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Agencia Uno
Guerra a dos bandas: Fiscalía pide arresto domiciliario total y el CDE solicita prisión preventiva
Durante la formalización del exfiscal Manuel Guerra por cohecho, prevaricación administrativa y violación de secreto en el caso Hermosilla, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario total, mientras el Consejo de Defensa del Estado solicitó prisión preventiva. [ACTUALIZADA]
A las 09:00 horas de este lunes comenzó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de formalización del exfiscal Manuel Guerra, investigado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en el marco del denominado caso Hermosilla.
En la instancia, el Ministerio Público solicitó como medidas cautelares el arresto domiciliario total del expersecutor, además de arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados o testigos de la causa.
En contraste, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y otros querellantes pidieron al tribunal que se decrete la prisión preventiva de Guerra.
La investigación es dirigida por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien indaga al exfiscal desde agosto de 2024 por sus intercambios de mensajes con el abogado Luis Hermosilla, figura central del caso Audio.
Según la indagatoria, las comunicaciones entre ambos incluyeron conversaciones sobre causas judiciales relevantes, entre ellas la investigación Dominga-Exalmar y el caso Penta.
Durante su exposición ante el tribunal, Carrera sostuvo que Guerra compartió con Hermosilla información sobre distintas investigaciones penales en curso.
Entre ellas mencionó antecedentes sobre el montaje de la operación Huracán, el caso de corrupción en Vitacura, las causas derivadas del estallido social, indagatorias contra los senadores Iván Moreira y Manuel José Ossandón, el exdirector de la PDI Héctor Espinosa y Santiago Valdés, exadministrador electoral de Sebastián Piñera.
El fiscal afirmó que el entonces fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente condujo esas investigaciones “alejándose” de criterios técnicos y jurídicos para asegurar su resultado.
En el caso Penta, Carrera sostuvo que Guerra “posibilitó la aplicación del procedimiento abreviado respecto de los imputados, con imposición de penas sustitutivas sustancialmente inferiores, afectando gravemente el interés público y la persecución penal”.
Según la Fiscalía, el expersecutor también habría anticipado a Hermosilla información estratégica sobre decisiones del Ministerio Público.
Respecto de las causas vinculadas al estallido social, Carrera afirmó que Guerra “anticipó a Hermosilla Osorio información relevante y estratégica respecto de las acciones y decisiones que adoptaría el Ministerio Público”, incluso aconsejándole sobre medidas que debía considerar Andrés Chadwick, quien era investigado en ese contexto.
El persecutor sostuvo que estas conductas no correspondieron a un hecho aislado, sino que habrían sido una práctica sostenida.
La investigación también apunta a que Guerra habría buscado beneficios personales a partir de su relación con Hermosilla.
De acuerdo con el relato del fiscal, el exfiscal habría solicitado de forma implícita ser designado en el Consejo de Defensa del Estado, además de pedir su incorporación al estudio jurídico que Hermosilla compartía con el exministro Chadwick.
También habría solicitado gestiones para la designación de Patricia Manríquez como notaria y apoyo para el exfiscal Tufit Bufadel frente a una denuncia en su contra.
Tras dejar el Ministerio Público, Guerra se incorporó a la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente (Amszo) y a la Municipalidad de Providencia.
La audiencia continúa con los argumentos de las partes y la resolución del tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas.
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