De manera previa a la aprobación del proyecto de consolidación, se debe acelerar la tramitación de una nueva normativa de emisión de tarjetas de crédito, la cual debe fijar claramente las obligaciones de los emisores y sus responsabilidades en la entrega de ellas. Se debe crear además una entidad reguladora y fiscalizadora del retail y de las emisiones de tarjetas de crédito no bancarias.
El proyecto de ley sobre consolidación de la información comercial de los chilenos abrió un enorme debate entre los bancos y las grandes cadenas de retail y entidades no bancarias de crédito o servicios, como cooperativas y mutuales. El escándalo de la multitienda La Polar agrió la disputa.
El interés principal de los bancos es acceder a las bases de datos de clientes del retail, de las cajas de compensación, las cooperativas y entidades de créditos automotrices, entre otras. Ello les permitiría conocer el nivel de endeudamiento, el comportamiento de pago, los ingresos reales de sus clientes, y muchos otros datos que les servirían a los bancos para afinar sus políticas frente a las personas. Hasta ahora, este es uno de los secretos mejor guardados por el retail y afines, pues permitiría saber dónde están los buenos y malos pagadores.
El retail señala que tal información ha sido construida en base a datos propios y a través de muchos años de trabajo, por lo que constituye un importante intangible de la empresa, que de conocerse permitiría a los bancos seleccionar a los mejores clientes como blancos de agresivas campaña de venta y, por qué no, sobre endeudarlos copando su capacidad de crédito.
[cita]De manera previa a la aprobación del proyecto de consolidación, se debe acelerar la tramitación de una nueva normativa de emisión de tarjetas de crédito, la cual debe fijar claramente las obligaciones de los emisores y sus responsabilidades en la entrega de ellas. Se debe crear además una entidad reguladora y fiscalizadora del retail y de las emisiones de tarjetas de crédito no bancarias.[/cita]
Adicionalmente, señalan los bancos tendrán una ganancia a costo cero al aprovechar los esfuerzos de otros que, además, estarían vulnerando la confianza de sus clientes al entregar sus bases de datos.
Por su parte, la banca argumenta que por razones de transparencia y salud del mercado tal consolidación es necesaria. Tenerla podría significar menores tasas de interés al haber menos riesgo para la entidad crediticia, así como disminución en la morosidad y menos sobreendeudamiento.
Los consumidores aparecemos como el jamón del sandwich en esta disputa, pese a ser, en estricto rigor, los verdaderos propietarios de la información. Sostener que la consolidación puede ser un medio para controlar el sobreendeudamiento se ve desmentido por la realidad. La crisis sub-prime, originada en EE.UU. por el sobreendeudamiento de los consumidores hipotecarios, se debió a agresivas políticas de los entes crediticios, las que jugando al límite con la natural expectativa de casa propia de los consumidores, evaluaron mal los riesgos, pese a que ese país tiene consolidación de deudas.
En Chile sabemos de manera aproximada cuál es el nivel real de endeudamiento de los ciudadanos. Este dato, que hoy aún es disperso, con la consolidación se transformaría en información cualitativa, con efectos en cualquier dirección. Podría incluso tener efectos contractivos para el comercio, o parte de él, si de tal información se deriva una pérdida de accesibilidad al crédito para miles de familias por aumento de su riesgo de insolvencia.
Más allá de la validez de los argumentos y la eventual aprobación del proyecto, es necesario ayudar a la conducta responsable de los consumidores mejorando también otra legislación que tiene directa vinculación con la materia comentada.
Ello es importante en la ley de protección de datos personales, en la que debe dejarse claramente establecido que los datos de deuda, sea consolidada o no, y negativa o positiva, son propiedad del consumidor, y que no podrán ser transferidos ni comercializados como información. Establecer, asimismo que sólo se utilizaran para el fin que el consumidor autorice expresamente; y que cualquier utilización no autorizada será objeto de multas y sanciones, lo más altas posibles para inhibir cualquier intento de tráfico de datos como el que hoy existe.
De manera previa a la aprobación del proyecto de consolidación, se debe acelerar la tramitación de una nueva normativa de emisión de tarjetas de crédito, la cual debe fijar claramente las obligaciones de los emisores y sus responsabilidades en la entrega de ellas. Se debe crear además una entidad reguladora y fiscalizadora del retail y de las emisiones de tarjetas de crédito no bancarias. Finalmente, es necesario también legislar sobre una ley de insolvencia o quiebra personal.
Si la decisión es legislar en esta materia, deben estar todas las fuentes de endeudamiento incorporadas en la ley, debidamente controladas y reguladas en su funcionamiento.
Son estas medidas complementarias al proyecto de ley del gobierno, absolutamente necesarias, las que pueden hacer del mercado del crédito una relación más equilibrada entre consumidores y proveedores de servicios financieros, y de la consolidación de la información comercial un instrumento económico sano y de igualdad, y no sólo una nueva forma de discriminación para ciudadanos y consumidores.
