Opinión
Las afirmaciones de Melissa Sepúlveda parecen rebasar fronteras educativas. Para la dirigenta, no bastaría la gratuidad de la educación superior a la que se apresta el Gobierno y no sólo por la exigencia pendiente de calidad, que es la clave. La universidad debe, además, transformarse en un medio de igualación social, ya no como resultado de una profesión que mejore la situación económica y cultural de quienes acceden a ella, sino como una entidad socio-igualitaria que obre ella misma eliminando la ingrata segregación de clases. ¡Tamaña tarea!
La presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, señala en su reciente columna publicada en El Mostrador, titulada “Cambios en educación: la prioridad está en lo público”, que el movimiento estudiantil defiende el “pluralismo” y que “lo que realmente nos interesa es conseguir una educación pública, gratuita y de calidad, como derecho social y por fuera de las lógicas neoliberales”. Aunque de partida su “pluralidad” no contiene a las ideas “neoliberales”, veamos algunas de sus propuestas “sobre la mesa”.
En primer lugar, dice que “pensar la educación como derecho social no sólo implica democratizar las posibilidades de entrar a la universidad, sino también comprender que los resultados del proceso educativo deben ser útiles y necesarios para la gran mayoría del país”. Siendo la educación un derecho social, su ejercicio implica, por necesidad, el deber social de otorgarlo (asegurarlo), lo que nos lleva al tema de quién lo financia.
Sepúlveda nos responde que debe ser esa entidad soberana, inmaterial y supuestamente neutra que llamamos Estado. Es decir, aquel grupo de personas que asume su administración y que, merced a su poder delegado, impone al resto de la sociedad obligaciones (tributos) para ejercer su mandato.
Si bien, dado el noble objetivo educacional, se puede estar de acuerdo con el enunciado –aunque, como veremos, hay soluciones peores que la enfermedad–, más difícil resulta entender su afirmación de “que los resultados del proceso educativo deben ser útiles y necesarios para la gran mayoría del país”. Amén de las dificultades para definir “lo útil y necesario” para cada uno –si creemos en la libertad de elegir–, al explicar el punto señala que “esto quiere decir que la prioridad en la investigación y generación de conocimiento deben ser acordes a las necesidades que hoy vive nuestro pueblo”. ¿Significa esto que no deberíamos priorizar recursos escasos para la escasa investigación científica teórica que se realiza en Chile –y cuyos resultados eventualmente se ven en décadas–, dado que dichas ciencias no son “acordes” con las necesidades “que hoy vive nuestro pueblo”?
[cita]¿No es más adecuado, entonces, para una democracia libertaria, que sean las personas, movilizadas como sociedad civil en su más amplia y real pluralidad, las que creen, establezcan, orienten y desarrollen universidades públicas, de la gente, según los diversos intereses y visiones del mundo que coexisten en Chile? Comparto con Sepúlveda que el Estado debe proporcionar a “sus” Universidades más herramientas normativas y financieras para “competir” de igual a igual en el “mercado de la educación”, si es que, como todo indica, se respetará y mantendrá la estructura mixta, libre y diversa del sistema educacional terciario y, para mayor justicia redistributiva, el Estado pagará directamente el servicio a sus oferentes. Lo que, sin embargo, parece desmedido, es pretender “asaltar el cielo” desde la justa lucha por una educación de calidad, exigiendo que, además de gratuidad y universalidad –objetivos sociales que por sí solos implicarán décadas de esfuerzo y recursos–, las universidades, IP y CFT terminen reemplazando a los partidos políticos en su lucha por las diversas utopías ideológicas circulantes que, en rigor, son aquellos los llamados a defender. [/cita]
Luego agrega “que las y los profesionales que egresen, tanto de las universidades como de los centros de formación técnica e institutos profesionales, lo hagan formados bajo una fórmula integral”. ¿Una fórmula integral? ¿Un único currículo definido por burócratas iluminados desde los escritorios del Ministerio del Pensamiento? Nada menos “plural” que aquello.
Más adelante reitera que “el que las universidades no lucren debe ser un requisito de su existencia”. No obstante que la legislación vigente prohíbe el lucro en las universidades, quisiera nuevamente entender aquí por “lucro” una renta desproporcionada y no la legítima ganancia a que aspira el trabajo, el que, para su reproducción, requiere generar siempre algo más de la energía que gasta en producir un bien, so pena de hundirse en el atasco (plusvalía). Si no es así, Sepúlveda nos estaría proponiendo un modelo educacional estancado, incapaz de abordar siquiera el natural crecimiento vegetativo del estudiantado, que ella misma alerta cuando llama a “aumentar no sólo sus presupuestos y excelencia, sino que también su capacidad de albergar nuevos alumnos” en las universidades estatales.
Por eso Sepúlveda nos insta a que “la sociedad se preocupe de la sociedad. Es decir, se haga cargo de sostener un sistema público de educación”, para lo cual “la gratuidad es indispensable, entendida como la eliminación de los aranceles y de todo tipo de pago directo a la educación superior pública por parte de los estudiantes y sus familias, siendo financiada a través de impuestos a los grandes capitales”. Es decir, la dirigenta se hace cargo de que no existe la educación “gratuita” y que ésta debe pagarla alguien, finalmente, la sociedad, aunque, en especial, los ricos. Pero si la sociedad debe preocuparse de la sociedad y los estudiantes, que son parte de ella, rechazan retribuir su educación gratuita con aportes ex post que posibiliten que las próximas generaciones sigan estudiando “gratis”, ¿cómo lograr esa misma justicia redistributiva exigida por Sepúlveda entre el derecho a la educación universitaria y el de millones de trabajadores que no lo ejercerán nunca, porque no llegaron a la educación terciaria, pero que, sin embargo, ayudan a hacerlo efectivo mediante sus impuestos? Se esperaría que, al menos, estudiando más, esforzándose por la excelencia, evitando extender sus carreras y, finalmente, transformándose en profesionales que no lucren, sino que aspiren sólo a la legítima ganancia.
Pero, no obstante toda la argumentación anterior apuntada hacia la gratuidad, Sepúlveda sorpresivamente nos advierte que “introducir gratuidad al sistema tal como está, sólo hará que se financien los estudios de las y los más ricos”, aunque los ricos sean los que más aporten, según su propia postura. De allí que añada que “lo que buscamos no se agota en la educación gratuita. Es necesario reformar radicalmente el acceso a la educación superior, para que deje de operar como un filtro de clases sociales”.
Sus afirmaciones parecen aquí rebasar fronteras educativas. Para la dirigenta, no bastaría la gratuidad de la educación superior a la que se apresta el Gobierno y no sólo por la exigencia pendiente de calidad, que es la clave. La universidad debe, además, transformarse en un medio de igualación social, ya no como resultado de una profesión que mejore la situación económica y cultural de quienes acceden a ella, sino como una entidad socio-igualitaria que obre ella misma eliminando la ingrata segregación de clases. ¡Tamaña tarea!
Como es obvio, una propuesta como esta importaría implícita una voluntad y enorme poder para impulsar tales cambios. Y para Sepúlveda ese poder no es otro que el del Estado. De allí que derive en que “la gratuidad debe desarrollarse priorizando las universidades estatales, sobre todo las regionales” (…) porque “es el espacio estatal el que ofrece la posibilidad para que un proyecto realmente público se desarrolle”. Es decir, iniciativas públicas no estatales como la U. de Concepción no están en su visión.
Para Sepúlveda lo “público” muta, así, en sinónimo de lo “estatal”, porque “a diferencia de las universidades privadas que representan proyectos particulares, las universidades del Estado dan garantía de una potencial (¡¡) orientación social” (…), aunque “en la medida que (o solo sí) sus proyectos apunten a satisfacer las necesidades e intereses del conjunto de la sociedad y que ésta pueda incidir en el proyecto institucional de la universidad”. Amén de que la abstracción “sociedad en su conjunto” nunca ha incidido en ningún proyecto institucional, no escapa a su inteligencia que si el Estado cayera en manos de grupos distintos a aquel “cuyos proyectos apunten a satisfacer las necesidades e intereses del conjunto de la sociedad”, su buen propósito se haría humo, haciendo además más fácil la labor de cualquier totalitarismo, al tener en una sola mano las conciencias de millones de estudiantes del sistema educativo estatal.
¿No es más adecuado, entonces, para una democracia libertaria, que sean las personas, movilizadas como sociedad civil en su más amplia y real pluralidad, las que creen, establezcan, orienten y desarrollen universidades públicas, de la gente, según los diversos intereses y visiones del mundo que coexisten en Chile? Comparto con Sepúlveda que el Estado debe proporcionar a “sus” Universidades más herramientas normativas y financieras para “competir” de igual a igual en el “mercado de la educación”, si es que, como todo indica, se respetará y mantendrá la estructura mixta, libre y diversa del sistema educacional terciario y, para mayor justicia redistributiva, el Estado pagará directamente el servicio a sus oferentes. Lo que, sin embargo, parece desmedido, es pretender “asaltar el cielo” desde la justa lucha por una educación de calidad, exigiendo que, además de gratuidad y universalidad –objetivos sociales que por sí solos implicarán décadas de esfuerzo y recursos–, las universidades, IP y CFT terminen reemplazando a los partidos políticos en su lucha por las diversas utopías ideológicas circulantes que, en rigor, son aquellos los llamados a defender.
