Pese a que somos reconocidos como el país más seguro en Latinoamérica y los que poseemos una de las tasas penitenciarias más altas a nivel mundial, al mismo tiempo somos la sociedad más preocupada por la delincuencia.
Por Gloria Requena*
Es importante recordar que fue en la década del 90 -inicio de la transición- cuando por primera vez se abordó la seguridad como política de Estado al servicio de los ciudadanos. Se rompe así con la concepción de Seguridad vinculada eminentemente al orden público, para transitar hacia una concepción basada en la coproducción de seguridad y en el equilibrio entre las medidas de control y prevención del delito.
Se produce entonces un cambio de paradigma para la gestión de seguridad ciudadana. Se pasa de una lógica únicamente centrada en el control y la sanción, a la incorporación de variables sociales complejas, la participación ciudadana y la prevención como mecanismos eficaces y vinculantes. La nueva orientación articula la libertad y la seguridad como derechos.
En este marco, se mejora la gestión de las policías, se les dota crecientemente de más recursos y se fortalecen la inversión estatal en seguridad y las competencias para su abordaje comunitario. Surgen así, entre otras iniciativas, los Consejos Comunales de Seguridad, donde la comunidad discute sobre sus problemáticas, evalúa las condiciones de seguridad y explora con la autoridad las vías de solución para concretarlas en un plan.
Asimismo, surgen proyectos para la prevención de la violencia escolar e intrafamiliar, el desarrollo de mediadores comunitarios, la recuperación de espacios públicos, el desarrollo de una política integral de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos con Centros distribuidos a lo largo de todo el país. Esto, sólo por nombrar algunas de las iniciativas que en estos 19 años hemos implementado.
Es efectivo que son múltiples los desafíos pendientes, pero el trabajo desarrollado da cuenta de su seriedad y compromiso, cuando es medido en base a instrumentos objetivos como la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que da cuenta que 120 mil hogares dejaron de ser objeto de delitos y 600 mil ilícitos dejaron de cometerse.
Lo anterior no es fruto de una casualidad ni tampoco el reflejo de una política ineficiente. Es el producto de un conjunto de voluntades y actores concertados, desde lo público hasta lo privado, en torno a una política y una estrategia definida en torno a metas claras.
Si miramos a Chile en el concierto internacional, vemos que es el país más seguro de América Latina según el Índice de Paz Global.
En EE.UU. hay 6 homicidios cada 100 mil habitantes, es decir, tiene un índice de violencia 6 veces mayor al europeo, pese a que allí se han aplicado las políticas públicas más agresivas. En efecto, no es posible establecer una única forma de abordar el problema o prometer la panacea de sociedades sin conflictividad, aunque un periodo electoral pueda tentar a algunos a plantear este facilismo.
Lo anterior es especialmente delicado si consideramos que pese a que somos reconocidos como el país más seguro en Latinoamérica y los que poseemos una de las tasas penitenciarias más altas a nivel mundial, al mismo tiempo somos la sociedad más preocupada por la delincuencia.
Estamos concientes que frente a un hecho violento, nuestra primera respuesta es la cárcel. Al respecto, un empresario señalaba a la prensa hace algunas semanas que deseaba que existiera «no sólo una oportunidad para enmendar el rumbo, sino dos, tres y más si es necesario…» Este hombre, que recluta a personas con antecedentes penales, ha logrado vencer el miedo y los prejuicios en torno a que quienes delinquen no pueden cambiar. En estos días se ha señalado que falta más reinserción y más rehabilitación. Estamos contestes, hemos avanzado en la materia, pero debemos hacerlo aún más. Sin embargo, es bueno recordar que esto no es sólo una política de Estado, es una política social que requiere que tanto la comunidad como la institucionalidad se vinculen. Sólo se avanza en seguridad cuando logramos vencer el miedo y nos dejamos de asumir como un otro ajeno a la coproducción de seguridad.
*Gloria Requena es Jefa de la División de Seguridad Pública, Ministerio del Interior.
