El acuerdo, gestado entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, contempla múltiples ejes orientados a “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente”. Entre ellos, se incluyen compromisos para la reducción de aranceles en sectores estratégicos, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y la promoción de un comercio bilateral.
En materia de acceso a mercados, Argentina otorgará condiciones preferenciales para exportaciones estadounidenses de productos como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y diversos bienes agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Ambos países también acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para la carne de vacuno.
El acuerdo incluye compromisos específicos en propiedad intelectual, con el refuerzo de la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital, y la armonización del marco normativo argentino con estándares internacionales.
En materia agrícola, el acuerdo contempla la apertura del mercado argentino al ganado bovino vivo de Estados Unidos, además del compromiso de permitir el ingreso de aves de corral en un plazo de un año. También se simplificarán los procesos de registro para carne de res, productos cárnicos, porcinos y lácteos estadounidenses.
El convenio también incorpora compromisos laborales y ambientales. Argentina adoptará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y reforzará la legislación laboral, además de combatir la tala ilegal, fomentar el uso eficiente de recursos y aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca.
Mientras que en materia de seguridad económica, ambos países acordaron coordinarse para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros Estados, armonizar enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión arancelaria, y abordar distorsiones derivadas de subsidios industriales o empresas estatales.