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Los siete casos de injusticia ambiental en la Región de O'Higgins

por 8 octubre, 2019

Los siete casos de injusticia ambiental en la Región de O'Higgins
La Justicia y la Fiscalía no han actuado frente a siete casos que ameritan con urgencia una investigación, para ver si los órganos estatales cumplieron o no su labor. Entre los casos que afectan a Rancagua y sus alrededores, están el de la localidad de Chanqueahue, donde Coca-Cola adquirió derechos de agua en una zona de escasez hídrica; la destrucción de humedales en Zúñiga, San Vicente de Tagua Tagua; la explotación del Valle de Quilicura en Las Cabras, donde se arrasó con hectáreas de bosque nativo; y la contaminación y sequía del estero Los Troncos y la cuenca del Pilay en Mostazal.
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En medio de los cuestionamientos a la actuación de la Corte de Apelaciones de Rancagua y de la Fiscalía Regional de O'Higgins, ha sido brutal la ausencia de proactividad mínima del Ministerio Público regional y del Poder Judicial para investigar diversos hechos de corrupción ambiental en torno al agua que se han llevado a cabo desde hace años en la zona, y cuyo impacto se ve ahora multiplicado por la severa estrechez hídrica de un 80% en relación con pluviometría histórica.

Se requiere con urgencia un fiscal dedicado a investigar a empresas privadas que actúan en concomitancia con un segmento de funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas (Dirección General de Aguas y Dirección de Obras Hidráulicas), la Corporación Nacional Forestal, el Ministerio del Medio Ambiente y municipios, que no las demandan ante evidente daño ambiental.

La privatización extrema y especulativa del Código de Aguas de la dictadura, que separó tenencia de uso y permitió la concentración, sumado esto a la falta de gobernanza, proactividad regional y local, y omisión lesiva de la Fiscalía, agravan una situación hasta lo indecible.

La Región de O'Higgins baja en el último índice de Desarrollo Regional (IDERE de la U. Autónoma) de la mitad en que se ubicaba hacía cinco años, al antepenúltimo lugar, en que se explotan sus recursos naturales con malos salarios y destrucción ambiental.

El epítome de estas acciones fue hace dos décadas. El entonces senador Francisco Javier Errázuriz, que en la anterior sequía buscó vender agua a precios millonarios a Pichilemu, y que en 1998 fue denunciado por otras empresas por robo de agua, golpeó y secuestró a un abogado. Fue condenado por ello el año 2001.

Sin embargo, después de este hecho, la Justicia y la Fiscalía no han actuado frente a siete casos que ameritan con urgencia una investigación, para ver si órganos estatales cumplieron su labor, por los evidentes delitos de usurpación, falsos proyectos, compra de actores y tráfico de influencias, que sintetizamos y que han sido denunciados por diversas comunidades y agrupaciones ambientales:

El primer caso afecta a la localidad de Chanqueahue, comuna de Rengo, donde se autorizó a Coca-Cola Company –tras comprar Vital, en dudoso estudio de aguas– a adquirir derechos de agua en una zona precordillerana de evidente escasez hídrica, incluyendo la dilapidación de fondos públicos en un sistema de Agua Potable Rural (APR) de la misma localidad por $200 millones.

En todo el mundo se acusa a Coca-Cola y Nestlé de secar las aguas de calidad de las comunidades, desde Chiapas hasta África. En Chanqueahue no hubo un Estudio de Impacto Ambiental para el aumento de explotación de la transnacional y la Contraloría Regional no admitió una investigación, ni el Ministerio del Medio Ambiente fue proactivo, ni la Dirección General de Aguas (DGA) del MOP.

El segundo caso refiere a la destrucción de humedales en Zúñiga, San Vicente de Tagua Tagua. El MOP no solo descuida el agua, sino que fue acusado por la comunidad de Zúñiga y Bosques de Cachapoal, el 2018, por un proyecto de defensas fluviales exageradas, que sin estudio de impacto ambiental mató la principal zona de humedales que existía en toda la cuenca del Cachapoal, ribera sur oriente, al llegar al puente Peumo.

La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección con orden de no innovar, pero ya estaba realizado el grueso del proyecto y no se hizo investigación alguna ni medida de reparación ambiental.

El tercero tiene que ver con la dramática disminución del agua de comunidades en La Estrella y otras zonas del secano costero, sin investigación a las principales responsables de las mismas: forestales de monocultivos y Agro Súper con sus planteles de cerdos. Estos se justifican con que extraen agua de acuíferos más profundos en total ausencia de la DGA, que según el propio Código de Aguas debiera propiciar comunidades de acuíferos. Se debe determinar la razón de la pérdida de las napas más superficiales que usaban los campesinos y comunidades con estudios universitarios independientes.

El cuarto caso involucra a Jorge Gálmez, dueño del Mall Sport. Tras comprar la Hacienda Topocalma y venderla en parcelas a socios e individuos como Pablo Longueira, cierra el paso a la playa y al estero Topocalma a la comunidad ancestral de campesinos y algueros que han cuidado un tesoro natural, incluyendo loberías y flora. El litigio sigue y la ausencia de investigación penal de la trama es notoria.

Continúa, en esta enumeración, la trama del oro verde (expansión de la palta) de transferencias para eludir pago de impuestos de herencias en la familia Del Río, con el objeto de explotar el valle de Quilicura en Las Cabras. Allí, a una comunidad cohesionada y organizada desde la Reforma Agraria, le destruyeron 80 hectáreas de bosque de boldo. Hubo fallos y actuaciones zizagueantes de la justicia y la Conaf. La empresa Trancal, que incumplió con un permiso y no respetaba normas de protección del bosque nativo y pendientes, desmontó parcialmente un bosque con valor.

Siguen actuando y no se conoce sanción alguna ni investigación respecto a lo que azota el centro norte y se expande al centro sur del país, secando cuencas completas por el uso abusivo y el grave delito de usurpación de aguas que siguen cometiendo en Petorca –los alcaldes de La Ligua y otras comunas lo han demostrado–, ante la indolencia de la Fiscalía y la Justicia.

Esa organización, con nexos en el Comité de Palta Hass, una agrupación de exportadores, ha pagado además a columnistas en medios “tradicionales” para desacreditar a funcionarios(as) de organismos internacionales. Estos han alertado sobre el grave atentado a las comunidades ante la indolencia del Estado chileno, por promover incluso con subsidio de riego una planta de bosques tropicales en valles desertificados, según los propios estudios de Fundación Chile.

La contaminación y sequía del estero Los Troncos y la cuenca del Pilay en Mostazal, en la zona norte de O'Higgins, es otro tema. En este lugar se han encontrado muertos coipos (¿dónde está el SAG?) y la comunidad muestra las tomas de agua ilegales de Agrícola Garcés. Dicho estero ha sido el tesoro verde de San Francisco de Mostazal.

La sequía extrema tiene además sin cauce mínimo ecológico al estero Pilay, en la cordillera, tras la instalación de los señores de la Viña Pérez Cruz –cuyo líder es conocido por expulsar a ciudadanas del borde de un lago en el sur en el último verano–, que le compraron la zona cordillerana a Alfonso Márquez de la Plata. A la sequía global se suma la plantación de viñedos, con desconocidos estudios por su gran escala. Ni la municipalidad ni el mayor casino del país, ni las autoridades regionales hacen algo, y el humedal de la Angostura de Paine va a la hecatombe como ocurrió con la laguna de Aculeo.

La empresa Essbio no se queda atrás y amplía su planta de tratamiento y lodos en la zona de Chancón, entre Rancagua y Graneros, sin presentar un estudio ambiental y sin haber corregido los años de olores y las filtraciones al estero La Cadena. En un caso de cooptación irregular de parte de la comunidad, repartió tarjetas de pago de servicios telefónicos.

La justicia en Rancagua hace 18 años investigó, con el ministro Carlos Aránguiz, y descubrió la trama MOP-Gate. Actores de la Fiscalía –como el fiscal de Punta Arenas en el llamado “Pacogate”– han tirado el hilo de los delitos para develar organizaciones criminales que ligan empresas  y segmentos corrompidos del Estado.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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