TDLC retoma caso pollos con pruebas testimoniales. Se espera fallo del TC
Tras varias semanas paralizado, el caso pollos fue retomado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Fue la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la que denunció, en diciembre de 2011, a las productoras y comercializadoras de pollo Agrosuper, Ariztía y Don Pollo de coludirse, junto a la Asociación de Productores Avícolas (APA), para limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, coordinado mediante el permanente intercambio de información sensible, estratégica y detallada del negocio entre las tres empresas productoras en el seno de la asociación gremial a que pertenecen.
Las empresas ha rechazado la acusación. Pero Ariztía fue más allá. Su gerente general acusa que el TDLC no está llevando a cabo “un justo y racional procedimiento”.
“Estamos avanzando en el caso. Estuvo suspendido hasta hace pocos días que se reanudó. Se está reanudando el proceso probatorio a partir de marzo de este año. Lo que sigue ahora es que se rindan las pruebas para después pasar a una etapa en la que se revisan”, explica el presidente del TDLC, Tomás Menchaca.
Y añade: “Este es un caso bastante complejo, con una cantidad de información enormemente grande”.
Sobre cuánto tiempo se demorará el tribunal en dictar resolución, Menchaca recuerda que aún está pendiente una resolución del Tribunal Constitucional.
El TC deberá definir si los ejecutivos de Ariztía citados ante el Tribunal de la Competencia tienen derecho a guardar silencio. Hoy se aplica el Código de Procedimiento Civil, que dice que quien compareciendo se niegue a declarar o dar respuestas evasivas, se le dará por confeso.
Frente a esto, el presidente del TDLC afirma: “La verdad es que creo que el proceso debiera demorar menos de un año si todo dependiera de nosotros, pero como hay procesos que están discutiéndose en otras sedes, no depende de nosotros”.
CITACIONES
El caso se reactivó el martes de esta semana, luego del recurso presentado al TC.
El tribunal había suspendido la causa, no obstante, la Fiscalía Nacional Económica solicitó que sólo se dejara pendiente la diligencia de absolución de confesiones que Ariztía consideraba que era inconstitucional.
El Tribunal Constitucional acogió la solicitud del FNE, con lo cual se permite retomar las pruebas testimoniales de las personas relacionadas con el caso.
De hecho, el próximo lunes llegaría ante la sede del Tribunal de la Competencia un testigo de la fiscalía.
Se estima que este proceso durará varios meses, por cuanto son más de 30 personas las que tendrían que rendir su testimonio ante el organismo presidido por Tomás Menchaca.
La FNE pide al TDLC aplicar una multa de 30.000 UTA (unos US$30 millones) a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, mientras que para la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG solicita se le imponga una sanción de 20.000 UTA (US$20 millones), además de ordenar su disolución. Todo suma US$110 millones.
La fiscalía justifica las sanciones en que “el beneficio obtenido por la conducta supera con creces el monto máximo posible de multas aplicables a colusiones, que este tipo conductas son particularmente graves, y que afecta a un producto que forma parte de la canasta básica de consumo de la mayor parte de los hogares, con efectos sociales relevantes”
