Con el deficiente proyecto despachado al Senado, el Gobierno y los diputados una vez más demuestran su complicidad con la industria salmonera y su falta de visión a largo plazo. Queda claro que los diputados perdieron la oportunidad de ejercer su rol de garantes del bien común y legislar para…
Por Flavia Liberona*
Esta semana se comienza a discutir y votar en el Senado las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, que introducirá cambios orientados a revitalizar la alicaída industria salmonera, afectada por una grave crisis sanitaria desde hace más de dos años. Si bien existe consenso en que resulta urgente modificar las prácticas del sector, las propuestas acordadas por el gobierno y los diputados dejan de lado demasiados aspectos fundamentales, especialmente en materia ambiental y sanitaria.
De hecho, es necesario preguntarse cómo es posible que la Cámara -tanto la Comisión de Pesca y Acuicultura como la Sala- despachara un proyecto tan deficiente, lo que hace pensar que poco o nada se ha aprendido de las malas experiencias de los últimos años, o que detrás de esta aprobación existieron acuerdos que nada tienen que ver con la materia que se discutía. La reforma aprobada no aborda los temas de fondo y permite a la industria continuar desarrollando prácticas nocivas, muchas de las cuales son las mismas que causaron la crisis por la que ahora atraviesa.
Como parámetros mínimos, una propuesta legislativa que hiciera un real aporte y permitiera reordenar a la industria salmonera, con miras a evitar futuros problemas sanitarios y ecológicos, debe contemplar una serie de requisitos.
Se debe realizar un levantamiento de línea de base ambiental en las áreas de manejo sanitario (AMS) o barrios, así como elaborar planes de manejo asociados a las características físicas particulares de cada zona de cultivo. Además, se debe iniciar un proceso de recalificación de las Áreas Apropiadas para la Acuicultura (AAA) y de las concesiones para que éstas sean coherentes con el sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y las AMS.
Junto con ello es necesario eliminar o reubicar las concesiones que estén fuera de las AAA, y definir claramente mecanismos de caducidad de las autorizaciones y concesiones en ríos y lagos. Además, debiera imponerse una erradicación de las concesiones de bancos naturales y Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), junto con sacar todas las balsas jaulas del borde costero de los parques y reservas nacionales.
Es necesario también trabajar en la zonificación del borde costero para evitar conflictos de intereses entre distintas actividades, a través de una disposición que establezca un plazo y un proceso a seguir para zonificar la costa de las regiones de Los Lagos y Magallanes. Es necesario detener completamente la entrega de nuevas concesiones, mientras no se logre armonizar la Zonificación de Borde Costero (ZBC), las AAA y la información ambiental disponible.
En el aspecto económico, se debe establecer una nueva base mínima de cobro de las concesiones por volumen concesionado, y establecer el cobro de rentas económicas y la aplicación de impuestos ambientales a la producción.
Además se debiera dejar consignado explícitamente que las aguas son bienes nacionales de uso público, y que es rol del Estado cautelar su uso y, por lo tanto, se deben establecer mecanismos para que el Estado pueda reasignar concesiones y evaluar su utilización.
Las concesiones de porción de agua y fondo debieran tener una duración definida, tentativamente de cuatro ciclos de vida/cultivo completos, en el entendido de que la siembra será de ejemplares coetáneos, bajo un sistema «all in-all out» y con límites máximos de cosecha establecidos.
Otro aspecto relevante sería avanzar en la elaboración de un sistema de cultivo en tierra para pisciculturas desde las ovas hasta el alevín, así como regular y fiscalizar adecuadamente el uso de antibióticos y otros productos químicos en la industria, ámbito en el que se registran prácticas altamente nocivas tanto para los ecosistemas como para la salud de los peces. Deben, asimismo, establecerse modificaciones que vinculen de forma efectiva y eficiente la normativa ambiental y sectorial.
También es necesario normar y fiscalizar el frecuente escape de salmones desde las balsas jaulas, así como revisar la normativa sobre desechos, tanto orgánicos como no orgánicos, líquidos y sólidos de esta actividad. Resulta sorprendente constatar que nada de esto se haya considerado en el proyecto de ley ni en los reglamentos ya aprobados.
Con el deficiente proyecto despachado al Senado, el Gobierno y los diputados una vez más demuestran su complicidad con la industria salmonera y su falta de visión a largo plazo. Queda claro que los diputados perdieron la oportunidad de ejercer su rol de garantes del bien común y legislar para todos los chilenos; quedaría esperar que la Cámara Alta recoja algunas de estas propuestas, en lugar de validar las deficientes prácticas ambientales y sanitarias de la industria salmonera.
*Flavia Liberona es Directora Ejecutiva, Fundación Terram.
