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Oposición busca AC contra Steinert y republicanos denuncian “revancha” por Grau
Un juicio político enfrenta limitaciones para la oposición en la Cámara, ya que cuenta con un total de 65 votos, cifra inferior a los 78 sufragios necesarios. Benjamin Moreno, de jefe de la bancada republicana, planteó que los diputados de oposición incurren en una “contradicción” y “revanchismo”.
La bancada del Partido Republicano calificó de “simplemente revanchismo” la intención opositora de estudiar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y se reabre la escalada de hostilidades entre derecha e izquierda que mantiene al Congreso sumergido en una medición de fuerzas entre la derecha y la izquierda.
La confrontación surge tras un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que estableció que la exautoridad se extralimitó en sus funciones al solicitar información de carácter reservado a la Policía de Investigaciones (PDI). Esta resolución del organismo fiscalizador funciona como el elemento central de una disputa en la Cámara de Diputados.
Los diputados republicanos, Benjamín Moreno y Juan Irarrázaval, describieron la iniciativa de los sectores de oposición como un intento por compensar el juicio político que se realizó anteriormente contra el exministro Nicolás Grau.
Pese a que el avance de un juicio político enfrenta limitaciones para la oposición en la composición de la Cámara, ya que cuenta con un total de 65 votos, cifra inferior a los 78 sufragios, Benjamin Moreno, en su calidad de jefe de la bancada republicana, planteó que los legisladores de oposición incurren en una contradicción al exigir sanciones por un oficio administrativo que, según su visión, no vulneró leyes y reglamentos de forma comprobada.
“La Contraloría fue bien clara, señaló que respecto a un oficio que pedía información no correspondía que lo hiciera la exministra y que en todo lo demás estaba en forma. ¿Pero de ahí a desprender que acá hay un requisito o hay suficiente información para una Acusación Constitucional?”, cuestionó el legislador republicano.
Por su parte, el diputado Juan Irarrázaval estableció un contraste entre la falta de Steinert y los resultados de la gestión de la administración pasada. Según el parlamentario, la oposición busca un equilibrio de forma injusta al situar en un lado un error de procedimiento y en el otro cuatro años de gestión estatal, cuya reparación requerirá tiempo para el país.
El dictamen de la Contraloría generó la apertura de un flanco para la administración del presidente José Antonio Kast. El jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, describió la resolución como “concluyente y categórica” en declaraciones a Radio Universidad de Chile.
Leiva sostuvo que la salida de Steinert de sus funciones en el gabinete no elimina la naturaleza de los actos realizados y presiona para que las fuerzas de centroizquierda coordinen una postura común para la presentación de un libelo acusatorio.
En la misma línea, el diputado Luis Cuello, del Partido Comunista (PC), definió los hechos como sucesos de “máxima gravedad” que cumplen con los requisitos para una destitución mediante el mecanismo de acusación política.
El diputado Jorge Brito solicitó que se impida el retorno de Steinert a funciones dentro del Ministerio Público y pidió la apertura de procesos de sanción adicionales contra la exautoridad.
A pesar de los planteamientos de los sectores de oposición, el avance de la acusación constitucional enfrenta limitaciones en la composición de la Cámara de Diputados. La oposición registra un total de 65 votos, cifra inferior a los 78 sufragios que se requieren para la aprobación de la medida y su posterior envío al Senado. Esta realidad en la aritmética parlamentaria otorga un carácter simbólico a la disputa entre los bloques.
Ante este escenario, el diputado Jaime Araya, del Partido por la Democracia (PPD), manifestó la necesidad de actuar con un “sentido de Estado”. Araya anunció la realización de una reunión para articular una respuesta que evite la búsqueda de beneficios políticos inmediatos. El objetivo planteado por el legislador es lograr un cierre a las prácticas que atribuye a la administración de Kast y distanciarse de las estrategias de acción del Partido Republicano.
La medición de fuerzas actual indica que el Parlamento se encuentra en una lógica de represalias recíprocas entre los sectores políticos. El dictamen sobre la solicitud de información a la PDI se transformó en el insumo para una disputa de facultades que mantiene la atención de la Cámara de Diputados.
