Opinión
¿Los mapuches son chilenos o una nación invadida? Son chilenos, pues en el propio tratado de Tapihue, en su artículo 1º, ambos contendientes concuerdan que “Convencidos ambos jefes (Francisco Mariluan, Gobernador de 14 Reducciones y el Coronel Pedro Barnachea) de las grandes ventajas de hacernos una sola familia, (…) y hacer cesar del todo los males que han afligido a la República en catorce años de consecutiva guerra, ha venido don Francisco Mariluan como autorizado por todos los Caciques en unirse en opinión y derechos a la gran familia chilena”.
Está en nuestra naturaleza, como impulso de supervivencia, y en muchas culturas y religiones, la simpatía por los más débiles y desafortunados, aunque hay algunas en las que se cultiva o cultivó el desprecio por aquellos. Las dolorosas muertes y heridos, los ataques a la propiedad y la acción policial ante los desórdenes surgidos del conflicto mapuche–chileno en zonas de la Araucanía, han despertado ambos sedimentos. Así, hay quienes, desde la simpatía por el mal tratado, acentúan los derechos; y otros, desde la defensa de los afectados por la violencia, apuntan a los deberes que, como a todos en democracia, nos impone la ley.
Despejar la gran cantidad de creencias éticas y sociales, prejuicios, ideas y palabras vacías que convergen en la percepción de estos hechos, implica desmadejar el problema, buscando, como se recomendaba en Delfos, hacer la pregunta correcta, para tener una respuesta pertinente. En efecto, si seguimos enfrascados en las consecuencias del fenómeno, estaremos en una aporía (como ha ocurrido y ocurre con otros litigios similares en el mundo), puesto que son resultados de procesos de larga data.
En el origen, como gusta verlo a quienes simpatizan con la causa mapuche, pareciera estar el uti possidetis, derecho según el cual los beligerantes de un conflicto conservan provisionalmente el territorio poseído al final de un conflicto, hasta que un tratado disponga otra cosa. Sobre tal derecho están sustanciadas las fronteras nacionales actuales en todo el mundo, aunque también, varios de los conflictos armados.
De acuerdo a la versión nacionalista mapuche, desde el río Bío Bío al sur (ultra Bío-Bío), la presencia chilena tiene 132 años, tras el conflicto iniciado con el arribo de las tropas de Cornelio Saavedra a los territorios libres y autónomos del Wallmapu, en 1881, en la llamada “Pacificación de la Araucanía”. No habría que olvidar, empero, que dicha guerra fue detonada bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, luego del incidente iniciado por el francés Orélie Antoine de Tounens, autoproclamado Rey de La Araucanía y de La Patagonia, quien declaró esos territorios bajo protección de Francia, con apoyo de algunos lonkos locales. Así y todo, documentos de la fase fundacional de nuestra República, incluidas cartas de O’Higgins, definen esas áreas geográficas como soberanas de la nación mapuche; y en 1825, en el parlamento de Tapihue, fueron consagradas como tales amplias extensiones de aquellas. En efecto, en Tapihue se reconocieron límites jurisdiccionales y competencia de las respectivas autoridades nacionales, por lo que, como argumentación para una supuesta despoblación chilena de esos territorios, los mapuches en litigio apuntan a su artículo 18, que dice textualmente: “Los gobernadores ó Caciques desde la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos”.
[cita]Que en los hechos, agentes del Estado chileno no han honrado siempre los acuerdos entre mapuches y chilenos, que los mapuche no han tenido real protección del Estado y que ha habido discriminación? Sí, pero son corrupciones que también sufren personas de otras etnias y naciones que han elegido a Chile como su hogar y que deben ser abordadas por una Justicia integradora, en un Chile multicultural, libertario, plural y democrático. ¿Que hay que modernizar la política de desarrollo, participación y discriminación positiva a que se obliga el Estado chileno de acuerdo a tratados y normas internacionales para proteger la cultura mapuche, parte de nuestro propio patrimonio genético y cultural? También. Sin embargo, las soluciones solo pueden surgir del diálogo y mutuas concesiones, como, por lo demás, lo han venido intentando sucesivos gobiernos. [/cita]
Aún más, recuerdan que aunque la conquista hispana iniciada en 1541 “terminó por aniquilar, vía opresión y mestizaje, la cultura de las poblaciones originales al norte del río Bío-Bío”, los pueblos mapuche entre ese río y el Toltén “expulsaron a los hispano-criollos en la rebelión iniciada en 1598, obligando a la Corona española a establecer una política de Parlamentos y tratados, la que fue refrendada en Quilín, entre 1641 y 1647, y luego en Negrete, en 1726”, encuentros en los que, como se sabe, el Estado colonial español reconoció el estatus independiente al pueblo-nación mapuche y definió el río Bío-Bío, como la línea “que ninguno podía cruzar sin el permiso del otro”. Es decir, serían tratados internacionales, los que habrían sido, además, revalidados por instancias chilenas e internacionales recientes, pues Gobiernos como el de Ricardo Lagos, en 2004, dijeron —en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato— que “los Parlamentos deben ser analizados como evidencia jurídica (…) y aunque no tengan valor probatorio en los tribunales, debieran ser tomados en cuenta como antecedentes de la mayor importancia frente a situaciones de controversia contemporánea”.
Y si bien, en 1866, el Estado terminó por abolir los acuerdos territoriales coloniales anteriores a la República, suscritos por la Corona española, traspasando mediante ese acto tierras mapuche antiguas al Fisco, la interpretación en diferendo es que el Estado chileno nunca declaró fiscales las tierras alegadas al sur del Bío Bío y, más aún, reconoció, en continuidad con Tapihue, los derechos de propiedad mapuche sobre sus posesiones, anteriores a la acción del Estado. Estas reclamaciones por posesiones no reconocidas —tierras antiguas— han sido incluidas en recientes Conclusiones y Recomendaciones del Comité de DD.HH. de ONU.
Entonces, ¿los mapuches son chilenos o una nación invadida? Son chilenos, pues en el propio tratado de Tapihue, en su artículo 1º, ambos contendientes concuerdan que “Convencidos ambos jefes (Francisco Mariluan, Gobernador de 14 Reducciones y el Coronel Pedro Barnachea) de las grandes ventajas de hacernos una sola familia, (…) y hacer cesar del todo los males que han afligido a la República en catorce años de consecutiva guerra, ha venido don Francisco Mariluan como autorizado por todos los Caciques en unirse en opinión y derechos a la gran familia chilena” y reconocen en sus art. Nº 2 y 3 que “El Estado (chileno) se compone desde el despoblado de Atacama hasta los últimos límites de la provincia de Chiloé” y que “Todos los que existen entre ambas líneas serán tratados como a ciudadanos chilenos con goce de todas las prerrogativas, gracias y privilegios que les corresponden”.
¿Reconoce el Estado chileno cierta autonomía, libertades culturales y jurisdiccionales al pueblo-nación mapuche en los territorios del Tratado, distintas a las de otros chilenos? También, pues el juramento acata un cierto dominio territorial en las reservaciones propiedad de las comunidades de la época, al exigir pasaporte a los chilenos (y mapuches) que traspasen las fronteras acordadas, señalando que “la línea divisoria no se pasará para esta, ni para aquella parte, sin el respectivo pasavante de quien mande el punto por donde se pase, y el que lo haga sin este requisito será castigado como infractor de la ley”. Pero también el pueblo mapuche, reconociendo su reciente chilenidad, promete que “Si hubiese una declaración de guerra contra los derechos del país se unirán todas las fuerzas para repeler a los agresores”, “sujetos a las mismas obligaciones de los chilenos y leyes que dicte el Soberano Congreso Constituyente”.
A mayor abundamiento, se aclara que “No obstante que la línea divisoria es el Biobío, el Gobierno mantendrá en orden y fortificadas las plazas existentes, o arruinadas (por la guerra) al otro lado de este río”, como también protegerá “a sus pobladores en los terrenos adyacentes del modo que antes lo estaban”. Los firmantes, atendiendo a las características organizacionales horizontales y nómades de varios clanes mapuche, cuyos lonkos no reconocieran jerarquía nacional alguna, se obligan también a colaborar con el Gobierno chileno en caso que si “verificada la unión, algún Cacique de Bultramapu la quebrantare, los restantes tratarán de reducirlo a ella, dando cuenta primero al Gobierno para que por su mediación se consiga”, y si no resulta “se unirá una fuerza armada del Estado a los conservadores de la paz (mapuche) para hacer entrar por ella a los disidentes, y pertinaces”.
Como contrapartida, se ofrece educación gratuita a los mapuche que libremente quieran educarse en escuelas del Estado chileno; a devolverse mutuamente prisioneros de guerra y se asegura el tránsito pacífico de comerciantes que se internen en sus territorios, el de los correos que van hacia Osorno, Valdivia y Chiloé, así como el de las tropas chilenas “para guarnecer la plaza de Valdivia”, todas locaciones reconocidas como chilenas en el Tratado.
Aunque no pareciera relevante, hay que decir que el acuerdo de Tapihue indica como pasos (“boquetes”) habilitados para los miembros de la etnia “a este y el otro lado de la Cordillera, a los de Llayma, Longuinay, Cuenco, Villucura, y Antuco”; e inhabilita, “todos los que (hay) desde el último (que) hubiesen hasta el río Maule”, y quedan “sujetos a la misma pena los que roben a este lado u otro de la Cordillera”. La cita refleja la versión territorial del Estado chileno de la época (1825), cuando extendía su soberanía hasta la Patagonia al otro lado de Los Andes y a los colindes con el Estado de Buenos Aires. De allí que el convenio también establezca ayuda mutua chileno-mapuche para “marchar contra los rebeldes de Pincheira, y sus aliados de ultra Cordillera”.
Lonkos mapuches han convocado en el Cerro Ñielol a una cumbre con autoridades chilenas para buscar solución al reciente escalamiento de este disenso histórico, aunque según el artículo 29º del Tratado de Tapihue quedó “al arbitrio del Supremo Gobierno designar los tiempos en que a estos nuevos hermanos se haga un Parlamento general”. Se trata, empero, de una oportunidad para sentar nuevas bases de cooperación intercultural, sustentadas en al menos tres preceptos en los que, según los acuerdos aludidos, habría convergencia si se ha de respetar el derecho acordado por ambos pueblos: a) que la nación mapuche es, hace casi dos siglos, parte del Estado chileno; b) que la nación mapuche aceptó ayudar a guardar el orden y paz en sus ámbitos de influencia; y c) que el Estado chileno aceptó otorgar cierta autonomía territorial y cultural en las reservaciones bajo dominio mapuche, que permitan a esa nación honrar con dignidad y reconocimiento de todos, las tradiciones y cultura de sus antepasados.
Es cierto. Desde Tapihue y en especial, a contar de 1891 —con un Chile y un Wallmapu con nuevas fronteras— ha habido cambios en la relación. Desde luego, ni chilenos ni mapuches necesitamos ya pasaportes para transitar por la frontera de 1825-1890, aunque sí, los dos pueblos, para desplazarnos entre “un lado y otro de la Cordillera”, extensísimo Wallmapu que, al parecer, no reivindican los insurgentes, reconociendo tácita y respetuosamente la existencia de esas nuevas fronteras, sus propiedades y territorios. Asimismo, la mantención del orden legal se ha dejado en manos un cuerpo policial armado profesional único del Estado chileno en todo el territorio; y las leyes que nos rigen son aplicables a todos quienes habitamos en el territorio nacional, cualquiera sea nuestra ascendencia o mestizaje.
En sentido jurídico no hay, pues, de parte del actual gobierno, ni de los anteriores, ninguna discriminación odiosa que pueda impetrarse como justificación moral para el quiebre de las normas de convivencia pacífica o el uso de medios no democráticos para la resolución de conflictos. ¿Que en los hechos, agentes del Estado chileno no han honrado siempre los acuerdos entre mapuche y chilenos, que los mapuche no han tenido real protección del Estado y que ha habido discriminación? Sí, pero son corrupciones que también sufren personas de otras etnias y naciones que han elegido a Chile como su hogar y que deben ser abordadas por una Justicia integradora, en un Chile multicultural, libertario, plural y democrático. ¿Que hay que modernizar la política de desarrollo, participación y discriminación positiva a que se obliga el Estado chileno de acuerdo a tratados y normas internacionales para proteger la cultura mapuche, parte de nuestro propio patrimonio genético y cultural? También. Sin embargo, las soluciones solo pueden surgir del diálogo y mutuas concesiones, como, por lo demás, lo han venido intentando sucesivos gobiernos.
Es de esperar que los lonkos que actualmente representarían a la parte de la nación mapuche que siente lesionados sus intereses, expongan claramente sus posiciones de largo plazo y el Estado chileno reafirme sus compromisos históricos, así como su respeto a la legislación internacional pertinente sobre pueblos originarios, de manera de resolver este atasco provocado por una minoría audaz, violenta y de obscura procedencia, para así, como concluye el Tratado de Tapihue, “Sellada y ratificada la unión (…) y enarbolándose el pabellón de la Nación con salva de diez tiros de cañón, son de cornetas, y cajas, se proceda a la ceremonia usada entre los naturales en señal de paz, rompiendo por parte del Supremo Gobierno una espada, y por cada Butralmapu una lanza, en cuya conclusión se hará una salva de artillería de igual número, con grito general de ¡Viva la Unión!”.
