El pinochetismo frenteamplista y el sindicalismo

La Real Academia Española, en su Diccionario de Americanismos, define al “pinochetismo” como “posición ideológica afín al gobierno de Augusto Pinochet”. De este modo, quien actúa como el dictador podría ser considerado como su seguidor. Irónicamente, el actual gobierno ha arrastrado en estos días una parte del sindicalismo, transformándose todos ellos en unos pinochetistas más.

Una de las cuestionadas leyes de amarre fue el estatuto administrativo de Pinochet, la Ley N° 18.834, denominada Estatuto Administrativo, promulgada el 29 de enero de 1989. Ahí se estableció que los funcionarios de planta no podían ser separados del servicio salvo por causales específicas, como calificación deficiente, reestructuración de servicios o sanciones disciplinarias graves, lo que garantizaba su permanencia en el cargo.

En el régimen administrativo previo al plebiscito en el que Pinochet fue derrotado, la inamovilidad de los funcionarios públicos estaba asociada a ciertos períodos electorales y a normas específicas para funcionarios de carrera, pero no era generalizada ni garantizada para todos los empleados públicos.

Hoy, utilizando la excusa del protocolo de acuerdo del reajuste del sector público, el gobierno en concomitancia con una parte del sindicalismo –la ANEF se restó– pretende generar su propia ley de amarre, para dejar casi inamovibles a miles de funcionarios públicos por dos vías distintas, saltándose la necesaria discusión legislativa sobre el tema y el debate de fondo de la modernización del Estado.

El primer amarre es un mecanismo que rigidiza la no renovación de funcionarios “a contrata”, una especie de “confianza legítima con esteroides”, que reduce a dos años los cinco de permanencia en dicha calidad para poder gozar de cierta estabilidad, dejando de lado la norma legal que establece que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año. O sea, volviéndolos una especie de “planta encubierta”, contrariando el criterio de la Contraloría y del Poder Judicial.

Justo, claro está, cuando asume un nuevo gobierno.

El segundo propone ampliar el teletrabajo en la función pública con el objeto de proteger a quienes hoy están contratados y no ocupan espacios físicos en ministerios. Pareciera ser una cosa plausible, pero en el fondo es una manera de justificar a funcionarios sin funciones, para mantenerlos en sus cargos. Una mala práctica por donde se le mire.

A cambio, estos malos sindicalistas estuvieron dispuestos a ceder en que el reajuste solo sea de un 3,4%; o sea, un reajuste real de 0% considerando la inflación, a cambio de la protección de la estabilidad a los funcionarios. En la práctica, como la ANEF lo ha denunciado, el gobierno y dichos sindicalistas están usando al “Estado como botín del gobierno de turno”, igual que Pinochet en 1989.

Tal como Franco en España, de quien tanto aprendió Pinochet, estos sindicalistas y los ministros del gobierno de Boric parecen querer dejar todo “amarrado y bien amarrado” para el próximo gobierno. Vergüenza les daría a Recabarren y a políticos como Aylwin, Lagos y otros que tanto lucharon contra los amarres de la dictadura.