Un verdadero acuerdo político pasa por crear la autoridad metropolitana a cargo del sistema de transporte de Santiago, diferenciada del Ministerio de Transporte, el cual debe cumplir su rol normativo, regulador y garante de políticas públicas a todo Chile.
Por Esteban Valenzuela*
El acuerdo entre la Alianza y Cortázar para destrabar el financiamiento del Transantiago es de una precariedad estructural, más allá de la buena voluntad de algunos senadores por generar un espacio de cooperación y terminar con la guerrilla política en este asunto. Pero no nos engañemos; se apuestan a supuestos de financiamiento que son hipotéticos, se profundiza el pacto populista en el gigantesco subsidio a los santiaguinos sin distinguir clases sociales, no hay rediseño institucional y a las regiones se les trata de «empatar» en un juego de números y palabras.
Un verdadero acuerdo político pasa por crear la autoridad metropolitana a cargo del sistema de transporte de Santiago, diferenciada del Ministerio de Transporte, el cual debe cumplir su rol normativo, regulador y garante de políticas públicas a todo Chile. No inventemos la pólvora, salvo que sigamos con la ceguera estructural de que son tan originales que podemos seguir con el Estado Central a cargo de todo.
Los países desarrollados diferencian niveles de gobiernos, y como bien se propone en el Programa de Marco Enríquez-Ominami, hay que crear de manera simple y pragmática la Autoridad Metropolitana -como en todas las ciudades del mundo con buena calidad de vida- que se juega la vida en el transporte público, la evacuación de aguas lluvias, medio ambiente, vías y parques intercomunales. Debe ser presidida por el Intendente (esperamos electo), con su consejo de alcaldes y con un gerente seleccionado por la Alta Dirección.
Tras el establecimiento de esa autoridad debe venir la sensatez básica del financiamiento a largo plazo. El modelo que se plantea de financiamiento para el próximo quinquenio no resuelve las falacias: se prometen subsidios millonarios permanentes sin tocar el tema tributario, el cual en la experiencia comparada (de Taipei a Berlín, de Bogotá a Barcelona), se basan en una combinación de aportes centrales con una ampliación de la base tributaria de la macro ciudad, que se asocia a sobretasas del impuesto predial (contribuciones de bienes raíces). No asumir esto es engañarse y ser injustos. Engaño porque se ha gastado parte de lo ahorrado en la bonanza del precio del cobre, que difícilmente volverá a cuatro dólares la libra como el año 2007. Además, hay recursos comprometidos para sostener el alza de las pensiones y la red de protección social. Por tanto, la reforma tributaria en la macrociudad – que se hace cargo de las externalidades negativas de su gigantismo-, es el camino para dar sustentabilidad, terminar con el insólito congelamiento permanente de tarifa y hacer equidad, ya que hoy es el peor de los mundos: el gobierno le subsidia de la misma forma la tarifa a un obrero de la construcción de Cerro Navia y una estudiante de universidad privada de Las Condes. Los impuestos metropolitanos son la manera de redistribuir recursos al interior de la macrociudad y acortar las brechas no sólo en transporte, también en una más vigorosa política ambiental, de espacios públicos y evacuación de aguas, aspectos en que el clasismo es evidente en Santiago.
Con Regiones se mantiene la precariedad. Van tres años en que no se implementó ningún subsidio -el Gobierno pudo haber enviado leyes separadas-, no hay compensación y vagamente se dice que habrá recursos de infraestructura similar. Anuncios vanos ante la realidad: las ciudades de regiones -con la excepción parcial de Concepción y el gran Valparaíso- no cuentan con un plan de inversiones significativos para mejorar la calidad de su transporte, de vías exclusivas ni sistemas controlados en red para semáforos. Más vale dar autonomía regional y traspasar recursos para que hagan sus planes de transporte y ambientales con recursos tan abundantes como en Santiago, permitiendo a sus consejos regionales participar en las maneras de focalizar adecuadamente los subsidios. Veremos si para el presupuesto 2010, Cortázar y su Ministerio presentan los proyectos concretos para regiones y sus ciudades, o quizás, un nuevo tramo de la Carretera Austral será parte de la mal llamada «compensación» a los habitantes de las ciudades de Chile.
*Esteban Valenzuela es diputado independiente y miembro del comando de Marco Enríquez-Ominami.
