Opinión
Mirar el quehacer científico disociado de la realidad material de los territorios y sus habitantes no hace más que postergar su reconocimiento social y el despliegue de sus impactos. Tengo confianza en que los valores propuestos en el plan de acción, tales como sustentabilidad, colaboración, igualdad de género e inclusión, equidad y diversidad, descentralización y transdisciplina, permanecerán durante la nueva gestión, pero para que realmente generen el impacto deseado deben estar sostenidos en un soporte económico más robusto y apuntar a un mejor vivir del pueblo, si no todo quedará en palabras. Las comunidades científicas, las instituciones académicas, el mundo de la I+D+i y de las ciencias sociales, las humanidades y la cultura, incluso los gobiernos regionales, deben hacer oír su voz, ya que resulta impostergable un impulso a la inversión en ciencia para dar un salto en las capacidades del país de brindar bienestar y derechos a sus ciudadanos.
La columna de opinión de Pablo Astudillo, “Un Ministerio de Ciencia con rumbo extraviado”, del 14 de septiembre, contiene una verdad que considero irrebatible: “Hay algo en lo que el exministro Salazar sin duda fracasó: en acercar a la ciudadanía una visión más integral y enriquecedora de lo que la ciencia hace y puede ofrecer a las personas”, señaló. Al leer su interpretación de ciudadano sobre las intenciones de mi gestión, no me queda más que darle la razón. Por otra parte, al otorgarle al columnista este punto, salen del foco las especulaciones sobre potenciales causas de mi salida del ministerio y nos habilita para discutir temas de fondo y contenido que expliquen este fracaso, y que trascienden a la gestión de tal o cual ministro, centrándose en un debate estratégico sobre qué papel la ciencia y el conocimiento debieran jugar en el futuro de Chile.
Convengamos que los últimos años no han estado exentos de discusiones sobre el papel de la ciencia. Diversas comisiones presidenciales en distintos gobiernos elaboraron diagnósticos, informes de mesas de expertos que abordaron diversos desafíos convocados por la Comisión del Futuro del Congreso, debates transversales dentro de las principales universidades durante el proceso constituyente, una estrategia entregada por la Comisión Nacional de CTCI e incluso discusiones programáticas de gran profundidad en los comandos que respaldaron al actual Presidente, en un área donde generalmente habían prevalecido frases generales y buenas intenciones sin medidas concretas, pero que esta vez pusieron el tema científico en un lugar de mayor relevancia. Lo que tocaba, por lo tanto, en este período es que la autoridad propusiera un plan de acción que conversara con las conclusiones de estas discusiones.
Desde mi perspectiva, como activo participante en casi todas esas instancias, la principal conclusión, transversal a todas ellas y avalada por la academia de ciencias, las universidades, los investigadores y las investigadoras, los emprendedores innovadores, y amplios sectores políticos, es que el presupuesto de 0,34% del PIB es absolutamente insuficiente para que un país con nuestro nivel de desarrollo se beneficie, en lo social, cultural y económico, del conocimiento científico.
De ahí el compromiso del Gobierno del Presidente Boric de aumentar el presupuesto en estas áreas para acercarlo al 1% del PIB, lo que es respaldado por todo el espectro político nacional. Un aumento, que por su envergadura, debiera ser gradual y contemplar un equilibrio entre cierta estabilidad de los programas de financiamiento históricos, que establecen compromisos de varios años, y una diversificación mediante nuevos instrumentos para la distribución de fondos que permita un crecimiento rápido del sistema y una mayor amplitud en los perfiles de los beneficiados.
Lo primero que llama la atención del análisis de Astudillo, y que no comparto, es que se opone a lo que denomina, sin definirla, visión utilitarista de la ciencia, en la que cualquier relación que se establezca entre conocimientos y desarrollo se interpreta como economicista, aun cuando el concepto “nuevo modelo de desarrollo” se haya definido con una amplia mirada, abarcando perspectivas socioambientales, de género, culturales, descentralizadoras, inclusivas y económicas.
Su visión de la ciencia, a mi juicio profundamente liberal, ve los conocimientos como valores absolutos, exentos de cualquier obligación de mitigación de los sufrimientos humanos, de las perspectivas y necesidades sociales, excepto la de los propios científicos y científicas en cualquiera de sus etapas de formación. La libertad individual de ellas y ellos para investigar lo que quieran, a la que opone artificiosamente las misiones nacionales para la investigación, recuerda viejos debates entre investigación básica versus aplicada, entre la cultura versus la innovación, entre los proyectos individuales y la investigación asociada. Sobredimensionadas contradicciones que han sido superadas tanto en los instrumentos de financiamiento vigentes como en la percepción de la propia comunidad científica.
Deseo constatar que, en mi opinión, no existen países industrializados que no hayan contemplado en su estrategia la investigación por misiones y un plan de acción con diversidad de instrumentos individuales y colectivos, más allá de su sistema político o de las influencias de Mazzucato y otros intelectuales. Establecer misiones, cuando estas responden a grandes desafíos y oportunidades nacionales y globales, no se opone de ninguna manera a la creatividad individual, pero permite una mayor concentración y optimización de recursos, menor carga burocrática de seguimiento y mejor percepción de la ciudadanía respecto al valor de lo que se investiga. Especialmente si estas misiones, en una primera etapa, se concentran en la implementación de nuevas capacidades de articulación de actores, infraestructura y equipamiento, y formación de recursos humanos adecuados a ciertas necesidades específicas, que aborden problemas sentidos por la ciudadanía y que generan mejores condiciones para la reinserción de talentos.
En ese sentido, la preocupación por las condiciones laborales de los científicos y científicas en cada etapa de su formación quedó claramente establecida en las iniciativas de extensión de las becas doctorales por pandemia y la mesas sobre condiciones laborales y sobre igualdad de género que se establecieron en el ministerio.
El plan de acción presentado de cara a la comunidad, por el ministerio que me tocó dirigir, fue un ejercicio inédito por su transparencia, y que se armonizó activamente con el programa de gobierno, con la estrategia presentada por la CNCTCI y los informes de la política emanada del Gobierno anterior y de los informes de las mesas de la comisión del futuro, que planteaban como eje central un significativo crecimiento presupuestario para 2023, que como se sabe se establece anualmente y para este año ya había sido definido por el Gobierno anterior.
Este aumento de recursos propuesto, estaría orientado a cuatro objetivos estratégicos: 1) Fortalecer el sistema de CTCI, su institucionalidad y sus actores, incrementando los recursos para el desarrollo de la investigación en todas las áreas del conocimiento; 2) Fomentar la descentralización de la investigación e innovación enfocada en el desarrollo sostenible, a través del establecimiento de polos científicos regionales y el fortalecimiento de capacidades CTCI en Universidades; 3) Impulsar y avanzar hacia una soberanía nacional de capacidades científico-tecnológicas en áreas estratégicas del país mediante el direccionamiento y articulación de iniciativas público-privadas impulsadas desde el Estado; 4) Democratizar el conocimiento, vinculando la investigación científica y tecnológica con el desarrollo social, promoviendo la sustentabilidad e involucrando a la sociedad y los territorios.
No me extenderé en explicar estos ejes, ya que creo que queda claro que la mirada que se intentó dar dista mucho de ser economicista o estrecha respecto a los potenciales impactos de la ciencia. Las visitas y conversaciones que realizamos con los colegios técnicos, los centros de investigación regionales, a las iniciativas de conocimientos populares, a los saberes ancestrales, además de centros de excelencia, gremios empresariales e iniciativas locales, mostraron que se pueden explorar múltiples caminos para acercar la ciencia a las personas.
Claramente, se debe reconocer que, como bien dice el columnista, se cometieron errores, por ejemplo, la confusión que puede producir la mezcla de conceptos como estrategia y plan de acción, siendo este último el propuesto desde el ministerio en concordancia con las estrategias de Gobierno y los lineamientos de CNCTCI. Ese y otros potenciales errores no descartables en los énfasis o prioridades, pueden o no justificar cambios en la cartera, pero no invalidan la discusión de fondo respecto a la necesidad de ir incorporando el quehacer científico a otras múltiples acciones democratizadoras en nuestro país, que respondan a las demandas de derechos de la ciudadanía. Seguir mirando el quehacer científico disociado de la realidad material de los territorios y sus habitantes no hace más que postergar su reconocimiento social y el despliegue de sus impactos.
Tengo confianza en que los valores propuestos en el plan de acción, tales como sustentabilidad, colaboración, igualdad de género e inclusión, equidad y diversidad, descentralización y transdisciplina, permanecerán durante la nueva gestión, pero para que realmente generen el impacto deseado deben estar sostenidos en un soporte económico más robusto y apuntar a un mejor vivir del pueblo, si no todo quedará en palabras. Las comunidades científicas, las instituciones académicas, el mundo de la I+D+i y de las ciencias sociales, las humanidades y la cultura, incluso los gobiernos regionales, deben hacer oír su voz, ya que resulta impostergable un impulso a la inversión en ciencia para dar un salto en las capacidades del país de brindar bienestar y derechos a sus ciudadanos.
