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CFA desarma cifras del Gobierno: el FES sería gasto público y no un activo financiero
El FES, diseñado para reemplazar al CAE, busca mejorar el financiamiento de la educación superior, pero el Consejo Fiscal Autónomo advierte que no cumple con las condiciones para ser un activo financiero. En cambio, debe ser tratado como un gasto público, afectando las finanzas del Estado.
El proyecto de ley que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE) por el nuevo Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) ha avanzado en el Congreso, pero el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha emitido serias advertencias sobre su impacto fiscal. Uno de los puntos clave señalados por el CFA es que el FES no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero, como lo planteó el Gobierno, sino que debe ser tratado como un gasto público.
El proyecto de ley, que ha sido defendido por el Gobierno como una solución a la crisis de endeudamiento estudiantil, establece un sistema de financiamiento que, según las autoridades, protegería a las familias de deudas excesivas y ofrecería condiciones de pago más justas y accesibles. Sin embargo, el CFA alerta que el FES, en su forma actual, podría ser costoso para las finanzas públicas, especialmente a largo plazo.
El consejo subraya que, aunque las proyecciones del gobierno indican que el proyecto generará un ahorro fiscal en los primeros años, el informe del CFA señala que, en el año 10, el ahorro neto proyectado sería negativo. Este déficit se debe principalmente a que los desembolsos del FES superarían las contribuciones que se esperan recibir de los beneficiarios, lo que generaría un déficit fiscal en los primeros años de implementación del sistema.
La crítica más significativa del CFA radica en el tratamiento contable del FES. El gobierno había considerado que el FES podría generar activos financieros, pero el CFA señala que, debido a la falta de certeza sobre los montos que se recuperarán del sistema, el FES debe ser clasificado como un gasto público.
¿Qué implica esto? Que los desembolsos realizados para financiar el FES deberían ser contabilizados como un gasto y las contribuciones de los beneficiarios como un ingreso, ambos con efecto patrimonial en las finanzas del gobierno. Este tratamiento genera un déficit fiscal en el corto y mediano plazo, ya que el gobierno no podría prever con claridad los ingresos que se recibirán a futuro, lo que convertiría al FES en una carga fiscal incierta.
El CFA también destaca que uno de los mayores riesgos fiscales asociados al FES es la incertidumbre sobre las contribuciones de los beneficiarios, especialmente aquellos que se encuentran en los tramos de ingresos más altos. Para que el FES sea sostenible, es necesario que una proporción significativa de los graduados contribuya al sistema, pero si muchos de ellos no lo hacen, o si lo hacen con montos bajos, el sistema enfrentará serias dificultades para financiarse. Este escenario es particularmente problemático, ya que las proyecciones iniciales dependen de una alta tasa de contribución por parte de los beneficiarios, algo que el CFA considera incierto y riesgoso.
El Consejo Fiscal Autónomo también recomienda que las proyecciones sobre el impacto del FES se amplíen más allá de los diez años actualmente establecidos en el proyecto. Asegura que este plazo no es suficiente para evaluar de manera íntegra los efectos del sistema, especialmente considerando que muchos de los desembolsos ocurrirán en los primeros años, y los ingresos provenientes de las contribuciones de los beneficiarios podrían tardar más en materializarse. Para el CFA, es crucial que se amplíen las proyecciones a largo plazo para poder evaluar el verdadero impacto fiscal del FES.
El informe del CFA también hace hincapié en que las simulaciones adicionales sobre posibles desviaciones fiscales son necesarias para garantizar que el sistema sea sostenible. En ese sentido, el CFA sugiere que se realicen ejercicios adicionales para prever distintos escenarios de riesgos fiscales y fortalecer la capacidad de mitigación ante posibles desviaciones del resultado fiscal proyectado.
