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Crédito: Agencia Uno
En conversación con El Mostrador en La Clave, la directora de Latinobarómetro y fundadora de MORI Chile, Marta Lagos, expresó que durante el estallido social «se quebró el Estado de Derecho (…) Desde ese momento en adelante el gobierno de (Sebastián) Piñera perdió total control del Estado de Derecho y fue incrementando». Al respecto, apuntó que la segunda administración del exmandatario fue la responsable política de la actual crisis de seguridad. Por otro lado, en relación al acuerdo nacional de seguridad que pretende impulsar el actual Ejecutivo, el analista político, historiador y académico Patricio Gajardo manifestó que «es muy difícil, no hay piso político (…) Los acuerdos transversales de violencia surgen porque el gobierno no ha sido capaz de asumir el monopolio legítimo del uso de la fuerza, que es lo que le corresponde a la autoridad».
El analista político, historiador y académico Patricio Gajardo, y la directora de Latinobarómetro y fundadora de MORI Chile, Marta Lagos, abordaron la crisis de seguridad que vive el país y el acuerdo nacional sobre la materia que pretende impulsar el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
En conversación con El Mostrador en La Clave, Lagos expresó que durante el estallido social que inició el 18 de octubre del 2019 «se quebró el Estado de Derecho». En esa línea, comentó que «desde ese momento en adelante el gobierno de (Sebastián) Piñera perdió total control del Estado de Derecho y fue incrementando».
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«La gente fue aprendiendo de a poco que no había autoridad (…) Al mismo la penetración del narcotráfico permitió la entrada ilegal porque nuestras fronteras son de papel y se trafica y se ingresa a la mala una cantidad astronómica de armas», añadió.
«Yo creo que esta situación no es problema de un gobierno, esta situación empezó durante el gobierno de Piñera y el responsable político es el gobierno de Piñera que perdió el Estado de Derecho», enfatizó la fundadora de MORI Chile.
Además, afirmó que el Estado de Derecho «se recupera con el uso de la fuerza que tiene el Estado como monopolio», algo que cree «que la izquierda esté dispuesto a hacer».
Lagos y Gajardo también se refirieron al acuerdo nacional de seguridad que pretende impulsar la actual administración.
Gajardo manifestó que «es muy difícil, no hay piso político (…) Los acuerdos transversales de violencia surgen porque el gobierno no ha sido capaz de asumir el monopolio legítimo del uso de la fuerza, que es lo que le corresponde a la autoridad».
«Los acuerdos políticos se coordinan en base a lo que hace el gobierno para llegar a algún tipo de solución en la cual todos los sectores apoyen y se permita legislar en consecuencia», prosiguió.
Una posición contraria expresó Lagos. «Me parece que aquí se requiere un gigantesco pacto político para poder sentar las bases de un control y la restitución del Estado de Derecho. Es una tarea de Estado», apuntó.
