Dudas de constitucionalidad y ausencia del Ejecutivo complican tramitación del registro de vándalos

El proyecto de ley que crea el Registro de Actos Vandálicos e Incivilidades continúa su primer trámite legislativo en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, espacio que retomará la discusión a partir de la próxima semana tras la polémica que gatilló la ausencia del Ejecutivo en dicha instancia. 

Pese a que tanto el ministro de Seguridad, Martín Arrau, como el biministro Claudio Alvarado están a cargo del proyecto, las autoridades no asistieron a las últimas dos sesiones. Lo mismo pasó con los subsecretarios de ambas carteras.

La no participación de los representantes del gobierno se da en medio de un incierto escenario legislativo, luego de que el Tribunal Constitucional rechazara la norma que restringía el acceso a la gratuidad en el marco del proyecto Escuelas Protegidas. Esta decisión podría establecer un precedente respecto a la privación de derechos sociales, ya que el denominado registro de vándalos contempla restricciones asociadas a beneficios estatales.  

“Me extraña que si efectivamente el gobierno tuviera tan buena voluntad de tramitar este proyecto de ley con suma urgencia o la urgencia que sea, no haya nadie del Ejecutivo aquí. No están ni los ministros, ni los subsecretarios”, criticó la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán.

En esa misma línea, el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, calificó como “inaudito” que de los tres ministerios que concurrieron al desarrollo del proyecto no asista ninguno. “Cómo vamos a legislar si no tenemos al autor del proyecto, no conocemos cuales son sus principios, no podemos establecer bases para poder modificar un mal proyecto”, dijo al comienzo de la última sesión. 

Parlamentarios ante precedente del TC

Algunos de los diputados que integran la Comisión de Seguridad observan con atención la postura del TC y los riesgos de inconstitucionalidad en el articulado del proyecto. Desde el oficialismo apuestan por una revisión rigurosa, mientras que desde la oposición han planteado una reformulación de fondo de la iniciativa. 

Así lo señala el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, quien advierte que “es perfectamente posible que el proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades se quede sin corazón, porque estaría construido sobre una lógica declarada como inconstitucional”. 

“El gobierno debe reformular completamente el proyecto. En la última sesión de la Comisión de Seguridad, quedaron en evidencia las enormes falencias técnicas que tiene el texto propuesto, y sobre ese particular incluso sería aconsejable que retiren y reingresen un proyecto de mejor factura técnica. Que parta por definir qué es un acto vandálico y qué es una incivilidad, algo básico, porque la postura del gobierno que trata de establecer que ‘la mano cambió’,  es simplemente un argumento riflero”, dijo al El Mostrador. 

Desde la vereda contraria, el diputado RN, Mauro González, insistió en la relevancia de avanzar en la iniciativa como herramienta clave para abordar los problemas de violencia en el espacio público. Sin embargo, indicó que desde el oficialismo tienen la responsabilidad de revisarlo con máxima rigurosidad y poner especial atención en que el diseño “respete principios fundamentales como la proporcionalidad, el debido proceso y la protección de datos personales”. 

“No podemos dejar flancos abiertos. Lo ocurrido recientemente en el Tribunal Constitucional con el proyecto de educación nos deja una lección importante. Más allá de que compartíamos plenamente el fin de esa iniciativa, el fallo del TC nos demuestra que debemos ser sumamente cuidadosos en la forma y buscar siempre los caminos jurídicos adecuados para llegar a los objetivos planteados. No queremos que con el registro de vándalos ocurra lo mismo. Por eso, el llamado hoy en la comisión es a legislar con responsabilidad y de cara a los expertos. El respaldo político al registro está, pero el éxito de la ley dependerá del cuidado técnico con el que lo tramitemos”, señaló. 

Para el diputado y miembro de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva (PS), otro de los problemas de la iniciativa, es que no se trata de “una necesidad de seguridad pública, sino que viene a generar eventualmente una segunda sanción o una pena adicional a las ya existentes”. Asimismo, agregó que “no cuenta con un objetivo específico y definido que permita delimitar el ámbito de sus competencias y los fines últimos perseguidos”.

Frente a esa complejidad, Leiva cuestionó la ausencia del ministro de Seguridad en las dos últimas sesiones, “estando debidamente invitado a presentar el proyecto”. En ese sentido, indicó que se estableció un cronograma de trabajo de al menos seis sesiones más para que distintos especialistas e instituciones puedan entregar su versión. 

“Es necesario recordar que el avance de este tipo de proyectos sin las debidas cautelas y resguardos ha determinado que el Tribunal Constitucional ejerza sus facultades preventivas y a petición de diputadas y diputados en otros proyectos de ley y en este caso claramente podrían conculcar varias de esas garantías”, enfatizó. 

Consultada por este tema, la diputada Tatiana Urrutia (FA) afirmó que las instituciones que han ido a exponer a la comisión “han mostrado que este proyecto tiene un buen titular, pero no sirve para enfrentar las incivilidades que sí preocupan en los barrios”. Asimismo, señaló que tras el fallo del TC, “el Gobierno debiera hacer una modificación de fondo”. 

“Aquí hay una confusión grave, porque mezclan delitos gravísimos, incivilidades y conductas ya reguladas, como si fueran lo mismo. Eso no es una política seria de seguridad, es legislar para la cuña y para seguir peleando con el 2019, casi siete años después” agregó.

Advertencias de inconstitucionalidad

Para el abogado constitucionalista, Tomás Jordán, si el fallo del TC marcó o no un precedente para evaluar la inconstitucionalidad en el articulado del registro de vándalos, va a depender de cómo el Tribunal justifica la inconstitucionalidad de Escuelas Protegidas.  

“Si declara inconstitucional el tema de la gratuidad, solo por vulnerar el derecho a la educación, solo sería un precedente acotado para aquellas sanciones del registro de vándalos que tengan que ver con la educación. En ese sentido, podría ser la misma gratuidad o acceso a becas, etc. Pero diferente es si junto con la educación, establece que hay una diferencia arbitraria en perjuicio de ciertas personas por su condición social. En este caso la gratuidad, porque las personas que postulan y acceden a ella son personas de una condición social más baja, que alguien de una condición socioeconómica alta”, explicó.  

Esto último, a su juicio, implicaría “un precedente más fuerte”. “Va a depender, al final del día, de si el Tribunal establece una inconstitucionalidad acotada o una inconstitucionalidad un poco más abierta,  que involucre también discriminación arbitraria, porque en ese sentido todo aquella sanción al registro de vándalos que pueda significar una discriminación por condiciones socioeconómicas podría correr la misma suerte que la gratuidad en el proyecto de Escuelas Protegidas”, dijo. 

Cabe recordar que esta semana la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, entregó luces sobre la decisión del organismo respecto a la inconstitucionalidad del proyecto Escuelas Protegidas y adelantó que los fundamentos definitivos se conocerán el próximo lunes cuando finalice la redacción del fallo. 

“¿Tiene sentido retirarle un derecho social a alguien que está en una situación que se ha calificado de una inconducta, y que la consecuencia sea una mayor barrera a la educación?”, se preguntó en conversación con el programa Cómo te lo explico. En esa línea, la presidenta del TC afirmó que “quitar derechos sociales tiene barreras constitucionales y que no pareciera razonable como respuesta ante estas graves inconductas”. 

Asimismo, Marzi advirtió que el reciente fallo “da un marco de aquellas líneas rojas que puede poner el Tribunal Constitucional a propósito de futuros proyectos”, por lo que los parlamentarios deberían tomar nota, ya que “si se hace el trabajo, cuando el propósito es que llegue a haber alguna legislación en la materia, deberían poner atención” a lo que ya fue declarado inconstitucional previamente.  

Pronunciamiento del Ministerio Público

Durante la última sesión de la Comisión de Seguridad, previo a la semana distrital, el director de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, Luis Fernando Saffie, expuso que el registro cuenta con materias destacables y otras más discutibles, particularmente advirtió respecto temas constitucionales que se relacionan con la privación de derechos sociales. 

“Se puede generar un debate en el Tribunal Constitucional, ya que se trata de derechos sociales que ya están adquiridos, y eventualmente los afectados podrían interponer recursos de protección alegando vulneración a su derecho de propiedad, por tener ya incorporado en su patrimonio tales derechos sociales. Es un debate que lógicamente el TC, si el proyecto de ley avanza, tendrá que revisar en la etapa correspondiente”, señaló. 

Adicionalmente, Saffie explicó que otras de las inquietudes es la eventual existencia de un “doble registro”. En ese sentido, comentó que la preocupación apunta a que “no vaya a coincidir un doble registro tanto en el certificado de filiación de antecedentes, con este nuevo registro que se crea,  para no inscribir como pena accesoria tanto en uno como en otro registro”. 

En la misma sesión, el representante de la Defensoría Penal Pública, Leonardo Moreno, también instaló advertencias relativas a definir con claridad la naturaleza de los derechos sociales. 

“La primera pregunta es ¿Qué naturaleza tienen estos derechos sociales?, lo que deriva en una segunda pregunta: ¿pueden esos derechos sociales ser utilizados como una herramienta punitiva cuando se limitan, cuando se restringen? Y en este sentido, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional  ya nos da una idea e invita a los miembros de esta comisión a hacerse cargo de este punto, porque eventualmente determina qué es lo que puede se hacer respecto a esos derechos”, dijo. 

Asimismo, agregó que desde la Defensoría visualizan afectaciones al principio de igualdad ante la ley, lo que también podría conducir a problemas de constitucionalidad.

“Por lo que existe hoy en el proyecto este registro afecta fundamentalmente a personas que están en el margen de la vulnerabilidad social. Y en ese sentido, estamos hablando de personas que, por regla general, dependen de manera importante de las ayudas del Estado. Y no estamos afectando de la misma manera a quienes no requieren de esas ayudas del Estado, aun cuando se vieran inscritos en este registro”, reparó.