Aunque no es la primera acción judicial, el parlamentario y sus asesores jurídicos confían en que pesarán las pruebas que a su juicio sustentan la ilegalidad del negocio que permitió obtener beneficios tributarios por $ 80 mil millones a Principal. Mala fe del grupo y la superintendenta de entonces, Tamara Agnic, además de los polémicos dictámenes de Contraloría, el round epistolar de la actual socia de KPMG con la ex ministra Ximena Rincón y las reuniones privadas del ex titular de Hacienda, Rodrigo Valdés, incluyen la acción que ingresa a través de la Corte de Apelaciones, a diferencia de la acción presentada en tribunales de primera instancia por el senador Alejandro Navarro, que no ha fructificado.
Aunque ya han pasado casi tres años desde que el grupo estadounidense Principal consiguió la aprobación de la fusión entre AFP Cuprum y Argentum, la dura polémica que generó el beneficio tributario de casi $ 80 mil millones que obtuvo la firma por dicha operación, sigue viva.
Al menos eso es lo que busca el diputado DC Fuad Chahin, quien presidió la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja y que esta mañana presentará en la Corte de Apelaciones una demanda de nulidad de derecho público que busca deshacer la operación.
Chahin ha sido el más enconado crítico de esta operación que fue validada en enero de 2015 por la entonces superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, la cual terminó dejando su puesto a comienzos de 2016, presionada por su rol en el caso y acusando falta de respaldo político de La Moneda.
De hecho, la propia Agnic fue el objeto de otra acción judicial liderada por Chahín en 2015, de tipo penal, cuya investigación ha tenido diligencias pero la fiscalía no ha decidido formalizar como en algún momento se especuló.
La acción actual se presentó ante el tribunal de alzada, evitando lo que algunos califican como el error del senador Alejandro Navarro, en la anterior acción de nulidad de derecho público que en 2016 presentó.
Esta vez, la acción de Chahin plantea la ilegalidad de las decisiones tomadas por Agnic y el efecto jurídico de invalidación de la fusión de Argentum y Cuprum aprobada por la hoy socia en la auditora KPMG, a cargo del área de forensic.
Asegura que hubo mala fe de Principal, pues sabían que su único objetivo con la fusión de las AFP era obtener el good will (beneficio tributario) de 80 mil millones de pesos, relacionado al alto precio que pagó por Cuprum al grupo Penta en 2013. Por ello, establecen que la legitima razón de negocios que usaron para la fusión de Cuprum con Argentum en el segundo semestre de 2014 no era tal y que la autoridad debió advertir al Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que Agnic hizo recién cuando el caso estalló en abril de 2015, pese a que
la aprobación de la operación fue el 2 de enero de 2015.
La fecha es otro argumento para pedir la nulidad de la fusión. Dice el escrito que los actos administrativos no son retroactivos pero que sin embargo, Agnic aprobó la fusión de ambas AFP el 2 de enero de 2015 indicando que tendría efectos desde el 1 de enero.
La demanda -presentada por los abogados Alfredo Ugarte Soto, Rodrigo Hernández Percherón y Jaime Jaramillo Chahuan- revisa la realidad europea y estadounidense en materia de good will, con otro nombre según el continente, y asegura que Principal sabía que dicha fórmula tributaria goodwill estaba penada en el mundo.
Eso sí, el propio Servicios de Impuestos Internos señaló en su momento que aun sin los errores que pudo tener el proceso administrativo de fusión, el beneficio tributario igual correspondía.
Junto con ello, los dictámenes de Contraloría de 2015 y 2016 aparecen cruciales para Chahin. En diciembre de 2015 el organismodio un duro golpe a Agnic cuando señaló abiertamente que no se había cumplido la ley en la fusión.
Sin embargo, como Contraloría se declaró incompetente para invalidar la acción pues eso correspondía a la superintendencia de Pensiones, tomó el rol de zanjar la situación Osvaldo Macias, quien llegó a comienzos de 2016 a la entidad fiscalizadora tras la acaecida salida de Agnic.
Contraloría zamarreó a la superintendencia en tres oportunidades. En diciembre de 2015 cuando señala la ilegalidad de la operación (dando el golpe letal a Agnic que sale semanas después), luego en febrero de 2016 y ante la reconsideración que le pide Macías en febrero de 2016 al ratificar sus dichos, y finalmente en la más clave resolución en julio de 2016 cuando –tras una resolución de Macías que se niega a revisar formalmente la operación- le señala directamente que inicie un proceso formal de invalidación, lo que provocó tal expectación que los medios lo entendían como el fin de la fusión.
Lo cierto es que Macías, a quien está dirigida la demanda por su actual cargo al frente de la superintendencia, resolvió en julio del año pasado iniciar dicho proceso de invalidación formal que consistía en llamar a todos los interesados –la empresa, parlamentarios- a entregar antecedentes y resolver en su mérito.
En diciembre pasado, la superintendencia confirmó lo previsible y aun reconociendo “las irregularidades detectadas por la Contraloría”, determinó que aun sin ellas los efectos de la operación habrían sido los mismos, que Principal actuó siguiendo las instrucciones de Agnic y que habiéndose concretado la operación debía protegerse la certeza jurídica que según dijo ha sido refrendada por la Contraloría a través del concepto de confianza legítima frente a actos del Estado.
En enero de ese año representantes del propio grupo Principal aparecían en entrevistas advirtiendo que vendrían demandas en sede internacional contra el Estado chileno si se retrotraía la fusión por montos estratosféricos, como los US$ 10.000 millones que calculó “a ojos de buen varón” el abogado del grupo, Hernán Bosselin, en una entrevista con El Mercurio el 18 de enero de 2016, cuando Macías ya estaba instalado en la superintendencia y esperaba que Contraloría retrocediera tras su primer dictamen de un mes antes.
La propia Contraloria es aludida por Chahin en el escrito pues advierte de la reunión privada que tuvieron el 28 de octubre de 2015 el ministro de Hacienda de entonces, Rodrigo Valdés y “altos ejecutivos de Metlife y Principal”, poco más de un después que Agnic aprobara la segunda polémica operación –fusión de Provida con PIC- para la cual la superintendenta había ordenado la misma fórmula que con Cuprum.
Esto, pese al duro intercambio de oficios que tuvo unos meses antes Agnic y la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, esta última quien le cuestionó vía oficios el procedimiento ejecutado con Cuprum y Argentum y le ordenaba que no aprobara nuevas operaciones, frente a lo cual Agnic defendió su autonomía administrativa.
Chahin recuerda el episodio en el escrito porque en Contraloría aun no resuelven la presentación que hizo el fundador de Felices y forrados, Gino Lorenzini –sobrino del diputado DC Pablo Lorenzini- en marzo pasado donde pide sancionar a Valdés por no haber informado de dicho encuentro en el registro de lobby. El hoy integrante de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica (PUC) se excusó en ese momento asegurando que la cita no fue en las oficinas de Teatinos 120 por lo que no estaba obligado a informar.
Lo cierto es el ex presidente de la comisión investigadora alude a la denuncia pues en tal instancia a comienzos de septiembre de 2015, Valdés defendió tajantemente las operaciones autorizadas por Agnic, y porque el 13 de agosto Chahin había pedido a Contraloría que revisara la legalidad de las fusiones, consulta que incendiaría, como se ha dicho, el clima político cuando en diciembre de 2015 la subrogante de Contraloría, Patricia Arriagada cuestiona las operaciones.
La presentación de Chahin advierte también que uno de los puntos clave de la ilegalidad que acusa de la fusión, está en que Argentum nunca existió sino sólo para fusionarse con Cuprum, lo que vulneraría la normativa.
Este punto sería clave pues el objeto de la creación de Argentum –fusionarse con Cuprum- sólo estaría descrito en algunos documentos intercambiados entre Principal y la superintendencia a los que no se habría tenido acceso hasta ahora.
El plan de inversión de Argentum, revelaría, según los denunciantes, que Principal presentó información correspondiente a Cuprum, lo que de hecho fue advertido por la Contraloría en sus dictámenes.
Hasta hoy la superintendencia disputa en tribunales la no publicación de dicho plan, pese a que desde hace meses la Corte Suprema ratificó lo decidido por el Consejo por la Transparencia, en el sentido de entregar el documento, proceso en el cual este medio también es parte.
“Lo que buscamos es dejar sin efecto estas fusiones y estamos dentro de los plazos para poder hacerlo”, explicó el diputado Chahín sobre la presentación de hoy.
