la primera pregunta que surge no es cómo la Ley de Pesca protege los derechos de «una minoría selecta», sino cómo esa ley protege los derechos de la mayoría, y de ello hablaré en respuesta a Swett.

Convengamos que la biodiversidad presente en nuestros ecosistemas marinos –peces, mariscos, algas, avifauna, etc.– son un bien común que nos pertenece a todos los chilenos y que el Estado debe colocar a resguardo su sustentabilidad en bien de las generaciones actuales y futuras. Una segunda precisión, la biomasa pesquera que explota el país, posee biomoléculas de alto valor nutraceútico y de carácter estratégico para la alimentación humana saludable –proteínas y Omega 3 marino– para niños, jóvenes y familias. Tercera precisión: Chile está enfrentado a una pandemia de sobrepeso y obesidad con resultados catastróficos en salud para su población. Mientras un tercio de los niños (los más pobres) tienen un rezago en su inteligencia por falta de acceso a una alimentación saludable (Omega 3 marino).

Precisado lo anterior, en el primer Gobierno del Presidente Piñera, la Ley de Pesca 20.657 no se hizo cargo de «resolver de manera responsable las demandas colectivas priorizando el bien común», sino que lo hizo en favor de lo que le demandó la «minoría selecta», las siete Familias, estos consiguieron que los recursos pesqueros país quedaran a perpetuidad a favor de ellos –20 años renovables–.

Que el 100% de la pesca más rica en proteína y Omega 3 marino que posee Chile termine en el negocio de alimentación animal de su propiedad. Lograron que se impusiera un modelo de administración pesquera vacío de contenido, pero con nombre engañoso –Comité Científicos y Comité de Manejo–, que en 5 años de vigencia de la Ley de Pesca son autores de que la sobreexplotación haya escalado en un 41,5% en relación con el año de su aprobación (2012) y que todas las pesquerías hayan aumentado su nivel de colapso, y que en los últimos 23 años esa «minoría selecta» que explota en forma monopólica la riqueza pesquera país, la haya llevado a un 20% de lo que poseía Chile el año 1995. Situación que me tocó denunciar a la Comisión Constitución y Justicia (ver adjunto), el día que se votó la anulación de la Ley Longueira, ya que de seguir vigente la anterior esa «minoría selecta» perpetuará a Chile como un país tercermundista.

Swett no tiene que viajar a Noruega, España, Japón ni a China para conocer cómo esos países entienden «priorizar el bien común», basta que vaya a Perú. Allí el Estado ha determinado que 300 mil toneladas por año de peces ricos en Omega 3 (anchovetas) tengan como destino el consumos humano. Como política de Estado, Perú posee más de 10 terminales pesqueros que venden a la población la pesca que se captura a diario en dicho país. Además está el programa de fomento a la alimentación saludable sobre la base de pescado, que es una prioridad del Estado peruano. Y fuera de ello, posee un poderoso Instituto del Mar (IMARPE) de carácter estatal y científico, lejos de la influencia empresarial y política, que ha cuidado la sustentabilidad de la biodiversidad presente en los ecosistemas marinos de Perú en forma exitosa, reconocido a nivel mundial como líder en manejo ecosistémico y de sustentabilidad. Y, finalmente, la inversión pesquera en Perú avanza a nuevos desafíos tecnológicos para explotar la pesca rica en Omega 3 y proteína marina para destinarla al consumo humano, a nivel de país desarrollado.