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En un 537% aumentaron los casos de este tipo durante los últimos 14 años y sólo en 2018 se ingresaron 123.972 denuncias. Desde el Ministerio Público explican que el alza se debe a varios factores, entre ellos, por las nuevas tecnologías que facilitan los trámites y por la especialización de fiscales y policías.
Pocas veces se ve un porcentaje tan alto. Los delitos económicos aumentaron 537% en Chile en los últimos 14 años.
De acuerdo a un informe estadístico de la Fiscalía, entre los más denunciados, los delitos económicos experimentaron una importante alza de denuncias, alcanzando un total 123.792 sólo en 2018.
Dentro de esta categoría, el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito presentó un total de denuncias de 63.171, lo que significa una variación al alza de 26,82%. El delito de Estafa también registró un incremento de 24,56%, alcanzado un total de 38.773 denuncias.
Según consigna Pulso, Mauricio Fernández, director de Delitos Económicos del Ministerio Público, son varios los factores que podrían explicar la explosiva alza.
“Un factor que influye es el creciente uso de tecnologías (transferencias por internet, pago a través de sistema Redcompra, etc.) para la realización de diversas transacciones, lo que hace más rápido y expedito este tipo de trámites, pero trae aparejado un mayor riesgo de amenazas”, explica.
Por otra parte, añade, “la especialización de fiscales y policías, más certeros a la hora de detectar e investigar este tipo de delitos, también influye, pues logran descubrir delitos que antes no eran detectados”.
Cabe mencionar que el alza se aceleró en los últimos cuatro años, ya que, desde fines de 2014, los delitos aumentaron casi un 95 por ciento. Según Fernández, esto podría estar relacionado con las estafas piramidales y los casos de clonación de tarjetas.
A pesar del alza en las denuncias por este tipo de delitos. De los 135.370 casos que fueron cerrados al 2018, solo un 3,2% terminó con una condena.
¿Por qué? Fernández explica que, por ejemplo, en este tipo de delitos se persigue la reparación del daño patrimonial del afectado y ello muchas veces se logra sin necesidad de la dictación de una sentencia condenatoria, sino a través de acuerdos reparatorios o suspenciones condicionales del procedimiento.
«A ello también contribuyen las penas aplicables a estos ilícitos, y que en muchas ocasiones los imputados no tienen antecedentes», agregó.
