¿Salvar a Latam? La necesidad de un diálogo ciudadano

Esta semana Latam anunció que se sometería al procedimiento de quiebra voluntaria previsto por la Ley de Bancarrota de Estados Unidos, y el Gobierno, a través del ministro de Hacienda Ignacio Briones, anunció medidas de ayuda en la forma de bonos y créditos con garantías estatales. Esto permite iniciar un diálogo que involucre a diversos sectores respecto a cómo deben destinarse los recursos del Estado.

La decisión de “rescatar” una empresa plantea al menos dos preguntas: en primer lugar, ¿por qué el Estado es llamado a interceder en la economía solo en tiempos de crisis, condenándolo de esta manera a invertir en malos negocios? Y, en segundo lugar, ¿bajo qué condiciones y argumentos de interés general se justifica el salvataje de empresas privadas?

No creo que la respuesta se encuentre en los argumentos tradicionales que se han esgrimido a favor del principio de subsidiariedad del Estado en materia económica. Se debe explorar cómo se compatibiliza salvar a las empresas privadas en tiempos de crisis con el olvido del rol empresarial del Estado en tiempos de prosperidad económica.

Surgen de esta forma varias interrogantes: ¿qué industrias o sectores económicos deben recibir ayuda estatal? ¿Aquellas de carácter estratégico? ¿O las que son “muy grandes para quebrar” (too big to fail), como se suele invocar en el caso de los bancos? Lan Chile fue creada como empresa pública precisamente por ser considerada estratégica y fundamental para el desarrollo del país. Tras la privatización (1994) y los procesos de crecimiento a través de compras y fusiones (2005-2015), se ha transformado en la línea aérea más grande de Latinoamérica. Latam tiene bandera chilena, y sus capitales son mayoritariamente de origen chileno, un 21,5% pertenece al Grupo Cueto y un 16% a las AFP, pero también existen importantes participaciones de otras aerolíneas. Delta Airlines es dueña del 20% y Qatar Airways de un 10%. Conocer quiénes son los dueños de la empresa resulta relevante, debido a que, si las medidas son exitosas, los beneficios serán para todos los accionistas, nacionales y extranjeros. No se trata de descartar la ayuda solo por esta razón, pero es un elemento a considerar a la hora de evaluar su carácter nacional y estratégico.

Es de esperar que la recuperación económica de las líneas aéreas tarde varios años. Si bien se ha anunciado la reanudación de las operaciones a partir de junio en varios países, es probable que la demanda baje de forma dramática. ¿Por qué el Gobierno chileno debe invertir en un sector o negocio poco rentable? Si se trata de un sector estratégico para el desarrollo del país, ¿por qué se vuelve relevante el actuar estatal solo en tiempos de crisis?

En este sentido, una de las principales dificultades de implementar medidas de rescate es determinar la forma en que se materializará la ayuda –nacionalización, compra de acciones, préstamos directos del Estado o préstamos indirectos garantizados por este; el nivel de injerencia que tendrá el Estado y las condiciones que deben cumplir las empresas que reciban ayuda estatal–.

Con los cierres de aeropuertos y las cancelaciones masivas de vuelos, un sinnúmero de líneas aéreas ha solicitado ayuda estatal para evitar procesos de quiebra o reestructuración y despidos masivos. El gobierno de Italia anunció la renacionalización de Alitalia. A finales de abril, los gobiernos de Francia y Holanda, que mantienen cada uno un 14% de participación en AirFrance-KLM, anunciaron un paquete de ayuda para la empresa. El rescate del gobierno francés consiste en préstamos en la forma de créditos bancarios garantizados por el Estado y préstamos estatales directos. La medida se encuentra sujeta, entre otras cosas, a que la compañía desarrolle un nuevo plan comercial para afrontar la crisis, además de medidas de sustentabilidad ambiental, recortando vuelos domésticos en rutas donde existen alternativas ferroviarias.

En el caso de Lufthansa, el gobierno de Angela Merkel aprobó esta semana un paquete de rescate, que se materializará en la compra de acciones de dicha firma y créditos estatales. La medida le entregará al Estado alemán el control sobre el 20% de la aerolínea, transformándose en su principal accionista. ¿Qué significa esto? Se le permitirá el nombramiento de dos integrantes de la junta de supervisión, pero con injerencia limitada, puesto que el derecho a voto será reservado para casos de adquisición de la empresa. Dentro de las condiciones de rescate se deberá restringir la repartición de dividendos, reducir los sueldos de altos cargos directivos e incorporar medidas de sustentabilidad, como la renovación de la flota de aviones por máquinas con menor emisión de CO2.

Las medidas impuestas por los Estados europeos podrían servir como marco de referencia del tipo de condiciones que un rescate financiero debe incluir. Cualquier modelo de ayuda a empresas privadas que signifique una inversión estatal de proporciones debe incluir la posibilidad de obtener utilidades o algún tipo de medidas que representen un beneficio o promoción del interés general.

¿Por qué ofrecer créditos con bajas tasas de interés y vencimientos flexibles a empresas sin recibir ningún beneficio a cambio? Si con rentas fiscales provenientes de impuestos se decide ayudar a sectores económicos por considerarlos esenciales para el funcionamiento de la economía, el tratamiento de esas industrias debe ser consecuente.

Deben presentarse razones que permitan entender y aceptar por qué se decide rescatar a ciertos sectores y empresas, y no otros, tales como el gastronómico y hotelero, que también se han visto afectados por la crisis sanitaria. Teniendo en especial consideración la situación social, económica y política que ha vivido Chile en los últimos meses, resulta de extrema relevancia socializar los argumentos que justificarán una ayuda estatal a grandes empresas privadas, la forma en que se materializará, las condiciones para recibir dicha ayuda y el interés general que se busca proteger. Es de incumbencia de toda la ciudadanía, especialmente en un contexto como el actual, el contenido de las decisiones de inversión del Estado.