Ley Uber y crisis de licencias: Las prioridades de Louis de Grange en Transportes

El futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, designado por el presidente electo José Antonio Kast, anunció que entre sus prioridades inmediatas al asumir el cargo el próximo 11 de marzo destacarán la actualización del reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como Ley Uber, y la resolución de la crisis en la renovación de licencias de conducir.

De Grange sostuvo una reunión de casi dos horas con el actual titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, en el marco del proceso de traspaso de mando entre la administración saliente del presidente Gabriel Boric y el equipo entrante. El encuentro, según el propio próximo ministro, sirvió para revisar los proyectos estratégicos en curso y los principales desafíos pendientes.

Tras la cita, el futuro secretario de Estado enfatizó la necesidad de revisar y actualizar el reglamento que hace operativa la Ley Uber, “en función de las necesidades de las personas y priorizando la seguridad tanto de conductores como de pasajeros”. De Grange recordó que ya ha sostenido conversaciones con la Asociación de Municipalidades de Chile para abordar la baja capacidad de atención en los municipios, que ha generado demoras y dificultades en la renovación de licencias profesionales.

El ministro Muñoz, en tanto, valoró el diálogo constructivo y destacó que se entregaron detalles clave sobre iniciativas en marcha. “Quedamos muy contentos de poder mostrar la gran cantidad de proyectos en los que estamos trabajando y esperamos que este sea un traspaso fluido, para que tengan una muy buena instalación a partir del 11 de marzo”, señaló.

Preocupación de sindicatos de conductores

En paralelo, el presidente del Sindicato de Conductores de Aplicaciones, Fabián Constanzo, se manifestó preocupado por los retrasos en la implementación de la normativa. Según explicó en declaraciones a Radio Cooperativa, aunque el reglamento podría entrar en vigencia en las próximas semanas, la plataforma digital obligatoria para el registro de conductores aún no está desarrollada: su licitación recién se realizó y el software demoraría al menos seis meses en estar operativo.

Esta situación, advirtió Constanzo, podría dejar a miles de trabajadores sin posibilidad de cumplir la ley, exponiéndolos a multas de hasta tres millones de pesos y sanciones para las plataformas. “Nos van a obligar a no poder trabajar y eso es un desastre económico para las familias”, afirmó, criticando la falta de diálogo con el Ministerio actual y solicitando mecanismos transitorios que permitan seguir operando mientras se resuelve el tema técnico. De no avanzar en esa línea, el dirigente adelantó que evalúan acciones legales para proteger el derecho al trabajo de los afectados.