Salud en Chile: un Estado fallido

Los números son tan elocuentes como alarmantes: en 2024, más de 2,9 millones de personas están en listas de espera en el sistema público de salud chileno, de las cuales 1,8 millones corresponden a consultas de especialidad y más de 350.000 a intervenciones quirúrgicas. Entre ellas, al menos 15.000 personas diagnosticadas con cáncer esperan tratamiento, según datos del Ministerio de Salud y el Observatorio de Gasto Fiscal.

Mientras tanto, el gasto en salud como porcentaje del PIB ha aumentado desde 7,2% en 2013 a cerca del 10,1% en 2023, lo que posiciona a Chile por sobre el promedio latinoamericano, pero aún por debajo del promedio de países OCDE, que ronda el 12,9%. A pesar del mayor gasto, la percepción ciudadana respecto a la calidad del sistema ha empeorado: según la Encuesta CEP (2023), un 73% considera que la salud pública está “colapsada” o “en crisis”. ¿Cómo es posible que estemos peor, invirtiendo más?.

Los informes del Ministerio de Salud muestran una institucionalidad sobrepasada, incapaz de garantizar una atención oportuna y digna. El sistema está estancado en paradigmas obsoletos, sin capacidad de adaptación ni visión estratégica. Tenemos un enfermo en estado crítico, y los tratamientos aplicados hasta ahora no solo han sido ineficaces, sino que parten de diagnósticos errados.

Uno de los problemas de fondo es la confusión entre salud y medicina. Mientras la salud implica prevención, bienestar y acceso, la medicina solo entra cuando hay que curar. Sin embargo, el enfoque actual ha reducido una problemática multidisciplinaria a una mirada puramente médica, dejando fuera a actores clave como enfermeros, matronas, nutricionistas, ingenieros, arquitectos y economistas de la salud.

Seguimos operando con una visión sanitaria de los años 50, ignorando herramientas básicas de la gestión moderna, la tecnología y la economía. El resultado es un modelo que concentra el poder en el Estado, limitando la libertad de elección de los pacientes y desincentivando la competencia y la eficiencia.

Los gremios también han ejercido una influencia desmedida, obstaculizando reformas estructurales urgentes. El caso del Hospital del Salvador, prometido hace más de dos décadas y proyectado para 2026, es una muestra clara de esta parálisis. La modernización iniciada con el Plan AUGE fue interrumpida por razones ideológicas, y el país aún paga el costo de ese retroceso.

Frente a esto, urge una visión de Estado que se funde en consensos mínimos y acciones concretas. Algunas propuestas:

• El paciente al centro: Se requiere un sistema mixto, donde lo público y lo privado coexistan, y cada persona pueda elegir libremente su prestador. Países como Holanda y Alemania han logrado combinar seguros sociales con proveedores públicos y privados con buenos resultados.

• Ficha clínica universal y sistema electrónico de licencias médicas: Chile cuenta con algunos avances, como el sistema Rayén (implementado en APS en más de 260 comunas), pero no existe interoperabilidad con hospitales ni clínicas privadas. Una propuesta concreta sería expandir un estándar de interoperabilidad HL7 o FHIR a nivel nacional, mediante una alianza público-privada. Estimaciones del BID para iniciativas similares en América Latina sugieren costos de entre 4 a 7 USD por habitante, lo que en Chile implicaría una inversión inicial de entre 70 y 130 millones USD.
  
  La Clínica Alemana y Red Salud UC han implementado historias clínicas electrónicas interoperables dentro de sus redes internas. Estas experiencias podrían ser replicadas o escaladas con apoyo del Estado para lograr un sistema nacional compartido.

• Prevención como prioridad: Para enfrentar con éxito desafíos como la obesidad (que afecta a más del 74% de la población adulta), la salud mental (1 de cada 4 chilenos presenta síntomas de depresión según la ENS) o el consumo de drogas, se necesita un sistema basado en la educación sanitaria, la medicina familiar y el trabajo comunitario.

• Seguro catastrófico universal: Que proteja a las familias ante enfermedades de alto costo, y evite su quiebra financiera. Países como Corea del Sur y Japón han implementado esquemas de copago máximo familiar, lo que da certidumbre financiera a los hogares.

• Nuevo estatuto para los trabajadores de la salud: Que combine estabilidad laboral con incentivos a la innovación, la productividad y la mejora continua. Modelos como el NHS inglés, que premia mejoras en eficiencia y calidad con incentivos no monetarios, podrían servir como referencia.

Chile envejece, y con ello sus desafíos sanitarios se multiplican. No podemos seguir postergando las soluciones. Como decía Barros Luco con su conocida ironía: “Cuando el problema es muy grande, mejor no hacer nada y nombrar una comisión”. Hoy no podemos darnos ese lujo.

Somos un país con capacidad de progreso. Permitir que nuestro sistema de salud siga colapsando es, simplemente, inaceptable.