Chile puede alimentar a Chile: imperativo ético y desafío posible

Nuestro territorio, además de ser largo y angosto, tiene enormes potenciales; de hecho, ventajas comparativas inigualables. Nuestra loca geografía nos ofrece enormes posibilidades, en la agroindustria, ganadería y pesca como para poder autoabastecernos perfectamente. Podemos, sí; pero para ello se requiere asumir el desafío y actuar en consecuencia.

¿Por qué decimos aquello? Porque estamos viviendo una de las peores crisis alimentarias en el mundo y, por supuesto, también en nuestro país. La pandemia y el contexto mundial hoy agravan la situación y, si no actuamos, el fantasma del hambre dejará de ser una amenaza etérea para transformarse en un monstruo real.

Las familias chilenas ya lo saben y lo sienten, por el alza explosiva en los precios de alimentos, y por el temor a un desabastecimiento producto de las múltiples variables que hoy afectan este mercado.

En el mes de marzo, y tras varios años insistiendo en el tema, estuvimos con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto a agricultores y académicos, y el Gobierno decidió aceptar nuestra propuesta para crear un comité de seguridad y soberanía alimentaria. ¡Gran noticia! Sí, pero no hay más tiempo y debemos empezar a trabajar a la mayor brevedad posible, especialmente desde el Estado, porque se requieren políticas públicas al hueso y eficientes para fortalecer nuestra producción nacional.

Esta causa debe ser transversal y debe ser asumida como un imperativo ético, porque estamos hablando de una seguridad esencial: el derecho a la alimentación.

Y no lo decimos solo nosotros. El último informe de Naciones Unidas indica que, en Chile, 3,4 millones de personas sufrieron de inseguridad alimentaria grave o moderada en el periodo 2018-2020. Esto significa que tuvieron dificultad para acceder a alimentos saludables y nutritivos y 600 mil personas sufrieron subalimentación, es decir, hambre de forma constante durante la pandemia.

Los costos de producción de los agricultores han aumentado en todos los frentes, y esta es una situación que ya venía desde la pandemia pero que se ha agudizado con el contexto mundial, incluyendo la subida del dólar y el aumento del precio del petróleo, pero sobre todo por el aumento del precio de los fertilizantes.

La ONU ha señalado sobre este tema que los agricultores están enfrentando costos récord de energía e insumos y que la falta de fertilizantes podría agudizar la crisis alimentaria en 2023. La inflación de los alimentos está afectando con mayor fuerza a los países pobres, donde la compra de alimentos representa una gran parte del presupuesto de los consumidores. Otro dato duro: el índice de precios de los alimentos de la ONU se elevó un 13% en marzo.

La preocupante tendencia a seguir dependiendo del exterior nos deja en una situación de enorme vulnerabilidad y nuestro país debe ser proactivo. Ningún Gobierno ha querido asumir esta causa de verdad y con políticas públicas eficientes y directas. Estamos viviendo una crisis agroalimentaria de proporciones.

Lo de la disminución de las superficies sembradas en el país es realmente preocupante; de hecho, en la temporada agrícola 2016-2017, se sembraron 684.552 hectáreas; y, en el periodo 2021-2022, la cifra fue de 536.474 hectáreas, es decir, casi 150 mil hectáreas menos. Y así, suma y sigue con los principales cultivos.

No puede ser que los pequeños agricultores sigan abandonando los campos y vendiendo los territorios como parcelas de agrado porque definitivamente ya no pueden sembrar. Se requiere una inyección de apoyo concreto para poder fortalecer nuestra producción nacional y facilitar la distribución y comercialización de los alimentos, generar competencia y asegurar el consumo interno.

Todos los documentos y propuestas que hemos recibido apuntan a la urgencia de avanzar en una agricultura sostenible e inclusiva, sumando aportes desde la ciencia y la tecnología para poder innovar e implementar un uso más eficiente de los recursos naturales, considerando, especialmente, la preocupante crisis hídrica que se registra en el país. Pero, también, mejorar las vías de distribución y comercialización, la generación de más ferias libres que representen la oferta necesaria para las familias y para que tanto pequeños agricultores como pescadores artesanales puedan ofrecer sus productos. Sin el apoyo del Estado, esto es muy difícil de conseguir.

Nos necesitamos todos: representantes del sector público y privado, expertos, académicos, agricultores y comunidades de pueblos originarios. Insisto, esta es una de las causas más importantes a la que debemos abocarnos con toda inteligencia, rapidez y pasión.